Hacia una estrategia de seguridad nacional

A propósito del actual debate acerca de la condición de seguridad del país, con alguna frecuencia se ha mencionado el concepto de Estrategia de Seguridad Nacional. Se argumenta la necesidad de contar con un documento de este tipo en la actual coyuntura de seguridad doméstica y también a propósito de la situación geoestratégica global y de la forma en que el país debe enfrentar los desafíos y riesgos que esta representa para su seguridad externa. No obstante y pese a las frecuentes alusiones a una Estrategia de Seguridad Nacional, poco se ha planteado respecto a su naturaleza, contenidos y aplicabilidad específica a la seguridad del país.

Sabido es que el Estado ha de coordinar y generar sinergia de todos sus recursos de poder, en términos de habilitarlo para posicionarse ventajosamente en el sistema internacional y, al mismo tiempo, hacer frente a una amplia variedad de amenazas, internas y externas, que afecten su seguridad. Esta es la esencia de una Estrategia de Seguridad Nacional, cuya sistematización es relativamente reciente, pero de creciente utilización en los sistemas comparados.

Tal estrategia es un conjunto de principios y directrices coherentes orientados a lograr una condición de seguridad integral del Estado, tanto en su dimensión externa cuanto en su perspectiva doméstica. Reconoce el carácter unitario de la seguridad y de la creciente imposibilidad y futilidad de establecer límites precisos a sus manifestaciones internacionales y domésticas.

En su aproximación externa, tal estrategia es un diseño general de inserción del país en el Sistema Internacional y un curso de acción. En su contenido doméstico, descansa en un adecuado diagnóstico de la condición de seguridad interior, los riesgos que enfrenta y los medios para contrarrestarlos e impedir su repetición.

La materialización de sus principios y directrices y la implementación de tal diseño se manifiestan en el campo de la política doméstica e internacional y, en consecuencia, giran en torno a la implementación de políticas públicas igualmente singulares: política exterior, política de defensa, política de seguridad pública y a las que de estas deriven.

La definición de una estrategia de este tipo emana de un proceso deliberado de decisión política, que involucra la ponderación armónica de los factores de poder del país: territorio, ubicación geográfica, población, desarrollo tecnológico, capacidad militar y también aquellos que conforman el soft power: prestigio internacional, calidad de la diplomacia, atracción cultural, calidad del liderazgo político, desarrollo económico, así como de aquellos de raigambre interna.

Una estrategia de seguridad nacional debe ponderar las amenazas y riesgos de origen tanto externo como domésticos, definir los objetivos nacionales de seguridad y asignar los recursos necesarios para  contrarrestar dichos riesgos y amenazas. Desde luego, los factores indicados son categorías teóricas de análisis. De ello se sigue que la forma en que influyen en la definición de una estrategia de seguridad nacional específica varía de un país a otro, en ocasiones en magnitudes importantes. Cada uno enfatizará aquellos objetivos singulares y amenazas específicas que le resulten más apremiantes y fundamentales.

La provisión de seguridad en su sentido amplio –externa e interna–  es responsabilidad del Estado en su conjunto. En un sistema democrático, las funciones ejecutiva, legislativa y judicial deben actuar de consuno para asegurar la estabilidad y el orden público interno y la seguridad exterior del país. La seguridad es un derecho para los habitantes y un deber para las autoridades. No hay progreso ni desarrollo sin un entorno de seguridad para todos y cada uno de los habitantes, un entorno que otorgue garantías de estabilidad y orden, doméstica y externa.

Para esto se necesita una transformación importante en la forma en que se piensa la seguridad del país y cómo se organiza el Estado para enfrentar las amenazas internas y asegurar una presencia internacional relevante y segura.

En consecuencia, se debe contar con una mirada y un plan de acción que proporcionen los diagnósticos correspondientes, los objetivos específicos a lograr y asegurar los medios para concretar esos objetivos. Lograr eso descansa en una acción mancomunada de los órganos del Estado, definidos en torno a una mirada y una acción holísticas y finalistas, lo propio de una Estrategia de Seguridad Nacional, de ahí su rápida expansión en los sistemas políticos comparados.

Esta estrategia, además, ha de proporcionar las orientaciones para la asignación de los recursos correspondientes, especialmente los financieros. Esta contribución se manifiesta en dos planos: en primer lugar, la provisión de los recursos para el logro de los objetivos generales de seguridad del Estado, domésticos e internacionales. La asignación de recursos para la seguridad y la defensa son medidas esencialmente políticas, que pueden o no estar relacionadas con la situación financiera del país, y la estrategia contribuye al proceso decisional correspondiente.

En segundo término, tal estrategia debe proveer las directrices para la adecuada distribución de dichos recursos, de modo de evitar concentrarlos en uno de los objetivos específicos de seguridad en desmedro de los demás. Esto último es fundamental, dado el carácter unitario de la seguridad.

Dicho de otro modo, una Estrategia de Seguridad Nacional debe evitar que los recursos financieros se concentren en un aspecto de la seguridad, por el ejemplo, el orden público y la seguridad interior, lo que traería aparejada una disminución de las capacidades del Estado en sus otros componentes, por cuanto, si ello ocurre, se debilita la seguridad del país en su conjunto.

Todo lo expresado se aplica en la especie a la condición de seguridad de Chile. El país no ha contado nunca con una Estrategia de Seguridad Nacional. Esto ha sido reconocido, por ejemplo, en los Libros de la Defensa. El intento realizado en 2012 por el Ministerio de Defensa evidenció cierta confusión conceptual, por lo que fue abandonado discretamente aunque, justo es decirlo, algunas de las críticas vertidas a su respecto resultaron exageradas. Desde antaño, el país ha tenido una política exterior cuya definición e implementación han tenido periodos de gran sofisticación y eficacia y, en épocas más recientes, se ha sistematizado una política de defensa.

En tiempos aún más inmediatos se han definido diversas políticas de seguridad pública y numerosas políticas derivadas de las anteriores, pero ha faltado una visión integrada e integradora de los esfuerzos del Estado en estas materias y una guía para el actuar de todos los entes públicos responsables de la seguridad del país: ministerios, servicios públicos y Fuerzas Armadas y Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

Los desafíos de seguridad que el país enfrenta ahora hacen indispensable disponer de esa visión y guía, que se haga cargo de los riesgos y amenazas para la seguridad pública interior, así como de aquellos que provengan del exterior y de sus complejas combinaciones en forma integral. En este sentido, los diagnósticos referidos a la ausencia de un documento de este tipo son, en lo fundamental, correctos.

En consecuencia, una Estrategia de Seguridad Nacional debería ser una guía para lograr una acción mancomunada de todos los actores estatales en orden a obtener una sinergia de los factores de poder de Chile, con miras a lograr:

-Un posicionamiento seguro del país en el sistema internacional, asumiendo su carácter de potencia mediana y las nuevas condiciones de seguridad internacional, con respuestas apropiadas a los escenarios geoestratégicos que enfrenta, globales y locales.

-Una condición de seguridad interior adecuada, con fronteras controladas y seguras, ejercicio pleno de la soberanía en todo el territorio nacional, combate eficaz del crimen organizado y eliminación del terrorismo, todo ello conforme a las normas jurídicas aplicables, dentro del Estado de Derecho.

Esta Estrategia de Seguridad Nacional debería, además, orientar la asignación de los recursos destinados a la seguridad del país –externa e interna– evitando desequilibrios entre estos, bajo una mirada integral de la función. En esta lógica, la estrategia debería apoyar las decisiones concernientes a la aplicación de la Ley Nº 21.174 sobre Capacidades Estratégicas, actuando en cierto modo como sustituto de las ventajas que en esta materia ofrecía el Sistema de la Ley del Cobre. Cabe tener presente que la vara de medición del éxito o fracaso del nuevo sistema será, precisamente, la Ley del Cobre y el apoyo de una Estrategia de Seguridad Nacional podría resultar crucial.

Considerando el carácter amplio de la seguridad nacional, la definición de la estrategia es, primariamente, una responsabilidad del Ejecutivo en su conjunto, con algún grado de concurso del Congreso. Cabe tener presente que las estrategias de seguridad nacional caen en la categoría de high politics, es decir, decisiones de alto contenido técnico, solo definidas por burocracias especializadas y no susceptibles de elaboraciones colectivas.

Con todo, más allá de las cuestiones metodológicas y procedimentales, en los actuales escenarios de seguridad la definición e implementación de una genuina Estrategia de Seguridad Nacional aparece como una necesidad, diríase, urgente para la Republica.