La traba legal en el agua que bloquea el desarrollo digital en Chile

Por décadas, Chile ha construido silenciosamente las condiciones para transformarse en un polo tecnológico. Nuestra conectividad, nuestra institucionalidad, nuestro talento humano y nuestra estabilidad relativa han hecho que gigantes tecnológicos nos miren como destino ideal para instalar centros de datos. Lo que viene para adelante, si no lo bloqueamos, es que Chile se convierta en el país de los data centers. Y eso no debería asustarnos. Al contrario, debería entusiasmarnos.

Pero en vez de celebrar ese potencial, estamos permitiendo que se frene por una confusión técnica y un temor infundado en torno al uso del agua. Se ha levantado la voz contra los centros de datos por su supuesto consumo “excesivo” de agua para refrigeración, sin considerar la escala real de ese consumo ni las soluciones sustentables que hoy existen —y que ya se aplican, sin conflicto alguno— en proyectos concretos del país.

Un data center de un megawatt puede usar hasta 25,5 millones de litros de agua al año, según el Foro Económico Mundial. Eso puede sonar mucho. Pero en términos hidrológicos es menos de un litro por segundo. Un caudal marginal. Y si ese litro por segundo se recircula —es decir, si se enfría con agua subterránea que no se consume ni se contamina, solo se le eleva la temperatura antes de devolverla al sistema— estamos hablando de un uso responsable, ambientalmente inocuo y técnicamente viable.

Este modelo ya existe. Lo emplean edificios como el Parque Titanium y el MUT en la Región Metropolitana. También hay otros ejemplos en regiones. Son soluciones de bajo impacto, de alta eficiencia y de altísimo valor estratégico para el desarrollo tecnológico del país.

Entonces, ¿por qué se frenan proyectos como el centro de datos de Google en Lo Espejo? Por una interpretación administrativa de la Contraloría General de la República, que impide constituir nuevos derechos de agua en zonas de restricción, sin distinguir entre los que extraen agua para consumo (consuntivos) y aquellos que simplemente la usan, la enfrían y la devuelven (no consuntivos). Esa interpretación choca incluso con el espíritu original de la norma de zonas de restricción, que fue defendido sin éxito ante la Contraloría por su redactor, el exdirector general de Aguas, Humberto Peña.

La Dirección General de Aguas ha reconocido que estos proyectos no generan daño. El Ministerio de Energía los respalda porque se alinean con su estrategia de fomento a tecnologías geotérmicas de baja entalpía, clave para una matriz energética eficiente. Pero una lectura excesivamente rígida de la norma los ha dejado en el limbo.

El problema no es técnico. Tampoco ambiental. Es legal. Y se puede resolver con algo tan sencillo como una ley corta que aclare que los derechos no consuntivos sí pueden otorgarse en este contexto. No hacerlo significa seguir pateando una oportunidad de desarrollo.

Chile tiene todo para liderar el futuro digital de la región. Y tiene agua subterránea suficiente para hacerlo de forma segura. La recirculación térmica no daña los acuíferos, no compite con el consumo humano, y no compromete el ecosistema. Al contrario: nos permite crecer con responsabilidad, atraer inversión, generar empleo, aumentar el PIB y posicionarnos globalmente. Es hora de dejar de ver fantasmas donde hay soluciones y convertir nuestras capacidades en decisiones de país.