Rodrigo Goldberg e incidentes en el fútbol: “los núcleos duros de la barra son los narcos”

Las amenazas de hinchas de Universidad de Chile para suspender la fecha —tras el castigo aplicado a toda una galería por el lanzamiento de proyectiles en el cierre del torneo 2025— terminaron materializándose. En el reciente partido ante Audax Italiano se quemaron asientos y se produjeron enfrentamientos con Carabineros, reactivando un debate que atraviesa al fútbol chileno desde hace décadas: el creciente poder de las barras bravas y la incapacidad del Estado y los clubes para contenerlo.

El fenómeno de las barras bravas en Chile no es nuevo. Surgió a mediados de la década de los ’80, influenciado por las “torcidas” brasileñas, las barras argentinas y los hooligans ingleses. Las primeras organizaciones estructuradas fueron la Garra Blanca y Los de Abajo, que modificaron la forma de vivir el fútbol en los estadios, incorporando cánticos permanentes, control territorial y hechos de violencia dentro y fuera de los recintos deportivos.

Para Harold Mayne-Nicholls, expresidente de la ANFP, el punto de inflexión es claro. “En el año 84-85, cuando se forma la barra juvenil de Colo Colo, ahí empieza a crecer esto”, sostiene. A su juicio, uno de los errores estructurales del fútbol chileno fue no enfrentar el fenómeno a tiempo. “No se los detuvo a tiempo y en algunos casos hubo una clara relación directiva con los barristas. Están comprobadas algunas de esas relaciones en muchos clubes”, afirma, descartando la idea de convivencia, pero reconociendo que sí existió una relación que no fue evitada.

Desde la perspectiva de la seguridad, el diagnóstico es aún más crítico. Pedro Valdivia, experto en seguridad y excoronel de Carabineros, sostiene que históricamente el problema nunca fue asumido como una amenaza real. Recuerda que las primeras gestiones para crear la Ley de Violencia en los Estadios se iniciaron tras un hecho puntual ocurrido antes del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, pero advierte que la norma nació debilitada. “Desde su inicio fue insuficiente, de hecho, durante los primeros años nunca tuvo un imputado por infracción a esa ley”, señala, agregando que cuando una ley no cumple su objetivo “genera una conducta de impunidad”.

Valdivia apunta directamente a los clubes. Asegura que esa sensación de impunidad fue “notablemente avalada por los clubes deportivos, especialmente los más grandes”, que confundieron el entusiasmo de sus hinchadas con “financiamientos irregulares que todo el mundo sabía respecto al uso de estas barras”. A eso suma el incumplimiento sistemático de medidas clave, como el empadronamiento y la implementación tecnológica en los estadios. “Los clubes no cumplieron el empadronamiento y, sin una base de datos ni la posibilidad de confrontar imágenes, cuando se comete un delito no hay cómo identificar a los responsables”, explica.

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Para el coronel en retiro, el rol del Estado también tiene límites claros. “El Estado llega hasta la puerta de entrada del estadio. Hasta ahí está la seguridad pública”, afirma, insistiendo en que el fútbol profesional es una actividad privada con fines de lucro y que, como tal, debe contar con seguridad privada robusta, algo que —según él— nunca se aplicó completamente. En ese sentido, cuestiona medidas habituales como la reducción de aforos o el cambio de horarios. “No tiene ningún sentido. Si limito de 5.000 a 2.500 personas, es probable que los 2.500 sean los que causan desmanes”, advierte.

Desde dentro del fútbol, Rodrigo Goldberg, exjugador y exdirector deportivo ejecutivo de Universidad de Chile, describe una relación marcada por el temor. Explica que en los clubes grandes existe una estructura formal para relacionarse con los hinchas, pero reconoce que las barras “tienen cierto poder” y que el escenario cambió radicalmente con los años. “Las barras no evolucionaron, involucionaron”, afirma, recordando que en los años ’90 convivían estudiantes, profesionales y trabajadores, mientras que hoy “los núcleos duros de la barra son los narcos”.

Goldberg es categórico al señalar que el interés principal ya no es el club. “Hoy lo más importante es demostrar poder”, dice, describiendo disputas territoriales, tráfico de droga y amenazas constantes. Relata que durante su paso dirigencial por la “U” fue amenazado él y su familia, y sostiene que la relación con la barra “no es de conveniencia, es una relación de miedo”. Incluso, reconoce que hubo jugadores con vínculos con la barra y que algunos sabían información antes que el resto.

A su juicio, uno de los errores persistentes es tratar el problema como algo exclusivo del fútbol. “El delincuente que va al estadio es el mismo que después está en un portonazo o en un asalto. Esa es su profesión”, señala, criticando que el Estado pretenda aislar el fenómeno.

En la misma línea, recuerda una declaración del presidente de Universidad Católica, Juan Tagle, cuando afirmó que los clubes no tienen herramientas suficientes para enfrentar la situación. “Es verdad. El fútbol puede invertir en biometría y tecnología, pero si el Estado sigue pensando que este es un problema del fútbol, estamos hasta las remasas”, advierte.

Mayne-Nicholls coincide en que las respuestas institucionales han sido erráticas. Nunca estuvo de acuerdo —dice— con sacar a Carabineros de los estadios ni con el plan Estadio Seguro, que califica como “ineficaz desde el comienzo”. Sobre por qué este fenómeno no se replica en los partidos de la selección, explica que ahí no existen barras organizadas ni permisos para elementos de animación, además de un mayor control y preparación en los operativos.

Como medidas concretas, el ex timonel de la ANFP apunta a modernizar los accesos con controles biométricos, prohibiciones inmediatas de ingreso para quienes cometan faltas y una identificación real de los barristas. Sin embargo, tanto él como Valdivia y Goldberg coinciden en un punto central: mientras no exista una acción coordinada, firme y sostenida entre el Estado y los clubes, el poder de las barras seguirá creciendo fuera y dentro de los estadios.