El sistema político chileno y su futuro

En el marco de la intervención estadounidense en Venezuela, las últimas noticias sobre la conformación del gabinete de José Antonio Kast y las recientes festividades, no es raro que la aprobación en el senado del proyecto enviado por el gobierno para reformar el sistema político haya pasado relativamente desapercibida.

Esta reforma, sin embargo, aborda uno de los problemas más persistentes del país y que probablemente mayor consenso ciudadano genera: el mal funcionamiento del sistema político. A pesar de que los efectos de cualquier reforma tomarán años en mostrar sus frutos, su contenido y objetivos son claves para entender el rumbo que se le busca dar a la política chilena en los años venideros. En ese sentido, a pesar de que las medidas aprobadas van en una dirección positiva, la reforma al sistema político todavía deja dudas legítimas en torno al tipo de democracia que queremos construir.

La discusión en torno al sistema político chileno no es nueva. Ya en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet se introdujeron importantes reformas tendientes a fortalecer al sistema de partidos por medio de una nueva ley de financiamiento y a ampliar la representatividad del congreso con la introducción de un nuevo sistema electoral más proporcional, entre otras medidas.

Estas reformas implicaron un cambio copernicano respecto a la restringida política binominal, permitiendo que nuevas fuerzas políticas pudieran acceder a representación parlamentaria. Sumado a lo anterior, la nueva ley de financiamiento a la política le permitió a los partidos acceder a recursos públicos por medio de un sistema más transparente y fiscalizable, al mismo tiempo que se prohibieron los aportes provenientes de empresas privadas.

Estas medidas en su conjunto constituyeron un avance, pero no resolvieron todas las falencias del sistema político ni frenaron tendencias que ya estaban en curso. En específico, los partidos chilenos continuaron caracterizándose por una crónica debilidad organizacional, la cual se traduce en militancias escasas o inactivas, y en una precaria inserción territorial. Dicha debilidad organizacional se ha visto profundizada por la proliferación de partidos que operan como poco más que plataformas electorales y que, ante su propia fragilidad, se han vuelto dependientes de caudillos locales y políticos independientes sin mayor compromiso con la organización por la cual fueron electos. El resultado es un sistema político más diverso, es cierto, pero con nuevos y viejos desafíos producto del discolaje, la fragmentación, y la falta de partidos con capacidades organizacionales para representar efectivamente a la ciudadanía.

Ante dicho escenario, sin embargo, no existe una única respuesta. Un conjunto de senadores de Socialismo Democrático y de Chile Vamos ha buscado enfrentar los problemas del sistema político estableciendo como medida estrella un umbral del 5% del voto nacional para acceder a representación parlamentaria. Dicha medida con justa razón ha generado resquemores y críticas en parte importante del arco político y en la comunidad académica.

La medida, que busca limitar el número de partidos representados en el Congreso, introduce una importante distorsión en el sistema electoral, al mismo tiempo que vuelve más complejo un sistema ya de por sí opaco para la mayoría de la población. Más aún, dicha medida, de ser implementada, conlleva el riesgo de retrotraer los avances en materia de representatividad logrados por las reformas impulsadas durante el gobierno de Michelle Bachelet, sin por ello abordar los problemas de fondo que aquejan al sistema político.

La reforma recientemente aprobada por el senado, sin embargo, apunta a una dirección distinta. Entre las medidas aprobadas se encuentra un aumento en los requisitos para formar nuevos partidos, los cuales ahora deberán reunir firmas equivalentes al 0,5% del padrón electoral, porcentaje que además deberá alcanzarse al menos en ocho regiones del país. Dicha medida por sí sola hará imposible la conformación de partidos con menos de 1.500 o 2.000 firmas a nivel nacional, como ha sido la tónica en los últimos años. La reforma aprobada también le otorga rango legal a los comités parlamentarios y limita la proporción de independientes que los partidos pueden llevar en sus listas.

Este conjunto de medidas tienen un objetivo claro: avanzar hacia partidos más robustos, con mayor presencia nacional, y bancadas parlamentarias más disciplinadas.

El avance de estas medidas es, por tanto, una buena noticia. No obstante, al igual que las medidas implementadas durante el segundo gobierno de Bachelet, la actual reforma puede pecar de no enfrentar con la suficiente determinación las falencias arrastradas por el sistema político e incluso crear nuevos problemas. Más aún, los vaivenes que ha experimentado esta reforma, sumado a los intentos por retrotraer ciertos avances alcanzados por reformas anteriores, generan dudas legítimas en torno al tipo de política y democracia estamos intentando construir.

Asumiendo que el objetivo es tanto construir partidos más robustos y disciplinados, pero también avanzar hacia una democracia más sustantiva y con mayor protagonismo ciudadano, entonces existen un conjunto de medidas que deben volver a ponerse sobre la mesa. Por un lado, a pesar de la esperada resistencia que ha generado, una reforma sustantiva pensada para fortalecer la disciplina partidaria requiere de medidas más audaces para enfrentar el discolaje y el transfuguismo, incluyendo la pérdida del escaño tras la renuncia o expulsión del partido. En la misma línea, una medida para fortalecer los vínculos entre partidos y ciudadanía, y que también fortalece la disciplina partidaria, consiste en avanzar hacia un sistema de listas cerradas en las cuales las personas pasen a votar por una organización e, idealmente, por su programa, por sobre una personalidad individual.

Por otro lado, en miras a avanzar hacia una democracia más sustantiva, medidas como la iniciativa popular de ley, y mecanismos de democracia directa y participativa,  algunas de las cuales fueron abordadas con amplio nivel de consenso en ambos procesos constitucionales, son esenciales para acercar la política a la gente y avanzar en protagonismo ciudadano.

Finalmente, a pesar de que es positivo que se suban los requisitos para formar nuevos partidos, la exigencia de reunir firmas equivalentes al 0,5% del padrón electoral puede terminar siendo una barrera que ninguna organización nueva sea capaz de superar, limitando así la oferta partidaria en beneficio de partidos ya constituidos. En ese sentido, dicha exigencia debería ser revisada en las siguientes etapas del debate legislativo, con el fin de consensuar un número de firmas más alto al actual pero con un mejor criterio de realidad.

En resumidas cuentas, el curso que ha tomado en las últimas semanas la reforma política, enfocada en el fortalecimiento de los partidos y la disciplina partidaria por sobre la implementación del umbral del 5%, es positivo. No obstante, las medidas puestas en discusión están lejos todavía de abordar con la profundidad necesaria los problemas arrastrados por el sistema político.

En un contexto de profunda desconfianza institucional, Chile difícilmente avanzará hacia un sistema político legitimado por su ciudadanía si no nos ponemos como horizonte construir una democracia más robusta. En ese sentido, es esperable que las medidas recientemente aprobadas por el senado continúen su trámite legislativo en la cámara de diputados, pero que de igual forma los y las legisladoras se abran a un debate más sustantivo y de largo plazo en torno a la política y la democracia que buscamos construir.