Ley Ricarte Soto: una señal preocupante de descoordinación del Estado
Señor Director:
A propósito de la carta de Cecilia Rodríguez, la suspensión del proceso de evaluación para la incorporación de nuevas tecnologías a la Ley Ricarte Soto, formalizada mediante la Resolución Exenta N° 1679, revela una falla estructural de coordinación del Estado que va más allá de lo sanitario y se vincula directamente con la eficiencia del gasto público y la calidad de la gestión fiscal.
La Ley N° 20.850, fue diseñada con etapas claras, secuenciales y técnicamente fundadas, precisamente para evitar improvisaciones y asegurar decisiones basadas en evidencia, evaluación económica y responsabilidad fiscal. Sin embargo, la paralización del proceso ya iniciado por la ausencia de un informe de sustentabilidad financiera de la Dirección de Presupuestos revela una desarticulación inadmisible entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Hacienda.
Esta situación deja en evidencia la necesidad de un Estado que planifique mejor, anticipe escenarios y actúe con responsabilidad. En ese marco, resulta particularmente preocupante que un proceso técnico ya iniciado deba paralizarse por la ausencia de un informe presupuestario que depende de otra cartera.
Las repercusiones son múltiples. Para los pacientes, implica retrasos indefinidos en el acceso a diagnósticos y tratamientos de alto costo. Para el sistema de salud, significa desperdicio de capacidades técnicas ya desplegadas y desincentivo a la evaluación rigurosa. Para la política pública, erosiona la credibilidad de una ley concebida como política de Estado y no como una herramienta sujeta a pausas administrativas sin plazo.
La sostenibilidad fiscal exige coordinación temprana, reglas claras y gobernanza integrada entre Hacienda y Salud. Cuando esa articulación falla, el costo no es solo presupuestario: es institucional, social y humano.
Caroline Labbé, académica Escuela de Enfermería UDP.
Experta en políticas públicas de salud y evaluación de tecnologías sanitarias (ETESA)
