La disputa política por los efectos de la ley integral de violencia y los femicidios

Resulta llamativo que la violencia de género se haya convertido en un eje de disputa electoral, especialmente en torno a la interpretación de la Ley Integral de Violencia y el aumento de los femicidios frustrados. Para poder comprender en términos más amplios esta pugna parece importante recorrer cuestiones sobre violencia de género, el rol de la educación y cómo leer las cifras en casos de violencia extrema.

El concepto de género causa importantes disputas ideológicas entre distintos sectores políticos. Desde las teorías jurídicas feministas, la violencia de género se entiende como conductas que vulneran específicamente a mujeres o las afectan de manera desproporcionada, producto de construcciones socioculturales que asignan roles y expectativas diferenciadas a hombres y mujeres. Por ello, la importancia de relevar cómo las construcciones sociales permean las relaciones, facilitan o promueven visiones estereotipadas. En este ámbito, la educación tiene un papel central en la erradicación de prejuicios. No es menor que la idea de una educación no sexista haya sido objeto de disputa en el Tribunal Constitucional, donde sectores que hoy compiten por la presidencia intentaron declararla inconstitucional.

En el Tribunal Constitucional hubo posicionamientos muy distintos en las audiencias públicas, tanto desde la academia como de las organizaciones de la sociedad civil, promoviendo su mantención por un lado y por otro, aquellos que buscaban suprimirla. Detrás de la controversia emergen dos argumentos: la defensa de la autonomía de proyectos educativos que consideran estas iniciativas como una amenaza, y la resistencia al propio concepto de género, a menudo caricaturizado como “ideología”.

Como última cuestión revisemos los fundamentos de la crítica a la Ley Integral y los femicidios. Esta se funda en que durante el debate legislativo no se habrían aceptado ciertas consideraciones y por ello, habría un mayor número de femicidios. El argumento es falaz. Más de 15 años de trabajo del Centro de Derechos Humanos de la UDP muestran que las variaciones en las cifras responden en gran parte a cambios en las decisiones político-criminales y en los criterios de persecución penal, no necesariamente a un incremento real de la violencia extrema. Hace algunos años, muchos casos se imputaban como lesiones graves; hoy, con el reconocimiento del femicidio, los fiscales tienden a formalizar como femicidio tentado o frustrado. Esa transformación impacta en los registros, pero no implica una mayor incidencia. Algunas de estas cuestiones son poco conocidas, pero concluir sobre la supuesta ineficacia de la ley de manera rápida y sin datos constituye un error no sólo sobre el fenómeno sino también sobre las políticas de persecución penal en casos de violencia de género en Chile.