Abordar las deudas del cambio: una condición clave para la sostenibilidad democrática

En los últimos años el debate global sobre el futuro de las democracias contemporáneas se ha intensificado. En Chile, algunos análisis destacan su resiliencia en base a la fortaleza de sus instituciones y su capacidad, desde la recuperación de la democracia, para desarrollar políticas públicas que se han traducido en un mayor bienestar de la población. Otros plantean que la democracia chilena se encuentra amenazada por la fragmentación, la polarización y la crisis de representación, así como por escándalos de corrupción y la proliferación de la desinformación, entre otros factores. 

La reciente publicación del PNUD “Deudas del cambio y democracia” analiza cómo la evaluación que las personas hacen de los cambios recientes del país se relaciona con el apoyo a la democracia como forma de gobierno, y con disposiciones subjetivas relevantes para sostenerla en la vida social. Varios hallazgos merecen ser destacados. Lo primero es que Chile tiene una base cultural y subjetiva favorable a la democracia, y esa es una condición clave para su resiliencia. Pero el estudio también evidencia señales de riesgo. Pues, mientras más negativa es la evaluación de los cambios recientes y del delivery democrático, mayor es la disposición a adoptar actitudes y prácticas que debilitan la democracia. 

Lo anterior se aprecia claramente en la asociación entre el apoyo a la democracia como forma de gobierno y la percepción que las personas tienen de los cambios en el país. Si bien la ciudadanía manifiesta una mayoritaria adhesión a la democracia como forma de gobierno (un 58% señala que “la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno”), la percepción de que Chile está cambiando para peor, o que no ha cambiado y se ha mantenido igual en los últimos cinco años, se asocia a una mayor distancia hacia la democracia, ya sea a través de la postura condicional (“en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a un gobierno democrático”) o la indiferente hacia ese régimen (“a la gente como uno le da lo mismo un régimen democrático que uno autoritario”). En efecto, tanto “demócratas” como “condicionales” perciben que Chile está cambiando, pero estos últimos consideran en mayor medida que esos cambios han sido para peor. Esta percepción alcanza al 56% en los demócratas, al 67% en los condicionales y al 61% en los indiferentes. Este último grupo también se distingue por una mayor percepción de estancamiento que el resto: un 33% del grupo de indiferentes considera que la situación del país se ha mantenido igual, mientras que el 27% de los demócratas y el 25% de los condicionales piensa lo mismo. 

Pero los datos muestran también que hay algo aún más profundo en riesgo: la base relacional y cultural requerida para sostener y renovar la democracia en la vida cotidiana. Las personas más tolerantes al uso de la violencia en política y a los excesos policiales en contextos de inseguridad ciudadana, más proclives al punitivismo, que más aceptan la desigualdad y la exclusión o que prefieren liderazgos confrontacionales tienden a ser precisamente aquellas con una mayor percepción de deterioro y estancamiento del país. 

Además, las deudas del cambio se vinculan con un menor involucramiento político y una menor disposición a asumir costos fundamentales para la vida democrática, como la tolerancia al conflicto, la capacidad de espera y la voluntad de ceder. Así, por ejemplo, la disposición a esperar por los resultados de los cambios alcanza su punto más alto entre quienes creen que el país ha mejorado (76%), y desciende a 71% entre quienes perciben deterioro y a 68% entre quienes perciben estancamiento. La disposición a ceder, es decir, a aceptar soluciones que no se ajustan exactamente a las propias preferencias, también disminuye: de 72% entre quienes evalúan que el país ha mejorado, cae a 66% entre quienes perciben estancamiento y a 64% cuando se percibe deterioro en el país. Del mismo modo, la tolerancia al conflicto se reduce de manera progresiva (53%, 43% y 39%, respectivamente).

En este contexto, atender las deudas del cambio y mejorar la capacidad de respuesta de la democracia no es solo un imperativo normativo ante necesidades sociales evidentes, sino una condición fundamental para la sostenibilidad del régimen en la vida cotidiana. Es también clave para el futuro de la política, y especialmente para la representación y la intermediación. No basta solo con reformas formales al sistema político, sino también que los liderazgos políticos mejoren el desempeño del sistema. 

Pero estos desafíos no pueden encararse de cualquier forma. Para alcanzar los cambios deseados, las personas prefieren la gradualidad, y ante los problemas actuales del país optan por soluciones que garanticen la inclusión social y la igualdad de género. Además, la mayoría se inclina por liderazgos y autoridades que actúen conforme a la ley, que promuevan decisiones participativas y que sean capaces de alcanzar consensos y acuerdos. Por eso los cambios deben cumplir una doble condición: que se concreten mediante mecanismos democráticos, y que asuman como horizonte normativo el fortalecimiento de la democracia.