Sicariato digital y misoginia: la degradación irreversible

Existe una ingenuidad peligrosa al pensar que la crisis de nuestra democracia es un evento futuro, una amenaza que se perfila en el horizonte. La realidad, cruda y desoladora es que el daño ya está hecho. Estamos atravesando el averno digital. El tejido cívico que sostenía el debate público en Chile no se está rasgando. Ya se rompió. Y la prueba más fehaciente de esta degradación terminal no es solo la polarización ideológica, sino también la crueldad metódica con la que se ha instrumentalizado la libertad de expresión para transformarla en un arma de destrucción personal. No soy la primera voz que sale a denunciar esto. Son muchas las mujeres advirtiendo de esto hace años, pero al menos sí puedo dar fe de que la degradación es real, y es dolorosa.

Lo que presenciamos en esta elección presidencial con la campaña contra Evelyn Matthei y Jeannette Jara –la instalación artificial y perversa de rumores sobre salud mental y un supuesto alzhéimer y las groseras y escandalosas fakes news y burlas sobre la candidata que pasó al balotaje– marcan un punto de no retorno. Ya no estamos ante la fiscalización legítima de una figura pública ni ante el fragor propio de la contienda política. Estamos ante un acto de vileza calculado, donde la dignidad humana se sacrifica en el altar del algoritmo.

Este episodio no es un hecho aislado, sino la confirmación de una tesis amarga: en la “guerra de trolls” que hoy define nuestra política, las mujeres somos, invariablemente, las víctimas predilectas. La violencia digital tiene género. Mientras a los hombres en el poder se les ataca por su (in)competencia, su corrupción o sus ideas, a las mujeres se nos ataca a la psiquis, al cuerpo, a la familia y a la moral. Lo he vivido como víctima de una red de sicariato digital.

El ataque a Matthei en específico replica un patrón histórico de disciplinamiento social: buscar la invalidación de la mujer a través de la locura o la incapacidad biológica. Es la actualización digital de la vieja histeria, ahora convertida en hashtag por granjas de bots financiadas por intereses oscuros. El objetivo no fue vencerla en las urnas, sino aniquilarla en su humanidad, instalar la duda sobre su lucidez y, por extensión, enviar una advertencia a cualquier mujer que ose disputar el poder. Este es el costo de entrada: “Prepárate para que escudriñemos tu historial médico, tu familia y tu salud mental”.

Como abogada e investigadora de procesos políticos, observé con preocupación cómo se fue desvirtuando el concepto jurídico de la libertad de expresión. Este derecho fundamental, pilar de cualquier democracia sana, ha sido secuestrado por grupos de interés que, amparados en el anonimato y el poder económico, lo utilizan como módulos de ataque para el sicariato reputacional. Invocan la libertad para coartar la libertad del otro. Porque, ¿qué libertad real tiene una persona para ejercer un cargo o emitir una opinión si la respuesta es una maquinaria industrializada de acoso y mentira?

La asimetría es brutal. No es el “pueblo” hablando contra la élite, son capitales inconfesables pagando softwares de amplificación para simular una voz ciudadana que no existe. Han convertido el espacio público en un mercado persa de la difamación donde gana quien tiene más presupuesto para intoxicar las redes.

El daño institucional es severo, pero el daño cultural es quizás irreparable. Hemos normalizado que la destrucción del adversario mediante la bajeza personal es una táctica válida. Al tolerar que se utilice una enfermedad tan dolorosa como el alzheimer o atacar a Jeannette Jara por su origen social, como municiones válidas en la política, hemos descendido varios peldaños en nuestra escala civilizatoria. Y el daño sí fue infligido al punto de decidir una elección presidencial.

La guerra de trolls y bots no es un juego de niños ni una anécdota de X/Twitter. Es la privatización de la censura mediante el amedrentamiento. Y en esta selva desregulada, las mujeres estamos pagando la factura más alta, siendo forzadas muchas veces a replegarnos al silencio para proteger nuestra integridad psíquica.

Si no establecemos límites éticos y legales claros, si no exigimos transparencia sobre quién financia estas campañas de odio, la política será terreno exclusivo de quienes carecen de escrúpulos. En especial, el caso Matthei no debe ser visto como un ataque a un sector político, sino como la alerta final de una democracia que ha perdido su sistema inmunológico moral.

Quizás el caso brasileño –que destaca lo bueno, al mostrar que el Supremo Tribunal Federal está dispuesto a usar medidas contundentes para responsabilizar a plataformas y actores por la desinformación masiva, protegiendo así la democracia y el orden público ante amenazas reales– nos ayude a forzar un consenso sobre lo que nunca debe ser validado.