Cuando la escuela deja de ser un lugar seguro

Cada mañana, miles de familias dejan a sus hijos e hijas en la puerta de una escuela con una certeza implícita: que, al menos allí, estarán a salvo. No es una reflexión consciente ni una confianza elaborada; es una suposición básica que permite seguir adelante. Porque cuando esa certeza se quiebra, todo lo demás se vuelve frágil. Esa es, quizá, la pregunta que hemos evitado hacernos con honestidad: ¿son realmente seguras las escuelas en Chile?

Durante años, la escuela fue entendida como un espacio protegido, un lugar donde el conflicto social quedaba fuera y donde el riesgo parecía contenido. No porque el peligro no existiera, sino porque se asumía que el Estado había garantizado condiciones mínimas para que educar no implicara exponerse a amenazas que excedieran la tarea pedagógica. Hoy, esa suposición ya no se sostiene.

La seguridad escolar dejó de ser una condición garantizada y pasó a depender de factores ajenos al proyecto educativo: el territorio, la precariedad acumulada, el abandono urbano, la desigualdad. En muchos casos, depende también del esfuerzo cotidiano de docentes y equipos directivos que intentan sostener, con vocación y desgaste, lo que el sistema no logra asegurar.

No es que las comunidades educativas hayan fallado. Es que el entorno cambió y el Estado optó por administrar ese cambio, no por enfrentarlo.

La respuesta institucional ha sido conocida y reiterada: planes, protocolos, simulacros, orientaciones. El Plan Integral de Seguridad Escolar se presenta como la principal herramienta preventiva del sistema. Sin embargo, en demasiados establecimientos, esa seguridad se vive más como un requisito administrativo que como una protección efectiva. Se llenan formularios, se validan procedimientos, se cumple con lo exigido. La gestión del riesgo se transforma en evidencia documental. El papel tranquiliza. La realidad, no.

A esta fragilidad estructural se suma una dimensión que incomoda y que suele abordarse con eufemismos: la violencia dejó de ser algo externo a la escuela. En muchos territorios forma parte del entorno cotidiano. Establecimientos tomados durante semanas, docentes agredidos, amenazas armadas en los alrededores, violencia persistente dentro de las salas de clases.

En algunos casos, esa violencia ha terminado con estudiantes muertos en riñas escolares. No como hechos improbables, sino como síntomas de un deterioro social profundo que vuelve a descargarse sobre la escuela.

Pese a ello, se sigue esperando que el sistema educativo funcione como si el contexto no importara. Como si bastara con un protocolo para neutralizar la inseguridad. Se le exige a la escuela gestionar riesgos que no creó y frente a los cuales tiene escaso margen de acción. Eso no es prevención. Es traspaso de responsabilidad.

Chile tiene zonas donde el riesgo no es eventual, sino permanente. Territorios que el propio Estado ha reconocido como zonas de sacrificio ambiental o social. Lugares donde vivir implica convivir con contaminación crónica, inseguridad estructural y abandono institucional. Y en esos mismos lugares hay escuelas y jardines infantiles funcionando todos los días.

A esas comunidades se les exige cumplir planes y realizar simulacros, pero no se les entrega un entorno razonablemente seguro. Se les pide organización frente al riesgo, pero no se intervienen las causas que lo producen. Eso no es prevención. Es acostumbrarse al daño.

En este punto, la seguridad escolar deja de ser un asunto técnico y se vuelve una decisión política. Mantener abiertas escuelas en territorios estructuralmente inseguros no es neutral. Es aceptar que algunos niños y niñas estudien en condiciones más riesgosas que otros. Es asumir que esa desigualdad es tolerable mientras no derive en una tragedia visible.

Con frecuencia aparece un argumento que opera como consuelo colectivo: en Chile, ninguna catástrofe de gran magnitud ha ocurrido en horario de clases. Se repite como si fuera prueba de que el sistema ha funcionado. No lo es. Es una coincidencia histórica. En uno de los países más sísmicos y expuestos del mundo, confiar en que esa coincidencia se mantenga no es una política de seguridad. Es una apuesta. Y una riesgosa.

El Estado conoce este escenario. Existen diagnósticos técnicos, catastros de infraestructura crítica y advertencias suficientes. Lo que falta no es información. Es decisión. Porque prevenir de verdad cuesta: recursos, coordinación, enfrentar conflictos territoriales y asumir decisiones impopulares. Y ese costo, hasta ahora, se ha preferido postergar.

Así, la seguridad escolar se ha transformado en una responsabilidad delegada a las escuelas, pero sin poder real ni recursos suficientes. Se les exige responder, pero se las deja solas. Se fiscaliza el cumplimiento, pero no se interviene el entorno. La prevención se enuncia, pero no se financia. El resultado es una ficción funcional: se sostiene la idea de que las escuelas son seguras porque necesitamos creerlo.

Pero las ficciones no protegen vidas. Seguir afirmando que las escuelas son espacios seguros, cuando se sabe que no lo son en todos los territorios, no es confianza institucional. Es negación. Mantener establecimientos abiertos en contextos estructuralmente inseguros, sin intervenir las causas de fondo, no es gestión del riesgo. Es administración del daño. Y administrar el daño, sabiendo que el costo puede ser la vida de estudiantes y trabajadores de la educación, también es una decisión política.