La decisión se produce en medio de un escenario de creciente tensión entre Tokio y Pekín, especialmente por la situación en Taiwán. Las relaciones bilaterales se han deteriorado en los últimos meses tras las declaraciones de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, sobre una eventual intervención en caso de conflicto en el estrecho de Taiwán.

A esto se suman sanciones anunciadas por China contra figuras políticas japonesas, como el congresista del Partido Liberal Democrático (PLD), Keiji Furuya, por sus repetidas visitas a Taiwán y su vínculos con el presidente de la isla, William Lai. Desde el gobierno nipón exigieron la revocación inmediata de las medidas y presentaron una protesta diplomática.

El despliegue de misiles y el intercambio de sanciones reflejan un aumento de la presión geopolítica en el Indo-Pacífico, en un contexto donde Japón busca redefinir su rol en materia de seguridad y por la disposición creciente de Beijing a emplear su Ley contra las Sanciones Extranjeras  como instrumento de presión.