SEA 2025: nuevas exigencias, nuevos desafíos

La reciente actualización de la guía del SEA para proyectos de explotación de litio en salares, que fue publicada hace unos días, aparece en un momento en que Chile discute cómo agilizar su permisología. 

Al analizar el documento en detalle, surgen dudas importantes: la nueva versión es más compleja, más rígida y, lejos de acelerar los procesos, probablemente los hará más lentos.

Para empezar, la guía incorpora por primera vez una referencia explícita a tecnologías de Extracción Directa de Litio (DLE). Aunque no lo declara abiertamente, la estructura de la guía favorece esta tecnología por sobre la evaporación solar, exigiendo descripciones, análisis y justificaciones que empujan al uso de DLE. El problema es que la DLE no siempre es mejor. Consume más agua y energía, es más costosa y su desempeño depende de la química particular de cada salar.

Incentivar una sola tecnología desde el instrumento de evaluación ambiental, especialmente una que aún está en evolución, es una mala idea, porque reduce la flexibilidad de los proyectos y limita su capacidad de elegir la alternativa más adecuada según cada caso.

A esto se suma el aumento significativo en la profundidad técnica que exige la guía. La versión 2025 pide más datos, más estudios, más modelación, mayor monitoreo y análisis detallados desde etapas iniciales. En teoría, se cree que debería traducirse en evaluaciones más rápidas y con menos aclaraciones. En la práctica, significa más trabajo previo, más costo y más tiempo antes incluso de ingresar al SEIA. Es decir, más burocracia. Y esto ocurre justo cuando existe consenso transversal en que el sistema necesita simplificarse, no complejizarse.

Un tercer punto crítico es que la nueva guía se construye sobre la Estrategia Nacional del Litio. Ese es un riesgo evidente: la estrategia es una política del actual Gobierno, no una política de Estado. Si el próximo Gobierno decide no validarla, como es muy probable, ¿qué ocurrirá entonces con la guía? Amarrar un instrumento técnico a una política que puede cambiar al mes de implementada es un error conceptual que introduce incertidumbre en la tramitación futura y puede frenar decisiones de inversión.

También hay un elemento práctico poco mencionado: la guía exige un nivel de especificación técnica que implica que las autoridades deberán contar con capacidades avanzadas para revisarla. Y hoy no está claro si el SEA, la DGA o Sernageomin tienen suficientes profesionales capacitados para evaluar balances complejos, reinyección de salmueras o modelaciones asociadas a el (tampoco parece razonable que tengan estas capacidades). Más exigencias técnicas sin fortalecimiento institucional puede llevar, nuevamente, a procesos más lentos.

Finalmente, mirando la experiencia comparada, ningún país con salares –Argentina, Bolivia, China o Estados Unidos– opera con guías específicas para este tipo de proyectos ni define desde la regulación qué tecnología debe usarse. El camino adoptado por Chile es entonces inédito y agrega una capa adicional de complejidad que no contribuye a acelerar la inversión.

En suma, la nueva guía del SEA avanza hacia más detalle, más requisitos y más rigidez. Su intención puede ser buena, pero su efecto probable es el contrario al que Chile necesita: más permisología, más incertidumbre y una evaluación ambiental más lenta en un momento decisivo para el desarrollo del litio.