Punta Mar y crisis climática: el costo de normalizar lo que nunca debió construirse

La reciente aprobación del anteproyecto Punta Mar por parte del Concejo Municipal de Concón, a comienzos de diciembre pasado, marca un punto de inflexión en un conflicto que se arrastra por casi 15 años. Sin embargo, lejos de representar una solución ejemplar, este caso vuelve a evidenciar una de las mayores falencias de la política pública chilena: la incapacidad del Estado para proteger de manera efectiva su zona costera frente a proyectos que nunca debieron construirse. 

El edificio emplazado sobre el peñón costero de Punta Piqueros -concebido originalmente como un hotel- fue levantado a partir de un permiso de edificación otorgado en 2011 y posteriormente invalidado por la Corte Suprema, tras una acción impulsada por la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar. Luego de muchos debates y cambios en las acciones judiciales, en enero del año pasado, la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso ordenó su demolición por incumplir la normativa urbanística. Ese debió ser el cierre de la historia.

Sin embargo, el reciente respaldo municipal al proyecto Punta Mar busca evitar que esta estructura (cuya inversión ha sido estimada en US$80 millones) termine en escombros, mediante un cambio de uso del inmueble: oficinas, restaurantes, cowork y espacios abiertos a la comunidad, excluyendo la pernoctación debido al riesgo de tsunami. La pregunta de fondo es evidente: ¿cambiar el destino del edificio resuelve el problema de construir sobre un litoral rocoso?

Desde el Centro UC Observatorio de la Costa sostenemos que no. El conflicto de Punta Piqueros no es de uso, sino de emplazamiento. Se trata de una construcción ubicada en un sector altamente sensible del litoral, expuesto a marejadas cada vez más frecuentes e intensas, el aumento del nivel del mar y a la pérdida progresiva de hábitats costeros. La evidencia científica señala que intervenir de esta forma el litoral incrementa la vulnerabilidad territorial y transfiere riesgos a la sociedad en su conjunto.

Si, reconvertir el edificio puede parecer una salida pragmática, pero en la práctica, consolida un precedente peligroso: que proyectos al filo de la legalidad o mal ejecutados, puedan regularizarse a posteriori si alcanzan suficiente peso económico o presión política. Esto erosiona el principio de justicia ambiental, debilita la planificación territorial y normaliza la ocupación privada de un espacio que es, por definición, de carácter público.

Este no es un caso aislado. También en Concón, el edificio Kandinsky -afectado por un gran socavón en las dunas- y el proyecto Rocas de Maitencillo, con permisos cuestionados y extensas disputas judiciales, reflejan un patrón que se repite en las costas de Chile. Según los datos científicos de nuestro Centro UC Observatorio de la Costa, la erosión costera se ha duplicado en numerosas playas del país en años recientes, amplificando los impactos de marejadas y eventos climáticos extremos. Por ello, necesitamos una costa sana.

La raíz del problema es estructural. Chile arrastra una deuda de más de 170 años con su zona costera, marcada por la ausencia de una Ley de Costas que permita regular los usos del litoral, desde un enfoque sistémico, preventivo y orientado a la adaptación del cambio climático. A pesar del avance que representa la reciente actualización de la Política Nacional Costera, mientras esta ley no exista, los conflictos seguirán multiplicándose y las decisiones continuarán tomándose caso a caso, bajo presión y sin una visión de largo plazo.

Nuestra costa no puede seguir siendo tratada como un terreno disponible para la excepción permanente. Proteger la costa tampoco es un capricho ambientalista, es una obligación ética, científica y social, fundamental también para la reducción del riesgo de desastres y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Punta Mar no debiera celebrarse como una solución, sino asumirse como una advertencia de lo que ocurre cuando el Estado llega tarde y la planificación territorial está ausente.

Chile necesita decidir, de una vez por todas, si seguirá reaccionando ante los errores del pasado o si está dispuesto a construir una gobernanza costera que proteja a las personas, los ecosistemas y el futuro del país.