Se cierra el SENAME, no la deuda del Estado

El cierre del Sename debe ser un momento de inflexión en nuestra relación con la infancia. Es parte de la modernización institucional que implica adecuar no solamente la ordenación jurídica, sino también institucional a un enfoque de derechos humanos. El 12 de enero se termina un largo ciclo que comenzó en 1979, bajo la doctrina del “niño en situación irregular” a uno que considera a niñas y niñas como sujeto de derechos. Pero, lamentablemente, aún persisten muchas de sus prácticas y continúa la deuda del Estado con los niños, niñas y adolescentes que estuvieron y están bajo su custodia. 

Mientras el Sename baja su persiana, siguen abiertas —dolorosamente abiertas— las preguntas por la verdad, la justicia y la reparación de miles de niños, niñas y adolescentes cuyos derechos fueron vulnerados de forma sistemática mientras estuvieron ahí.

Durante décadas, el Estado fue responsable directo de la vida, el cuidado y la protección de niños y niñas que ya habían sido vulnerados por la pobreza, la violencia, la exclusión o el abandono. Lejos de reparar, el sistema profundizó el daño. Muertes evitables, tratos crueles, negligencias estructurales, medicalización del sufrimiento, castigos como método de control. No fueron errores aislados: fueron prácticas sistemáticas enmarcadas en una institucionalidad que falló.

Por eso la creación y apoyo a la Comisión Verdad y Niñez es una obligación ética del Estado. Su creación fue una respuesta tardía, pero necesaria, frente a violaciones a derechos humanos ocurridas en dictadura y en democracia.

El riesgo y las oportunidades están frente a nuestros ojos. El cierre del Sename no puede ser dar vuelta la página sin leerla. El Estado debe avanzar mirando de frente a quienes cargan, hasta hoy, con las consecuencias del abandono institucional. 

La verdad no prescribe. Las personas que fueron niños y niñas bajo custodia del Sename, no son cifras ni casos del pasado. Son adultos y jóvenes que arrastran trayectorias quebradas y violencias normalizadas. Son familias que nunca obtuvieron respuestas. Son nombres y experiencias que aún no han sido escuchados. Mientras sus historias sigan sin ser contadas, mientras el Estado no asuma plenamente su responsabilidad, la tarea sigue abierta y por eso es tan relevante recibir los testimonios de las personas víctimas y sobrevivientes.

La Comisión Verdad y Niñez existe precisamente para eso: para mostrar lo que durante años se negó, se relativizó o se escondió. Para dejar constancia de que lo ocurrido no fue inevitable ni natural, sino consecuencia de decisiones políticas, presupuestarias y culturales. Y, especialmente, para sentar las bases de una reparación integral y proponer garantías de no repetición.

Durante años, muchos miraron hacia otro lado y otros justificaron lo injustificable en nombre del orden, la seguridad o la disciplina. Hoy que se cierra el Sename abramos más que nunca la conversación – y las necesarias transformaciones- para que las nuevas instituciones crezcan sobre tierra abonada con verdad, justicia y los aprendizajes de la historia previa.