Cenizas del descuido: los incendios forestales en Chile y la crisis de gobernanza climática

Este artículo es un análisis crítico de una tragedia que venimos anunciando desde hace años. Estos últimos días hemos visto imágenes estremecedoras: pueblos enteros bajo cielos apocalípticos naranjas en Ñuble y Biobío, poblaciones devastadas en Lirquén y Punta de Parra que tienen una característica letal, porque se situaban en la interfaz urbano-forestal. Años antes fueron en Viña del Mar, Rancagua o Chillán; viñedos centenarios en el Maule reducidos a carbón y ecosistemas únicos, como la Reserva Nacional China Muerta, en la Región de La Araucanía, borrados del mapa en horas.

Debido a las limitaciones de las administraciones ambientales y forestales, en Chile ya no observamos los incendios forestales como desastres lejanos: los habitamos, los respiramos y sufrimos sus cicatrices. En la última década, nuestro país se ha convertido en un laboratorio aterrador de cómo el cambio climático, sumado a profundas fallas estructurales en la gestión del territorio, puede generar una tragedia recurrente y devastadora.

El pecado de poner solo el foco en las energías renovables, tecnologías, inversiones y mercados nos está pasando la cuenta. Muy poca atención hemos puesto en la prevención, adaptación y en proteger a la gente y a la biodiversidad.

Los números hablan de una escalada sin precedentes. Según la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la superficie afectada por incendios en las últimas 10 temporadas supera los 1.7 millones de hectáreas, con daños incalculables en biodiversidad, infraestructura y vidas humanas. La temporada 2016-2017 marcó un punto de inflexión histórico: más de 570 mil hectáreas arrasadas, un récord que se creía excepcional hasta que las temporadas siguientes confirmaron una nueva y alarmante normalidad. Los incendios se concentran en la zona centro sur del país, desde Valparaíso hasta La Araucanía, región que alberga gran parte del bosque nativo y de la actividad agroforestal y vitivinícola nacional.

La actual temporada de incendios, que nos remeció a partir del 17 de enero, es muy probable que sea la mayor de las sufridas hasta hoy en nuestra historia, con pérdidas y daños multimillonarios y con más fallecidos. Ya van más de 21 fallecidos en el megaincendio de la zona sur del país y miles de viviendas destruidas, con temperaturas en algunos lugares superiores a 38 °C y con ráfagas de viento de más de 50 km por hora y escasa humedad.

Y las condiciones meteorológicas gatilladas por el cambio climático es probable que duren varios días más, con sus terribles consecuencias, y que estas cifras aumenten notoriamente. No olvidemos tampoco que aún nos falta que termine el verano con sus temperaturas extremas.

Una mirada al pasado reciente

El megaincendio de 2017, denominado “Tormenta de Fuego”, consumió más de 467 mil hectáreas entre las regiones de O’Higgins y el Maule en solo días. Este evento dejó 11 fallecidos, más de 1.500 viviendas destruidas y pérdidas económicas directas e indirectas estimadas en US$ 350 millones, según la Cepal. La localidad de Santa Olga fue literalmente borrada del mapa.

La temporada 2022-2023 fue una de las más extensas y letales, con más de 425 mil hectáreas quemadas. Los incendios en Viña del Mar y las zonas aledañas, en plena zona de interfaz urbano-forestal, mostraron con crudeza la vulnerabilidad de las ciudades. Las pérdidas en viviendas, infraestructura turística y agricultura nuevamente ascendieron a cientos de millones de dólares.

El costo oculto de las llamas: más allá de las hectáreas quemadas

El costo económico de esta temporada de incendios 2026 será estratosférico y multidimensional. La estimación va mucho más allá de los gastos en combate del fuego, que superan regularmente los US$ 100 millones por temporada. Habrá que contabilizar:

1. Pérdidas productivas directas: destrucción de plantaciones forestales (principalmente pino y eucalipto), viñedos, frutales y cultivos agrícolas. Solo en la temporada 2017, el sector forestal perdió alrededor de US$ 170 millones en madera.
2. Destrucción de infraestructura: viviendas, caminos, tendidos eléctricos, sistemas de riego y obras públicas. La reconstrucción de Santa Olga, por ejemplo, requirió de una inversión estatal superior a los US$ 40 millones.
3. Impacto en turismo y servicios: regiones como el Maule, Ñuble y Valparaíso vieron afectada su principal actividad económica por meses, con cancelaciones masivas y daño a la imagen país.
4. Costos ambientales y de salud incalculables: pérdida de biodiversidad irremplazable (flora y fauna endémicas), degradación de suelos, contaminación del aire con efectos respiratorios en millones de personas y la emisión de millones de toneladas de CO₂ que aceleran el mismo cambio climático que alimenta los incendios.

Un estudio del Banco Central de 2021 intentó cuantificar parte del impacto de los incendios, estimando que los desastres naturales (donde los incendios son protagonistas) le costaron al país un 1,2% del PIB promedio anual entre 1970 y 2016. En esta temporada 2026, vislumbramos que ese porcentaje va a ser considerablemente mayor.

¿Por qué fallamos? Un análisis crítico de las fallas estructurales

Chile es un país reconocido por su capacidad de respuesta ante emergencias. El heroísmo de los pobladores, bomberos, brigadistas y pilotos es indiscutible. Sin embargo, el enfoque ha estado desbalanceado, puesto en la reacción y no en la prevención y adaptación. Esta mirada cortoplacista es un fracaso de gobernanza que atraviesa múltiples instituciones:

1. Ministerio del Medio Ambiente (MMA): la política sin dientes y la descoordinación

 Si bien existe una Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, su implementación es fragmentada y carece de financiamiento permanente y de mandatos vinculantes para otros ministerios. La Ley Marco de Cambio Climático (Ley N° 21.455) es un avance, pero aún no se materializa en planes territoriales concretos y con presupuesto asignado para reducir la vulnerabilidad ante incendios.

Hay una desconexión entre la política climática nacional y las acciones en el territorio. Además, la evaluación ambiental estratégica (que podría incorporar riesgo de incendios en la planificación) es débil y no es aplicada de forma sistemática.

2. Conaf y el modelo forestal: el elefante en la habitación

 La discusión sobre el modelo forestal chileno es ineludible. Miles de hectáreas de plantaciones monoespecíficas de pino y eucalipto, altamente inflamables y con escasas barreras naturales, funcionan como autopistas para el fuego. Conaf, con un presupuesto crónicamente insuficiente, históricamente ha tenido un rol dual y potencialmente conflictivo: fomentar la producción forestal y proteger los bosques nativos.

La prevención (manejo de combustible, podas, cortafuegos) es insuficiente y no logra escalar al tamaño del problema. La Ley de Bosque Nativo y Fomento Forestal (Ley N° 20.283) ha demostrado ser ineficaz para detener la degradación y sustitución de bosque nativo, ecosistema que, con su diversidad, suele ser más resiliente al fuego.

3. Ministerio de Vivienda y Urbanismo y planificación del territorio: la expansión caótica hacia el peligro

Quizás la falla más grave es la planificación urbana y territorial. Chile ha permitido y, en muchos casos, fomentado, la expansión descontrolada de viviendas y loteos en zonas de interfaz urbano-forestal, áreas de alto riesgo donde la vegetación se mezcla con asentamientos humanos.

No existen instrumentos de planificación territorial (como planes reguladores intercomunales o metropolitanos) suficientemente robustos para prohibir o condicionar severamente la construcción en estas zonas de riesgo. La Política Nacional de Desarrollo Urbano y la Ley General de Urbanismo y Construcciones no incorporan el riesgo de incendios forestales como un criterio prioritario y vinculante. El resultado son urbanizaciones sin buffers de seguridad, sin acceso a grandes reservas de agua para combatir incendios, con calles estrechas y miles de familias viviendo en la boca del lobo.

4. Fragmentación institucional y falta de una autoridad política única

La responsabilidad está diseminada: MMA diseña políticas, Conaf gestiona prevención y combate (en zonas rurales), Senapred coordina emergencias, Minvu planea ciudades, y los municipios otorgan permisos de edificación. No hay una autoridad con poder real para integrar la gestión del riesgo de incendios en todas las políticas sectoriales. La Coordinación Nacional de Prevención y Combate de Incendios Forestales es estacional y operativa, no una instancia de planificación estratégica permanente.

Conclusión: la encrucijada

Los incendios forestales en Chile no son un “desastre natural”. Son desastres socionaturales, construidos por décadas de un desarrollo ciego al riesgo, de priorizar la ganancia económica rápida sobre la resiliencia a largo plazo, y de una mirada climática que llega demasiado tarde y con demasiada poca fuerza al territorio.

Cada temporada de incendios que pasa es más cara, más larga y mortífera que la anterior. Estamos gastando fortunas en apagar las llamas, pero somos tacaños en invertir en evitar que se inicien. El verdadero fuego que debemos combatir es el de la falta de prevención, la indolencia, la descoordinación y la mirada cortoplacista.

Las cenizas del megaincendio en Ñuble y Biobío son una advertencia clara: o cambiamos el modelo de gestión del territorio, o nos resignamos a que el paisaje de Chile, y la seguridad de sus ciudadanos, arda año tras año. El momento de la prevención estructural es ahora. Mañana, otra vez, será tarde.