Universidades bajo presión: cuando la gestión importa tanto como la política pública

La masificación del acceso a la educación superior ha tensionado de manera significativa a las universidades chilenas. Sin embargo, atribuir la actual crisis financiera exclusivamente a los cambios regulatorios o a las políticas públicas de financiamiento y aseguramiento de la calidad constituye una explicación incompleta. Las diferencias en desempeño y sostenibilidad entre instituciones sugieren que la gestión, la gobernanza y la capacidad de adaptación siguen siendo factores decisivos.

Al igual que en otros países de Latinoamérica, el sistema chileno ha respondido al crecimiento de su matrícula, especialmente entre estudiantes de estratos socioeconómicos bajos. Actualmente, el gasto en educación superior bordea el 2,4% del PIB, cifra superior al promedio de la OCDE. Esto explica el alto dinamismo del sector, dado que el financiamiento de las universidades depende en gran medida de las tasas de matrícula, complementadas con recursos públicos a través de becas, gratuidad y créditos privados.

Como consecuencia, Chile presenta una alta privatización tanto en la provisión como en el financiamiento de su sistema universitario. Esto ha llevado a que las universidades compitan intensamente por atraer estudiantes, fondos públicos y nuevas fuentes de ingresos, generando desigualdades en el acceso, segmentación por nivel socioeconómico y tipo de institución, así como disparidades en la calidad de la oferta educativa. En este contexto, el sistema de aseguramiento de la calidad —que contempla la obligatoriedad de la acreditación institucional integral— busca fortalecer la gestión y la capacidad de autorregulación de las instituciones, promoviendo la diversidad, la inclusión, el uso responsable de los recursos públicos y la calidad de la formación.

En este escenario, se espera que las instituciones de educación superior, y especialmente las universidades que concentran la mayor parte de la matrícula, alcancen mayores niveles de eficiencia en sus distintas funciones. Ello resulta clave para responder a las crecientes exigencias de calidad, mediante la creación de valor y la mejora continua de sus procesos organizacionales. No obstante, esta aspiración no se observa de manera homogénea en el sistema universitario chileno, donde se ha evidenciado una crisis significativa, reflejada en instituciones que enfrentan problemas financieros que ponen en riesgo la continuidad de sus operaciones y la sostenibilidad de sus proyectos educativos.

Esta situación queda de manifiesto en el Segundo Informe sobre Salud Financiera de la Educación Superior en Chile, elaborado por la Superintendencia de Educación Superior a partir de información financiera correspondiente al período 2012–2022. En comparación con los institutos profesionales y los centros de formación técnica, las universidades aparecen como las más afectadas, particularmente aquellas más pequeñas y privadas que no pertenecen al grupo G9. En total, 11 universidades (20%) se encuentran en riesgo financiero, lo que ha dificultado el cumplimiento de sus misiones institucionales y las ha llevado a asumir mayores niveles de endeudamiento, recortar costos, liquidar activos y, en algunos casos, realizar despidos masivos.

El debate sobre las causas de esta crisis ha situado en el centro de la discusión a las políticas públicas de financiamiento y al sistema de aseguramiento de la calidad. Algunas autoridades universitarias explican las dificultades financieras a partir del modelo de financiamiento vigente, de las condiciones cada vez más restrictivas de la gratuidad y de otras regulaciones orientadas a un mayor control de las operaciones institucionales, las que —según esta visión— no garantizarían la estabilidad del sector ni los recursos necesarios para enfrentar sus desafíos. Desde la perspectiva de quienes actualmente lideran la política pública en educación superior, en cambio, se descarta que la gratuidad o las exigencias de acreditación sean la causa principal de los problemas financieros, apuntando más bien a deficiencias en la gestión interna y en los mecanismos de rendición de cuentas de algunas instituciones. Esta postura se sustenta al observar que existen universidades que, enfrentando el mismo marco regulatorio, han logrado mantener niveles adecuados de sostenibilidad financiera y calidad académica.

En este contexto, la sostenibilidad institucional no depende únicamente del entorno regulatorio, sino también de la capacidad de las universidades para revisar sus modelos de gestión, diversificar sus fuentes de ingresos, fortalecer sus sistemas de control y profesionalizar sus estructuras de gobierno. Esto supone un desafío mayor para quienes dirigen las instituciones, en la medida en que los modelos de gobernanza pueden constituirse en instrumentos centrales de planificación estratégica frente a un entorno cada vez más exigente.

Si bien es cierto que el actual contexto normativo presiona y tensiona al sistema universitario, la sostenibilidad de los proyectos educativos exige que las propias instituciones asuman un rol activo en la mejora de sus procesos, su gobernanza y su rendición de cuentas. De no enfrentarse adecuadamente esta crisis, no solo podría aumentar la cifra de 26 universidades que han cerrado en los últimos 30 años, sino que también se corre el riesgo de erosionar la legitimidad del sistema de educación superior en su conjunto.