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Colonia Dignidad: la expropiación que no puede esperar
La expropiación de Colonia Dignidad no es un gesto simbólico. Es un deber de justicia transicional. Es la posibilidad de recuperar un territorio que fue secuestrado por el terror y devolverlo a la sociedad como un lugar de memoria, dignidad y verdad.
La negativa de los colonos de la ex Colonia Dignidad a permitir el ingreso de los tasadores del Serviu no es un hecho aislado ni un malentendido administrativo. Es un acto político. Un acto de resistencia frente a la obligación histórica del Estado de Chile de transformar un lugar de crimen en un espacio de memoria, justicia y reparación. Y es también la demostración más reciente de que, incluso a cincuenta años del inicio de la dictadura civil-militar, el poder de Colonia Dignidad sigue operando con una impunidad intolerable.
En la Cuenta Pública del 1 de junio de 2024, el Presidente de la República se comprometió solemnemente a avanzar en la expropiación de Colonia Dignidad. Fue un anuncio histórico, esperado por décadas por víctimas, familiares y organizaciones que hemos trabajado incansablemente para abrir paso a la verdad. Un año después, el 7 de julio de 2025, los ministros de Justicia y Derechos Humanos, de Vivienda y Urbanismo, y de Bienes Nacionales firmaron un convenio de colaboración y un decreto de programación para concretar esa expropiación: Seis polígonos correspondientes a 117,27 hectáreas distribuidas en 91 lotes vinculados directamente con centros de detención y tortura, como el Cuartel de la DINA, el Hildegard Halle, así como el Galpón de Heno y la Bodega de papas, donde se practicaron desapariciones forzada, se excavaron fosas comunes, se quemaron de cuerpos y los caminos interiores articularon el funcionamiento represivo de la Colonia.
Ese anuncio no solo era necesario: era impostergable. La planificación contempla intervenir los polígonos donde se encuentran la casa de Paul Schäfer, las bodegas, el hospital, las fosas, los lugares de inhumación y exhumación clandestina, los sitios donde fueron depositadas cenizas de víctimas de desaparición forzada, y los caminos que conectan estos espacios. Es decir, el corazón operativo del horror.
Para que la expropiación avance el Estado debe realizar la tasación del terreno. Y fue precisamente ese acto inicial —básico, legal, administrativo— el que los colonos decidieron impedir, enfrentando a los profesionales designados y negándoles el ingreso “por falta de autorización del directorio”. La escena, repetida en décadas anteriores, demuestra que la comunidad heredera de la Colonia sigue creyéndose facultada para definir los límites del Estado chileno, como si la legalidad fuera negociable y la memoria, optativa.
La respuesta del Serviu, solicitando autorización judicial al Juzgado de Parral y la eventual presencia de fuerza pública es correcta, pero también debe ser un llamado de alerta. Los colonos intentan retrasar y obstaculizar un proceso que lleva más de medio siglo esperando justicia. No se trata de un conflicto vecinal: es la resistencia de un enclave que fue cómplice, ejecutor y beneficiario de crímenes de lesa humanidad.
El Estado de derecho no puede dejarse amedrentar. Tiene el deber de concretar el mandato presidencial con celeridad, sin dilaciones ni titubeos, y con la claridad de que cada día perdido es una victoria para quienes han lucrado con la privatización del dolor.
Además, es urgente que el Gobierno convoque a las organizaciones de la sociedad civil para planificar de manera colectiva, transparente y vinculante la recepción del sitio. No basta con expropiar; hay que asegurar que las víctimas, familiares, comunidades afectadas y defensores de derechos humanos sean protagonistas de las primeras decisiones. Sin esta articulación, la expropiación corre el riesgo de transformarse en un trámite administrativo más, desconectado de quienes han sostenido la memoria cuando el Estado guardaba silencio.
La expropiación de Colonia Dignidad no es un gesto simbólico. Es un deber de justicia transicional. Es la posibilidad de recuperar un territorio que fue secuestrado por el terror y devolverlo a la sociedad como un lugar de memoria, dignidad y verdad. Es impedir que la historia de violencia siga administrada por quienes la perpetraron. Es reconocer el trabajo que la sociedad civil ha sostenido durante décadas sin respaldo estatal.
No concretarla —o permitir que sea obstaculizada por quienes aún se aferran al legado de impunidad— sería renunciar, una vez más, a la responsabilidad histórica de enfrentar nuestro pasado con coraje.
Hoy, más que nunca, exigimos que el Estado avance. Que no retroceda ante la presión. Que cumpla su palabra.
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