El aborto en cifras: salud pública, derechos y bioética

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año se realizan aproximadamente 25 millones de abortos inseguros en el mundo. Esto representa una proporción significativa de los embarazos que terminan en aborto, siendo más común en países en desarrollo (97% de este tipo de aborto).

El aborto inseguro causa alrededor de 39 mil muertes maternas cada año y millones de hospitalizaciones debido a complicaciones. Cerca del 45% de los abortos se realizan en condiciones peligrosas. A pesar de que se puede prevenir, el aborto inseguro es una de las principales causas de morbimortalidad materna y puede provocar complicaciones físicas, psíquicas, sociales y económicos a las mujeres, las comunidades y los sistemas de salud.

La imposibilidad de acceder a una atención para el aborto segura, oportuna, asequible y respetuosa es un grave problema para la salud pública y una violación directa de los derechos humanos sexuales y reproductivos de las niñas adolescentes y mujeres.

Cada año, entre el 4,7% y el 13,2% de las muertes maternas se deben a un aborto inseguro. Se calcula que, en las regiones desarrolladas, por cada 100 mil abortos inseguros se producen 30 defunciones, mientras que esta proporción aumenta hasta las 220 defunciones por cada 100 mil abortos inseguros en las regiones en desarrollo (1).

Cuando una mujer que está embarazada sin haberlo deseado encuentra obstáculos para que se le presten servicios de atención al aborto oportunos, seguros, asequibles, de calidad, respetuosos, no discriminatorios y a una distancia razonable, se expone a riesgos si decide abortar. Se las estigmatiza por abortar, su bienestar físico y psíquico puede verse afectado durante toda la vida. Llegar a la decisión de abortar no es un camino fácil ni exento de sufrimiento para miles de mujeres y niñas adolescentes.

En Chile diferentes sondeos arrojan que un 30% de los chilenos apoya una ley para interrumpir el embarazo sin causales, es decir, aborto libre. En la última Encuesta Nacional de Juventudes 2022, del Ministerio de Desarrollo Social, el porcentaje de mujeres jóvenes (de 15 a 29 años) que estaría dispuesta a realizarse o inducirse un aborto antes de la semana 12 de gestación aumentó a un 37,1%, del 15% registrado en el 2018.

Casi uno de cada cinco encuestados (hombres y mujeres) dijo haber vivido una experiencia de embarazo no deseado. Un 3,1% de las jóvenes declaró haberse realizado o inducido un aborto: un 3,6% lo hizo bajo la causal de riesgo vital, un 4,0% indica que por la causal inviabilidad fetal, un 3,3% por la causal de violación (Ley 21.030 “despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales”) y un 83,2% lo realizó por una decisión personal.

No hay cifras oficiales de cuántas interrupciones se realizan, pero las últimas que se conocen, según diversos estudios, hablan de 30 mil a 150 mil –estos datos tienen al menos una década–. El número de hospitalizaciones por embarazo terminado en aborto en 2023 fue 21.444, según el registro del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS). De estos, poco más de 6.500 se deben a aborto retenido, seguido por aborto no especificado (5.080, que incluye complicación con infección genital y pelviana y hemorragia excesiva o tardía), aborto espontáneo (4.658) y embarazo ectópico (3.561).

Desde la bioética, el análisis del aborto provocado nos permite centrarnos en los siguientes principios bioéticos involucrados, el principio del respeto a la vida y el principio de autonomía.

El primero es una particularización del principio de beneficencia y constituye, su manifestación más radical. En efecto, de todos los bienes que pueden respetarse, facilitar u otorgar a un tercero, el bien de la existencia resulta primario y radical. Primario porque sin este bien ningún otro es posible; radical, porque a él se reducen en última instancia todos los otros bienes.

El principio de autonomía de la madre tendría un peso mayor que el derecho a la vida del no nacido. Este peso mayor, para algunos, es absoluto, es decir, siempre y en toda circunstancia; para otros es relativo, solo en algunas circunstancias. El respeto por la vida se fundamenta en razones de justicia, es decir, el respeto que cada uno pide para su propia vida, exige el respeto a la vida de los demás y exactamente en los mismos términos.

Por otra parte, toda persona está obligada a reconocer que su propio derecho a la vida le fue respetado, la beneficencia estricta se funda en el reconocimiento del bien fundamental que constituye para el ser humano la existencia física y en el amor que este reconocimiento despierta, tanto hacia la vida propia como hacia la de los demás.

Reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo no solo es una cuestión de salud pública, sino también de justicia social y respeto a los derechos humanos. Avanzar hacia un aborto legal, seguro y accesible es esencial para proteger la vida, la dignidad y la autonomía de quienes enfrentan embarazos no deseados.