La justicia educacional: una discusión imprescindible para cualquier proyecto presidencial

En tiempos marcados por la elección presidencial, la discusión pública vuelve a girar en torno a las prioridades del país, donde la educación toma un rol central. Sin embargo, más allá de las discusiones por accesos, recursos y oportunidades, existe una pregunta profunda y decisiva: ¿Qué tipo de educación queremos proponer a las generaciones futuras? Desde el Centro de Justicia Educacional creemos que esta conversación no puede darse sin situar al centro un principio que no es técnico ni accesorio, sino ético y democrático: la justicia educacional.

Hablar de justicia educacional no es hablar solo de acceso, recursos, oportunidades e infraestructura de calidad del sistema escolar. También es hablar de la dignidad de las personas, del reconocimiento de las brechas estructurales para aprender en igualdad de condiciones y del bien mayor que significa desarrollarse y participar plenamente de la vida en sociedad. La justicia educacional es un fin en sí mismo que nos conduce a deliberar sobre el significado de educar y educarse para construir una sociedad más equitativa.  

Por eso, cualquier discusión presidencial debería preguntarse no solo qué hacer en términos de lineamientos para el sistema educativo, sino también cómo hacerlo: cómo se distribuyen y priorizan los recursos con eficiencia, cómo se investiga y se diseñan políticas que no reproduzcan estigmas, cómo se incorpora en el curriculum contenidos que tienen que ver con las diversidades de las personas que componen las comunidades educativas, cómo se valoran los saberes locales, cómo se fortalecen los principios de colaboración más que la competitividad en el aprendizaje y cómo se cuidan las trayectorias educativas de niñas, niños y jóvenes que enfrentan múltiples desigualdades. 

Hoy, Chile sigue enfrentando profundas desigualdades que no solo se expresan en diversos territorios, escuelas y comunidades, sino que moldean, de manera persistente, las posibilidades reales de vida, aprendizaje y participación de millones de personas. No se trata solo de brechas en el acceso, sino de desigualdades estructurales en las condiciones materiales para enseñar y aprender, en los apoyos socioeducativos disponibles, en la infraestructura y los recursos especializados, y también en la capacidad efectiva de ejercer participación democrática dentro de los espacios escolares. A esto se suma la persistencia de discursos que reducen a estudiantes y familias a cifras, categorías administrativas o problemas de gestión, desdibujando las experiencias y necesidades concretas que viven día a día.

En este escenario, resultan especialmente preocupantes las propuestas de reintroducir mecanismos de selección escolar, que históricamente han profundizado la segregación, o de condicionar derechos esenciales, como la educación o la protección social, a criterios de control migratorio o a requisitos que excluyen precisamente a quienes más necesitan protección del Estado. Estas medidas no solo generan nuevas barreras, sino que legitiman la idea de que ciertos grupos pueden ser considerados prescindibles.

Sin duda, la democracia se fragiliza cuando se excluye a niñas, niños y jóvenes por su situación administrativa o por la vulnerabilidad de sus hogares, porque ello demuestra que los derechos dejan de ser universales y pasan a depender de condiciones que nada tienen que ver con el desarrollo humano ni con la igualdad de oportunidades.

La justicia educacional exige lo contrario: remover barreras, no levantarlas. Acompañar trayectorias escolares, no interrumpirlas. Reforzar la educación pública como un derecho que es necesario promover junto con la valoración de la profesión de educadores, profesores y profesoras.  

Nuestro llamado es uno: que la justicia educacional sea un principio orientador de cualquier proyecto de país. Que quienes aspiran a gobernar comprendan que la educación no es un servicio ni un beneficio, sino un derecho humano y una condición para una sociedad más democrática, más equitativa y más justa.

La justicia educacional no es un eslogan; es una brújula ética que nos recuerda que ninguna sociedad puede avanzar cuando deja a niñas, niños y jóvenes al margen.