Sueldos fuera de control en el Congreso

Señor director:

La indignación ciudadana siempre suele dirigirse hacia diputados y senadores, pero datos recientes revelan que el verdadero problema salarial del Congreso Nacional está en otra parte: su estructura administrativa.

Más de 200 funcionarios perciben remuneraciones que superan ampliamente la dieta parlamentaria, alcanzando en algunos casos cifras cercanas a los $19 millones mensuales. No hablamos de cargos electos ni de responsabilidades políticas directas, sino de funcionarios permanentes, protegidos por un sistema que carece de controles externos efectivos y de estándares de proporcionalidad.

Resulta difícil explicar —y aún más justificar— estos sueldos en un país donde a la mayoría de los ciudadanos se les exige austeridad, sacrificio y realismo económico. La pregunta no es si estos funcionarios son profesionales calificados, sino quién fijó estas remuneraciones, bajo qué criterios y con qué nivel de fiscalización.

Esta realidad no solo es injusta: es corrosiva. Alimenta la percepción de que el Congreso no es una institución al servicio del país, sino una estructura que se administra para sí misma, desconectada de la realidad social y económica de Chile.

Si se quiere recuperar algo de credibilidad, el primer paso no es el discurso, sino revisar con seriedad esta casta administrativa que opera lejos del escrutinio público.

Jorge Ravanales Arriagada.