J. A. Kast, Ciencia y Tecnología: entre los recortes y más de lo mismo

Tras la reciente elección presidencial vuelve a aparecer en el debate público la (interminable) preocupación respecto al financiamiento de la ciencia y la tecnología en Chile. El discurso del futuro Presidente en la jornada inaugural del Congreso Futuro no ha ayudado a apaciguar dicha preocupación. Por el contrario, a pesar de la acertada frase “Chile no tiene futuro sin ciencia”, su énfasis en la digitalización del sector público, en la utilización de IAs y su vinculación con el sistema educativo primario, en la eficiencia productiva y la reducción de costos, reflejan la continuación de un modelo de Ciencia y Tecnología (CyT) que durante los últimos 40 años no ha logrado dar cumplimiento a lo prometido.

Pero eso no es todo. Distintos actores del sistema científico han advertido que las señales entregadas por el presidente electo en materia presupuestaria podrían implicar una reducción del apoyo estatal a la investigación. En un reciente artículo en este mismo medio se mencionó cómo investigadores y exautoridades del sector científico, en un artículo publicado en la revista Science, alertaron sobre el riesgo de que la ciencia vuelva a perder prioridad en la agenda pública si se concretan recortes al presupuesto destinado a investigación y desarrollo.

Más allá de la coyuntura electoral, estas advertencias reactivan un debate que ya se había abierto con fuerza meses atrás, a partir de la carta de Miguel Kiwi y Francisco Muñoz sobre los incentivos a la publicación académica en Chile.

Aunque ambos debates emergen en contextos distintos, comparten una estructura argumental común. Por un lado, se sostiene que existiría un mal uso de los fondos públicos destinados a ciencia y tecnología; por el otro, se plantea la necesidad de financiar únicamente una ciencia considerada “útil”, generalmente entendida como aquella que produce retornos económicos directos o aplicaciones inmediatas. En ambos casos, más que una discusión estrictamente presupuestaria, lo que se pone en cuestión es el sentido mismo de la actividad científica o, dicho de otro modo, qué se entiende por impacto científico.

La noción de impacto no es neutra ni ahistórica. A lo largo de la historia chilena, la ciencia ha sido valorada de distintas maneras según el proyecto de país predominante. En el siglo XIX y comienzos del XX, el impacto científico se asociaba principalmente a su contribución a la construcción y modernización del Estado, mediante saberes orientados a la administración del territorio, la salud pública o la producción de estadísticas.

A mediados del siglo XX, en el marco de la articulación entre ciencia y desarrollo promovida por organismos internacionales, el impacto comenzó a entenderse crecientemente en términos productivos, enfatizando la investigación tecnológica y su aporte al crecimiento económico. Desde los años ’90 en adelante, esta visión se combinó con una fuerte internacionalización del sistema científico, donde el impacto pasó a medirse también por la inserción en redes globales, la publicación en revistas indexadas y la contribución a la competitividad del país.

En años más recientes, sin embargo, ha emergido con mayor fuerza la idea de que el impacto científico no puede reducirse ni a la productividad académica ni a la rentabilidad económica, incorporando dimensiones sociales, territoriales y políticas. Esta ampliación de la noción de impacto ha tensionado los sistemas de evaluación e incentivos existentes, sin que ello haya derivado en consensos claros sobre cómo valorar adecuadamente la contribución de la ciencia a la sociedad.

Al observar las promesas de ajuste fiscal de Kast, así como su cercanía discursiva y programática con figuras como Javier Milei y Donald Trump, emerge una peligrosa combinación entre posiciones abiertamente anticientíficas (ultra conservadoras y anti intelectuales)  y una concepción que traslada al mercado la responsabilidad principal de invertir en ciencia y tecnología.

Esta visión no es nueva en Chile. De hecho, fue uno de los supuestos que orientó la creación de Fondecyt en 1982, en plena dictadura, cuando el Estado redujo su rol directo en la planificación científica y apostó por mecanismos competitivos de financiamiento, bajo la premisa de que la asignación de recursos debía responder a criterios de eficiencia y mérito individual, en un contexto de fuerte retracción del gasto público.

La experiencia histórica muestra que esta lógica tiende a debilitar las capacidades científicas nacionales, profundizar desigualdades entre disciplinas e instituciones, y subordinar la producción de conocimiento a dinámicas de corto plazo. Más aún, cuando se combina con discursos que desacreditan el conocimiento experto, cuestionan la evidencia científica o reducen la ciencia a un gasto prescindible, el resultado puede ser un deterioro estructural del sistema científico, con consecuencias difíciles de revertir.

Por ello, más que discutir si la ciencia merece ser financiada, el desafío central es cómo fortalecerla y evaluarla de manera integral, reconociendo la diversidad de impactos que esta produce. Y más importante aún, esto debe hacerse en el marco de una discusión amplia, participativa y plural, que involucre a la mayor cantidad posible de actores del campo científico, provenientes de todas las disciplinas, como también a los distintos representantes de la sociedad civil.