Del “déjenlos trabajar” al control territorial: el quiebre que revela el caso Meiggs

Durante años, la frase “déjenlos trabajar” fue la coartada moral perfecta para no intervenir el espacio público. La usaron autoridades, académicos, políticos y ciudadanos bien intencionados. Encerraba una verdad incómoda: miles de personas sobreviven en la informalidad. Pero el cuchillo que esta semana atravesó el costado de un funcionario municipal frente a Barrio Meiggs destruyó esa consigna en un solo gesto. Nadie que sale a trabajar necesita un arma blanca para defender su puesto. Cuando aparece el cuchillo, ya no estamos frente a precariedad: estamos frente a control territorial.

La agresión no ocurrió en medio de un operativo policial masivo, sino en una fiscalización rutinaria. Y eso es precisamente lo más inquietante: la violencia ya no es reactiva ni excepcional; se ha vuelto parte del paisaje. El espacio público dejó de ser un lugar regulado para convertirse en un frente de fricción permanente entre el Estado y estructuras informales que operan con lógicas propias de poder.

Por años se insistió en mirar el comercio irregular como una expresión más de la pobreza urbana: algo incómodo, desordenado, pero esencialmente inofensivo. Los hechos de estos meses muestran que esa lectura quedó obsoleta.

Hoy los toldos no solo se instalan y desinstalan: se arriendan, se protegen con barricadas, se defienden con violencia, se reorganizan tras cada operativo. El apuñalamiento del inspector municipal marca un punto de no retorno. Cuando un actor informal agrede con un arma a quien representa la legalidad, ya no hablamos de subsistencia, sino de poder. Y el poder siempre disputa territorio.

Las cifras de percepción importan, pero aquí estamos ante algo más grave: la inseguridad como arquitectura permanente del espacio. No es miedo psicológico; es un sistema de amenazas que condiciona quién entra, quién vende y quién fiscaliza.

En Chile, la violencia urbana solía concentrarse en los márgenes. Hoy aparece en el corazón económico de la ciudad. Eso nos acerca a dinámicas que la OCDE ha estudiado en Atenas, Nápoles o Marsella: mercados informales que mutan en plataformas de financiamiento criminal, capturando progresivamente el entorno.

El dato es brutal: hoy un funcionario municipal necesita protección policial para ejercer una función administrativa básica. Eso no es un problema de orden público. Es un problema de soberanía urbana.

El relato de la informalidad como simple respuesta a la falta de oportunidades ya no alcanza. Cuando aparecen armas, cobros por metro cuadrado y toldos arrendados como concesiones clandestinas, el fenómeno deja de ser socialmente neutro. Esto no significa que todos los comerciantes informales sean delincuentes. Significa que el crimen se instala donde el Estado se ausenta, usando como escudo narrativo la necesidad económica.

La ciudad no se gobierna con consignas. Se gobierna con instituciones, continuidad y presencia cotidiana. Recuperar Meiggs exige más que operativos: exige poblar nuevamente el espacio con legalidad, comercio formal, cultura, empleo y autoridad.

La Ley de Seguridad Municipal es necesaria, pero no suficiente. Sin inteligencia territorial, control económico de las cadenas de suministro, protección del comercio formal y planes reales de integración laboral, la calle siempre será más rápida que el Estado. Y cuando la calle le gana al Estado, gana la violencia.

El ataque al inspector obliga a reformular la pregunta. Ya no basta preguntarse cómo ordenar el comercio. La pregunta de fondo es otra: ¿Queremos gobernar el territorio urbano o solo administrarlo cuando estalla?

Chile no se está cayendo. Su institucionalidad resiste. Pero la resistencia sin reconstrucción es solo espera. Y esperar, en estos casos, siempre lo aprovechan otros. Gobernar la calle ya no es solo urbanismo. Es defensa del Estado de Derecho en su escala más cotidiana.