Qué nos dice el informe “Proyecciones de Gasto Público en Chile 2025–2050”: y ¿qué no nos dice?

El reciente informe de la Dirección de Presupuestos, “Proyecciones de Gasto Público en Chile 2025–2050”, instala con claridad un dato que ya no admite evasiones: el envejecimiento será la principal presión estructural sobre las finanzas públicas en las próximas décadas.

Nos dice que el gasto en salud podría casi duplicar su peso en el PIB hacia 2050. Nos dice que el sistema previsional seguirá aumentando su incidencia presupuestaria. Nos dice que la proporción de personas mayores crecerá aceleradamente y que, si no anticipamos estas tendencias, el espacio fiscal se estrechará.

En otras palabras, el informe hace algo fundamental: convierte el envejecimiento en una variable macrofiscal. Ya no es solo un tema social o sanitario. Es un asunto de sostenibilidad del Estado.

Pero también hay algo que el informe no nos dice. No nos dice si el modelo de atención en salud seguirá siendo el mismo. No nos dice si los cuidados de larga duración serán parte central de la arquitectura pública o si seguirán descansando silenciosamente en los hogares. No nos dice si el envejecimiento será gestionado como riesgo o como oportunidad.

Las proyecciones parten de una base razonable: compromisos vigentes, crecimiento demográfico, supuestos salariales y económicos. Sin embargo, como toda proyección, suponen continuidad institucional. Y ahí está el punto crítico.

Si el sistema de salud continúa hospitalocéntrico y reactivo, la curva de gasto que se proyecta puede incluso quedarse corta. Si no fortalecemos la atención primaria, la gestión de crónicos, la rehabilitación o el apoyo domiciliario, el envejecimiento se expresará en más hospitalizaciones evitables y mayores costos al final de la vida.

La edad no es el principal determinante del gasto. Lo son la fragilidad no pesquisada, la multimorbilidad mal gestionada y la falta de continuidad de cuidados.

El informe tampoco nos dice —porque no es su objetivo— que el envejecimiento puede generar nuevas dinámicas económicas. Personas mayores más saludables y activas significan también mayor participación laboral flexible, emprendimiento senior, voluntariado, transmisión de conocimiento y cohesión comunitaria.

Cuando miramos solo la columna del gasto, invisibilizamos la columna del aporte.

También hay un punto metodológico que merece atención: las proyecciones no incorporan incrementos significativos en materia de cuidados de larga duración. Sin embargo, cualquier país que envejece sabe que ese es el nudo central. Ignorarlo en el modelo puede subestimar presiones futuras, pero también invisibiliza la principal palanca de transformación. Porque el verdadero dilema no es “derechos sociales versus sostenibilidad fiscal”. El dilema es si diseñamos derechos con inteligencia institucional.

Invertir en prevención de dependencia, en entornos amigables, en integración intergeneracional y en sistemas de cuidado coordinados puede contener costos hospitalarios futuros y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de vida. El envejecimiento no es un error demográfico. Es un logro civilizatorio.

La pregunta no es cuánto costará envejecer. La pregunta es si tendremos la audacia de rediseñar el Estado para una sociedad longeva. El informe nos dice que la transición ya está en marcha. Lo que no nos dice —y depende de nosotros— es si esa transición será gestionada con miedo o con visión.

Chile no enfrenta un problema de longevidad. Enfrenta un desafío de gestión pública. Y ahí es donde se juega el futuro.