La carrera por publicar: una amenaza al prestigio académico en Chile

En un mundo donde el conocimiento científico debería constituir un pilar del progreso social y económico, la academia global enfrenta una crisis silenciosa pero profunda: la transformación del ecosistema académico en una competencia desaforada por publicar. Esta realidad, denunciada en la reciente Declaración de Estocolmo sobre la Reforma de la Publicación Científica (publicada en 2025 por Royal Society Open Science), adquiere particular relevancia en Chile. Como respuesta a este documento, que alerta sobre el auge de publicaciones fraudulentas y el predominio de métricas cuantitativas por sobre la calidad, resulta imperativo reflexionar sobre cómo nuestras universidades han adoptado sistemas de incentivos que privilegian la cantidad por encima del rigor. Si no actuamos, el prestigio de las instituciones chilenas, actualmente situadas entre las tres más valoradas por la ciudadanía según encuestas como CADEM, podría erosionarse de manera irreversible.

La Declaración de Estocolmo, firmada por expertos internacionales, identifica tres amenazas principales al sistema de publicación científica: los editores comerciales con fines de lucro que imponen barreras económicas, las revistas depredadoras que publican sin revisión adecuada y las paper mills (fábricas de artículos fraudulentos) que generan cientos de miles de manuscritos falsos al año mediante inteligencia artificial (IA). Estos fenómenos, según el documento, están impulsados por una “economía de reputación” donde métricas como el número de publicaciones, el factor de impacto y el índice h distorsionan la noción de excelencia académica. En Chile, este panorama se refleja en un sistema universitario que, en su afán por escalar en rankings internacionales, ha instalado mecanismos de incentivo perversos. Universidades de alto nivel de acreditación y con considerable financiamiento público suelen otorgar bonos millonarios, que en algunos casos superan los 20 millones de pesos anuales, a académicos que acumulan decenas de publicaciones. Lo que aparenta ser un estímulo al avance del conocimiento termina promoviendo una producción en masa que sacrifica la calidad y la integridad.

Detrás de esta productividad celebrada institucionalmente se ocultan prácticas que socavan los fundamentos éticos de la ciencia. Una de las más comunes es el salami slicing, o fraccionamiento deliberado de una investigación extensa en múltiples artículos menores, con el fin de maximizar el conteo de publicaciones. Como advierte la Declaración de Estocolmo, esta táctica no solo infla artificialmente los currículos, sino que también sobrecarga a los revisores y diluye el impacto real del conocimiento. En Chile, esta situación se agrava por el uso de estudiantes de pregrado y posgrado como mano de obra barata para la recolección de datos, muchas veces sin reconocimiento adecuado en la autoría, vulnerando principios éticos básicos y perpetuando inequidades dentro de la academia.

Otro problema creciente es el uso descontrolado de IA generativa, como ChatGPT u otras herramientas similares, para producir textos científicos. La declaración señala que la IA facilita la fabricación de datos, textos e imágenes falsos en paper mills, lo que genera fatiga en editores y revisores, experimentos irreproducibles y desinformación. En Chile, esto se expresa en la proliferación de revisiones sistemáticas que “revuelven” conocimiento existente sin aportar innovaciones sustantivas. Estos artículos, fácilmente generables mediante IA, representan una proporción creciente de la productividad académica, pero rara vez contribuyen a avances reales. 

Igualmente preocupante es el pago por publicar, una práctica que socava el proceso de revisión por pares. En revistas depredadoras, o incluso en algunas de acceso abierto con cargos excesivos, académicos chilenos, presionados por evaluaciones institucionales,  recurren a atajos que evitan el escrutinio riguroso. La Declaración de Estocolmo enfatiza que esto no solo drena recursos públicos destinados a la investigación, sino que genera costos crecientes que consumen fondos de contribuyentes. En un país donde el financiamiento basal y programas como Fondecyt dependen en gran medida de métricas cuantitativas, esta articulación entre incentivos económicos y prácticas cuestionables contribuye a la erosión de la credibilidad científica. Las consecuencias pueden ser graves: si un estudio médico basado en datos manipulados orienta decisiones de política pública, o si una innovación tecnológica se sustenta en hallazgos irreproducibles, el daño trasciende a la academia y afecta directamente a la sociedad.

Este escenario, sin embargo, no es inevitable. La Declaración de Estocolmo propone un plan de acción sustentado en cuatro pilares que podrían orientar una reforma profunda en Chile. Primero, recuperar el control académico sobre la publicación mediante modelos no lucrativos, como el acceso abierto diamante (sin cargos para autores ni lectores). Segundo, reformar los sistemas de incentivos para privilegiar la calidad por sobre la cantidad. Por ejemplos comités de promoción académica o de contratación deberían focalizar la valoracion de las trayectorias no solo considerando el numero de publicaciones, si no mas bien, el prestigio de las revistas donde se encuentra publicado los artículos, adicionalmente se debe evitar considerar métricas manipulables, como el factor de impacto, que en ocasiones se ve inflado por la autopromoción o la citación inducida. Tercero, las universidades deben implementar mecanismos más sofisticados de detección de fraude, especialmente para investigadores con tasas de publicación poco realistas para sus áreas. En estos casos, es necesario evaluar rigurosamente la presencia de prácticas como las descritas previamente. Finalmente, se requiere legislación que proteja la calidad científica: gobiernos y agencias financiadoras deberían definir legalmente la “publicación fraudulenta” como delito, prohibir rankings basados en métricas distorsionadas y sancionar las paper mills.

La ciudadanía chilena aún confía en las universidades como guardianas del conocimiento, pero esta confianza es frágil. Si continuamos en esta carrera por publicar, corremos el riesgo de transformar la academia en una fábrica de artículos vacíos, perdiendo de vista la misión científica fundamental: promover el bienestar humano con integridad. Es momento de sumarnos al llamado global de la Declaración de Estocolmo. Universidades, fondos como Fondecyt y el Ministerio de Ciencia deben liderar esta reforma, priorizando la calidad, la ética y el impacto real. Solo así preservaremos el legado de excelencia que ha posicionado a nuestras instituciones como referentes en la región. De lo contrario, el “publish or perish” no solo destruirá carreras, sino también la credibilidad misma de nuestra ciencia.