Una Ley en nombre de todas

Esta semana conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una fecha que nos obliga a mirar no sólo lo que falta, sino cuánto hemos avanzado en cambiar un paradigma cultural arraigado: por demasiado tiempo, la violencia contra las mujeres fue vista como un asunto privado, un problema que se resolvía puertas adentro. Hoy, como Estado, afirmamos que es un problema de seguridad pública y una prioridad impostergable.

Este 2024 marca un punto de inflexión con la promulgación, tras siete años de tramitación, de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. No se trata de una declaración de intenciones, sino de un marco normativo robusto que impone obligaciones claras a todas las instituciones del Estado. El objetivo es pasar del discurso a la acción concreta: mejorar la fiscalización, evitar la revictimización y garantizar que la protección llegue a tiempo.

Un cambio fundamental es la gestión de la información. Antes, las instituciones funcionaban como islas; hoy estamos implementando el Sistema Integrado de Información sobre Violencia de Género. Esta herramienta permitirá que el Poder Judicial, policías, Fiscalía y otros organismos compartan datos automáticamente, creando una ficha única para que ninguna mujer tenga que relatar su historia una y otra vez para recibir ayuda.

Asimismo, nos hacemos cargo de los nudos críticos del sistema. Antes de la Ley Integral, muchas medidas cautelares vencían sin que la víctima lo supiera. Hoy existe la obligación legal de supervisarlas judicialmente. De hecho, entre junio y diciembre de 2024 se realizaron más de 7.000 audiencias de revisión, y a agosto de 2025 la cifra supera las 17 mil. Esto es presencia efectiva del Estado donde más se necesita.

La violencia de género no sólo afecta a quien la recibe directamente, sino que golpea a familias enteras. Por eso, la nueva normativa reconoce a niñas y niños como víctimas directas y no meros testigos , y hemos avanzado en la entrega de pensiones para 175 hijos e hijas de víctimas de femicidio. Además, fortalecimos la red de apoyo con 27 Centros de Atención Especializada en Violencias de Género (CAEVG) operativos en todo el país, brindando reparación integral ante casos graves y violencia sexual.

Erradicar la violencia requiere más que leyes; exige un cambio social profundo. Esta es “Una Ley en nombre de todas”, porque recoge las demandas históricas de generaciones de mujeres y las transforma en garantías estatales. El compromiso de nuestro Gobierno es claro: no dejaremos espacio a la impunidad ni retrocederemos un centímetro en los derechos conquistados.