Opinión
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Quieren dinero: el caso del instituto Arcos, neoliberalismo y persecución de la protesta estudiantil
Este capítulo triste debería servir como detonante de un debate que invite a repensar el modelo de educación superior en Chile.
“Es mentira eso del amor al arte,
No es tan cierto eso de la vocación”
Los Prisioneros, “Quieren Dinero” (1986)
La crisis en curso derivada del cierre del Instituto Profesional Arcos no es un evento aislado, sino un síntoma más de la ya antigua enfermedad que corroe la médula de la educación superior chilena.
El anuncio generó una ola de movilizaciones autoconvocadas del estudiantado desde principios de diciembre de 2024, con manifestaciones ante el Mineduc y la rectoría, así como la toma de las instalaciones del instituto en Santiago y Viña del Mar. Los estudiantes acusan no haber obtenido respuestas ni diálogo por parte de la rectoría, denunciando “amenazas, amedrentamiento y represión por parte de la institución”.
Entre las medidas adoptadas por las autoridades, señalan la contratación de nuevos guardias y la imposición de un inicio de clases sin negociación, en un ambiente enrarecido para el último año de existencia de Arcos, antes de su traspaso a la gestión de USACH en Santiago y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en el caso de la sede de la Quinta Región, cuyo proceso de adquisición y remodelación se concretó recién en 2024, con una inversión total que ascendió a 6 millones de dólares, según publico Diario La Quinta (24/03/2024).
La insólita respuesta fue la apertura de una investigación sumaria en contra de al menos cuatro estudiantes, sostenida sobre interrogatorios y hostigamiento a alumnos y alumnas en búsqueda de delaciones sin pruebas entre compañeras y compañeros, y una denuncia interpuesta ante el Ministerio Público por la “toma ilegal” ocurrida entre diciembre de 2024 y enero de 2025.
Como castigo no oficial, se bloqueó la matrícula de estos estudiantes sin mediar un debido proceso, negándoles un documento escrito que registre y explique la medida, además de la difusión injuriosa de acusaciones criminales contra algunos de los involucrados.
El patrón que emerge es claro: la lógica del mercado termina primando sobre la formación de calidad y el compromiso social. Y cuando los estudiantes alzan la voz para denunciar estas irregularidades o la precariedad en la que se ven inmersos, la respuesta no es el diálogo ni la búsqueda de soluciones, sino la represión y la criminalización de la protesta.
Ante este panorama desolador, surgió la intervención del subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, comunicando el respaldo político del Gobierno para que la USACH adquiriera el supuestamente inviable Instituto Arcos. Orellana calificó la operación como “estratégica”, haciendo hincapié en la urgencia de la adquisición durante la actual administración, sugiriendo que en un próximo Gobierno la situación podría resolverse de otra manera.
Este compendio de despropósitos no solo selló tristemente el legado de una institución dedicada a las áreas creativas, sino que también revive los fantasmas de crisis similares como las sufridas por Arcis y la Universidad del Mar, dejando al descubierto las falencias de un sistema que trata la educación como una mercancía y criminaliza la legítima protesta estudiantil. Este capítulo triste debería servir como detonante de un debate que invite a repensar el modelo de educación superior en Chile.
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