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La república imperial tumba al dictador venezolano
El derecho internacional queda gravemente comprometido. Ya lo estaba con toda la operación naval sobre aguas internacionales del Caribe, pero ahora más, con el reconocimiento del interés por controlar de recursos, más la restitución del orden quebrantado en Venezuela.
Cuando cerca de las 2 AM de la mañana sonaron las alarmas en Caracas y sus inmediacione, algunos entendieron que algo diferente sucedería el sábado 3 de enero. La operación “Martillo de Medianoche” protagonizada por el Primer Destacamento Operacional de Fuerzas Especiales Delta Force, unidad élite de Estados Unidos, había arrancado. Inmediatamente después se sintieron fuerzas explosiones en recintos civiles y militares de Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira, y poco después se confirmó la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Todo, a través de una acción focalizada que duró menos que un sismo de envergadura -apenas 47 segundos- y que culminó con 13 años de madurismo, con el exmandatario esposado y con antiparras, conducido primero al Iwo Jima USS y desde ahí a un avión que lo transportó a Nueva York, para ser juzgado.
Pero la madrugada no solo se descabezó al régimen neobolivariano que inauguró Hugo Chávez en 1999, sino que también cayeron los tabúes académicos que decían Estados Unidos intervenía directamente por la fuerza en el área de México, Centroamérica y el Caribe, pero no en Sudamérica, donde había otras formas de hacer sentir indirectamente su poder: operaciones encubiertas de la CIA, la diplomacia del dólar y el adoctrinamiento a través de organismos como la Escuela de las América.
Venezuela experimentó en el pasado amenazas externas, y diplomacia de las cañoneras a fines del siglo XIX por parte de Alemania y Reino Unidos, pero no una intervención como la que vimos ayer por parte de la mega potencia hemisférica. Es un cambio peligrosamente original de giro geopolítico.
Algunos dijeron que fue un copy paste de la extracción de Rafael Noriega desde la nunciatura de la Ciudad de Panamá otro 3 de enero, el de 1990. Dicha operación, intitulada “Causa Justa”, tuvo casi los mismos cargos: acusaciones de “narcotráfico, corrupción, y armas destructivas”, aunque en dicho episodio estas recayeron en contra de un antiguo colaborador estadounidense caído en desgracia. Distinto fue con Maduro, que siempre hizo de Estados Unidos un adversario narrativo. Pero además, en las postrimerías de la Guerra Fría, Washington disponía de un relevante contingente militar apostado en el Canal de Panamá para una acción militar de envergadura, mientras que respecto de Venezuela la fue forjando en cerca de cuatro meses.
En Venezuela se visualizó cómo a partir de septiembre pasado una flotilla se mantuvo no demasiado lejos de sus costas (más algunas naves en el Pacifico Sur) y con el nombre de “Lanza del Sur” operó bajo el argumento de emprender acciones “anti-narco terroristas”.
Los objetivos fueron 35 embarcaciones frágiles, acusadas de narcotráfico, dejando más de un centenar de ejecutados. Posteriormente comenzó el bloqueo económico sobre buques petrolíferos, a menudo con falsa bandera, dejando detenidos y sus cargas incautadas. Poco a poco asomaba un móvil anteriormente disimulado, el petróleo.
Es que junto a las señales enviadas a la opinión pública doméstica estadounidense respecto de “hacer algo” frente al ingreso ilegal de drogas –en una ruta en que solo entre un 5% y 10% se dirige a Estados Unidos-, la relevancia del control del crudo venezolano –la mayor reserva mundial- fue completamente despejada en la conferencia de prensa de Mar-a-Lago. Trump aseveró que empresas de Estados Unidos “recuperarían la afluencia de petróleo” y que serían resarcidas por los costos con un producto que se vendería incluso a Rusia, China e Irán entre otros.
Con ello el derecho internacional queda gravemente comprometido. Ya lo estaba con toda la operación naval sobre aguas internacionales del Caribe, pero ahora más con el reconocimiento del interés por controlar de recursos, más la restitución del orden quebrantado en Venezuela, sentando un importante precedente respecto de vulnerar la integridad territorial de un Estado.
No es la primera vez que Estados Unidos actúa unilateralmente. Lo hizo en los Balcanes, acompañado por la OTAN en 1999, o en Irak (con el concurso de Londres y Madrid), pero con argumentos completamente distintos: crisis humanitaria en el primer caso y armas de destrucción masiva en el segundo (que finalmente no tenía Saddam Hussein).
Sabemos que un país puede emplear unilateralmente la fuerza conforme a derecho internacional en legítima defensa, por autorización del Consejo de Naciones Unidas, y finalmente por “invitación” para prevenir una situación crítica. Las dos últimas definitivamente no han ocurrido, y en cambio la primigenia permitiría construir una justificación nada fácil. Aunque la ruta más simple ha sido apelar a restaurar el espíritu de la doctrina Monroe –o “Donroe” según el propio Trump- de 1823, con la cual “el predomino de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental no volverá a ser cuestionado”. En otras palabras, esferas de influencia, como a fines del siglo XIX y principios del XX –con los corolarios Olney de 1895 y Roosevelt de 1904, en el caso de Washington- con las potencias imperiales de Europa, Estados Unidos y Japón.
La conferencia de prensa en Mar-a-Lago dejó otras noticias: Estados Unidos se haría cargo de supervisar el gobierno de Venezuela, reconociendo transitoriamente a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, de la que se esperaría completa colaboración con Washington, bajo amenaza de una segunda oleada aún más cruenta de ataques.
Lo anterior significó quitarle el piso a María Corina Machado, quien a pesar de declarar que había llegado “la hora ciudadana” no cumpliría con las condiciones para hacerse cargo de Venezuela en la actualidad. Se confirma que, sin descartar una transición pactada que devenga en instalación de una democracia liberal, por ahora no se ve demasiado cerca. En consecuencia, la gobernabilidad sigue en suspenso, por un cuadro político e internacional aún demasiado revuelto.
Finalmente, está el recado que el Secretario de Estado Marco Rubio dejó a la tierra de sus padres: “los gobernantes cubanos deberían estar preocupados”. De replicarse una operación como este “Martillo de Medianoche” en la región, no sería Colombia, sino Cuba la amenazada. Es que la llamada, por algunos historiadores, República Imperial –en el sentido de potestad militar para dirigir tropas y gobernar- está de vuelta.
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