UF: ¿golpe temerario o debate necesario?

Nuestros parlamentarios nos han sorprendido con la idea de eliminar la UF, sin considerar, al parecer, ningún efecto generado por este cambio ni un plan para facilitar alguna transición. Es, lamentablemente, un ejemplo de voluntarismo y de la cultura de ingenuidad y liviandad con la que se conducen algunos parlamentarios, que no someten las propuestas a escrutinios básicos.

¿Dónde están los estudios que justifican una reforma de esta trascendencia? Tal vez una reforma pendiente sea la exigencia a los parlamentarios de presentar informes técnicos que avalen las propuestas realizadas.

Sin embargo, esta temeraria acción legislativa ha puesto en el tapete a la Unidad de Fomento (UF), cuyo nacimiento se remonta a la época de una inflación alta y volátil en Chile. Si hoy tenemos una inflación baja y relativamente estable, se podría cuestionar la necesidad de su existencia y consecuencias indeseables, en especial la mayor inercia inflacionaria que significa por contratos de arriendo, colegiaturas, y otros.

Una consecuencia positiva de la UF en contratos de largo plazo es que permite de manera natural pagos crecientes en el tiempo, lo cual resulta en un acceso al crédito más fácil para personas (normalmente jóvenes), cuyos ingresos se espera que crezcan en el tiempo a una tasa mayor que la inflación.

En contraste, un contrato en pesos significaría pagar un monto mucho más elevado en un inicio, dificultando cumplir con calificación de riesgo crediticio. Actualmente, con tasas de largo plazo mucho más altas después de los retiros de fondos de pensiones (otra muestra de frivolidad legislativa) y precios elevados de las viviendas, eliminar la opción de la UF elevaría aún más las barreras para poder comprar una. Lo mismo se aplica a otros tipos de contrato, como arriendos, seguros, etc.

La UF transfiere el riesgo de inflación al comprador de inmuebles o de otros servicios. No es claro que los hogares estén en peor condición al asimilar este tipo de riesgo que las empresas. Normalmente, los insumos de procesos productivos y el trabajo del personal de las empresas son menos sustituibles por “versiones” más económicas si los precios y salarios aumentan inesperadamente. Un hogar probablemente puede sustituir más fácil un bien que sube de precio por un producto similar o un proveedor diferente.

Por otro lado, si las empresas o instituciones financieras asumieran el riesgo de inflación en contratos en pesos, la consecuencia sería precios más altos o tasas de interés mayores que compensen dicho riesgo.

En definitiva, la regulación más apropiada sería permitir o incentivar la existencia de contratos tanto en pesos como en UF en general. Una inflación baja y estable, como la propiciada en Chile por el Banco Central, permite que ambos tipos de contratos sean preferibles para ciertas personas y empresas, bajo las circunstancias adecuadas. Cualquier reforma que se realice al respecto debe evaluarse cuidadosamente, aunque sea en el fragor de la competencia electoral. A veces, el diablo no solo está en los detalles.