Corte Suprema confirma condena: Cristina Fernández condenada y proscrita para cargos públicos

La Corte Suprema de Argentina rechazó el recurso presentado por la expresidenta Cristina Fernández (2007-2015) y dejó en firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos público, dictada contra ella en 2022 por irregularidades en la concesión de obras viales.

Tras esta decisión, adoptada por unanimidad por los tres jueces del Supremo, Fernández podría ser detenida en las próximas horas o días para cumplir la condena, que la expresidenta ha calificado como un caso de ‘lawfare’, es decir, persecución judicial y política.

“Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida (…) sin que se haya demostrado en modo alguno que la decisión apelada no constituya una derivación razonada del derecho vigente de conformidad con las circunstancias particulares comprobadas en la causa, ni que durante el proceso se haya vulnerado alguna garantía constitucional”, dice el fallo de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Y añade: “El debido proceso ha sido salvaguardado y la recurrente ha obtenido una sentencia fundada en ley”.

La decisión ratificó así la condena en segunda instancia por irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz (sur).

El fallo de la Corte debe ser remitido al Tribunal Oral Federal 2 para que su titular, el juez Jorge Gorini, ejecute la sentencia dictada en 2022, lo que significa que sería detenida en las próximas horas o días.

La defensa de Fernández puede solicitar a ese juez que conceda a la exmandataria el beneficio de la prisión domiciliaria por ser mayor de 70 años, tras haber cumplido 72 en febrero pasado.

El fallo del Supremo llegó ocho días después de que la expresidenta anunciara su candidatura como legisladora en los elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, previstas para septiembre.

Al haber alcanzado una decisión antes de la fecha de presentación oficial de las candidaturas para dichos comicios el próximo 19 de julio, la exmandataria queda ahora imposibilitada de competir en esa elección y cualquier otra.

La causa por la que fue condenada, conocida como ‘Vialidad’, investigó irregularidades en la adjudicación de 51 obras viales en la provincia de Santa Cruz a compañías del empresario Lázaro Báez durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).

La expresidenta fue condenada en 2022 por administración fraudulenta, aunque no fue detenida debido a los fueros que entonces tenía como vicepresidenta del país y a la instancia pendiente de revisión por parte de la Cámara de Casación Penal.

En noviembre de 2024 la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Fernández, quien recurrió al Supremo.

En declaraciones este lunes en la sede de su partido, en vísperas de la decisión de los jueces, la exmandataria definió a la Corte Suprema como “guardia pretoriana del poder económico” y sostuvo que hay personajes políticos que, habiendo obrado contra los intereses del país, caminan “libres” por las calles, por lo que, para ella, “estar presa es un certificado de dignidad”.

Fallo de la Corte Suprema by apcardenas01

En paralelo, sindicatos y organizaciones sociales iniciaron cortes en distintos accesos a la ciudad de Buenos Aires, ante el inminente fallo de la Corte Suprema. Integrantes del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) producen un corte total de tránsito en la autopista Panamericana, uno de los principales accesos a la ciudad de Buenos Aires.

En otro acceso a la ciudad, al oeste, sindicalistas y organizaciones sociales interrumpen el tránsito, mientras marchan a pie hacia la sede del Partido Justicialista (PJ).

Más cortes se producen en la Ruta Nacional 1, conocida como autopista Buenos Aires-La Plata, con el tránsito restringido de ambos sentidos, y en la autopista Ricchieri, que conecta el aeropuerto internacional de Ezeiza con la ciudad.

Varios sindicatos advirtieron este lunes que adoptarán medidas de fuerza en caso de que se confirmara la condena.

Además de SMATA, La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación del Personal Legislativo (APL) y la Asociación Bancaria anunciaron que iniciarán movilizaciones inmediatas en caso de confirmarse la condena.

Por su parte, la Confederación General del Trabajo (CGT) emitió un comunicado titulado “La democracia está en peligro”, en el que rechaza de forma categórica la posibilidad de que Fernández sea encarcelada.

“La persecución a los candidatos confirma que la proscripción electoral es una condición necesaria para imponer un modelo económico y social de desigualdad, fragmentación y empobrecimiento de las mayorías”, expresó la CGT en un comunicado publicado a través de su perfil de la red social X.