El problema de la venta de medicamentos falsificados en Chile
Señor director:
Las recientes noticias sobre la venta de medicamentos falsificados en Chile —particularmente en torno a productos para bajar de peso como Ozempic— no debieran leerse como episodios aislados ni como simples infracciones comerciales. Estamos frente a un problema estructural de salud pública, con implicancias sanitarias, regulatorias, digitales y criminales que van mucho más allá de la falsificación en materia de propiedad intelectual.
Esta preocupación no es solo local. A nivel internacional, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han reconocido desde hace años la magnitud del problema, creando el Mecanismo de los Estados Miembros de la OMS sobre Medicamentos Subestándar y Falsificados (MSM) como un espacio específico de cooperación global para enfrentar medicamentos subestándar y falsificados. Ello refleja que estamos ante un desafío sistémico, que excede la capacidad de acción de un solo país.
Las cifras son elocuentes: se estima que el mercado mundial de medicamentos falsificados puede alcanzar hasta los USD 432 mil millones anuales, superando con creces el presupuesto de la propia OMS y posicionándose como la actividad ilícita más grande del mundo, incluso por sobre el narcotráfico o el tráfico de armas. No se trata, por tanto, de “copias” inofensivas, sino de un negocio criminal altamente organizado, transnacional y tecnológicamente sofisticado.
En Chile, las alertas del Instituto de Salud Pública (ISP) sobre la venta ilegal de parches, inyectables y otros productos falsificados confirman una tendencia preocupante: la convergencia entre comercio informal, plataformas digitales, redes sociales y una creciente demanda por soluciones rápidas para problemas complejos como la obesidad. El riesgo es concreto, pues estos productos pueden contener dosis incorrectas, principios activos distintos, contaminantes o, derechamente, no contener lo que prometen, con consecuencias graves para la salud e incluso la vida de las personas.
El problema no se resuelve solo con perseguir marcas falsificadas o cerrar algunos sitios web. Requiere fortalecer los sistemas de farmacovigilancia, mejorar la trazabilidad de los medicamentos, dotar de mayores capacidades de fiscalización al ISP, coordinar a las autoridades sanitarias con las policiales y aduaneras, y asumir que el entorno digital es hoy uno de los principales vectores del fraude sanitario.
Es igualmente clave reforzar los canales de denuncia y el rol de una ciudadanía informada. El propio ISP ha habilitado un portal específico para reportar medicamentos falsificados, pero su efectividad depende de que exista difusión, confianza y una respuesta oportuna del Estado.
Reducir este fenómeno a un problema de falsificación es minimizar su verdadera dimensión. Estamos hablando de salud pública, de crimen organizado y de la necesidad de una respuesta regulatoria moderna, preventiva y coordinada. Ignorar esa realidad tiene un costo que, lamentablemente, no se mide en pérdidas económicas, sino en personas afectadas.
Atentamente,
Maximiliano Santa Cruz Scantlebury
Socio de Santa Cruz IP y exdirector de INAPI
