Licencias médicas: La herida ética del Estado

Es inevitable no hablar de la polémica que ha surgido por el tema de las licencias médicas en la función pública. Los datos son tremendos. Primero contextualicemos.

Son más de 25 mil funcionarios entre los años 2023 y 2024 que han hecho un mal uso de una licencia médica. Las han utilizado para viajar por Chile, viajar al extranjero, para hacer campaña política e incluso hemos conocido el caso de un funcionario que pudo terminar sus estudios fuera de Chile. También se ha identificado un caso de extrema gravedad, en el cual un funcionario del sector de la salud se autoemitió una licencia médica. Por supuesto, todo lo anterior muestra una falta a la probidad que denigra y ensucia la función pública.

En detalle los datos son más impactantes. Se emitieron 35.585 licencias que permitieron 59.575 entradas o salida del país. El 69% de estas licencias surgen de Fonasa y sólo el 31% son de Isapres.

¿Por qué son tan importantes estos porcentajes entre Fonasa y Isapre?

Sencillo, cuando una licencia es pagada por Fonasa el gasto proviene directamente de fondos públicos; es decir, de los impuestos de todos los chilenos, mientras que cuando es pagada por una Isapre el gasto recae sobre una entidad privada, que en todo caso también puede tener efectos indirectos en el erario público, ya sea por primas o mecanismos para la sostenibilidad del sistema. Es con esto que el abuso de licencias médicas en Fonasa es un perjuicio directo a las arcas fiscales.

Aquí también es bueno recordar que las entidades privadas (Isapres) tienen algunos mecanismo más rígidos para el control de sus afiliados, en cambio, Fonasa delega ese control a entidades públicas como la Compin, que durante varios años ha sido duramente cuestionada por la falta de supervisión efectiva y demoras en sus procesos. Esto último evidencia una asimetría en la inspección que lleva a las debilidades estructurales del sistema público.

¿Cuál es el costo de estas faltas a la probidad?

Se estima que sólo el año 2024, el Estado chileno gastó aproximadamente 350 millones de dólares en suplencias de funcionarios públicos que utilizaron licencias médicas fraudulentas. Incluso con estos recursos, se podrían haber atendido a más de 2,5 millones de personas en listas de espera. Es más, la misma Contralora General de la República Dorothy Pérez subrayó que el costo fiscal asociado al mal uso de licencias médicas es equivalente a la construcción de un hospital al mes.

Lo ocurrido en nuestro país es sólo la punta del iceberg de un problema más profundo. Muestra la fragilidad de nuestras instituciones públicas frente al abuso, la impunidad y la falta de controles efectivos.

No bastan los sumarios ni las declaraciones indignadas de los políticos de siempre; se requiere una reforma estructural que recupere el sentido de lo público, de lo colectivo, de lo ético. La probidad no puede ser letra muerta, sino que debe ser una oportunidad para corregir un estatuto administrativo que fue realizado sin la debida participación de la ciudadanía.