Cuatro años de guerra en Ucrania

Cuando las tropas rusas invadieron Ucrania, el 24 de febrero de 2022, para conquistar el territorio de ese país, por decisión de Vladimir Putin, era difícil pensar que estaríamos cuatro años después presenciando la continuidad de esta guerra. Para dimensionar lo que significa este largo tiempo consideremos que él excede el lapso de participación directa de la Unión Soviética, a la pertenecía Rusia, en la segunda guerra mundial.

Como ha sido reiterado, en variados análisis, la acción de Rusia constituye una flagrante violación al Derecho Internacional y a los principios básicos que se ha dado la comunidad internacional después de 1945, al término del mencionado acontecimiento bélico, esto es, la prohibición del uso de la fuerza armada como instrumento de agresión y conquista.

Si se observa la prolongación del conflicto que ha afectado de manera gravísima la paz internacional corresponde reiterar, entre otros aspectos, los errores estratégicos cometidos por Putin. De partida, no percibió la capacidad de reacción de Ucrania. Es posible que haya pensado en una acción rápida, tipo Blitzkrieg, utilizando el concepto alemán. Seguramente tomó como referente lo ocurrido en Crimea el 2014.

Por otra parte, el objetivo de desplazar del poder al gobernante ucraniano, Volodimir Zelenski, no consideró las capacidades de éste. En efecto, Putin y su séquito desvalorizaron sus atributos y fueron sorprendidos por su coraje, liderazgo y capacidad comunicacional, como también sus condiciones para cohesionar a la población de su país ante la agresión.

Por las dimensiones que ha alcanzado este conflicto es preciso señalar que Ucrania ha contado con la solidaridad de la inmensa mayoría de los países europeos, que también se ven amenazados con la conducta del gobierno ruso. La condena mayoritaria manifestada en resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas también debe ser considerada, sin perjuicio de observar críticamente la parálisis del Consejo de Seguridad a causa del veto de Rusia, en cuanto miembro permanente de este órgano.

La llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos abrió una incógnita. Había manifestado, en el marco de la pulsión de la campaña electoral, que bajo su mandato terminaría la guerra en 24 horas. Las incertidumbres de acrecentaron por las condiciones colocadas a la OTAN y el trato dado al propio Zelenski, a quien intentó humillar en una primera entrevista en Washington. A ello se sumó la búsqueda de una negociación directa con Rusia, sin considerar a Ucrania y a los países europeos. 

También esto implicó, en este caso del gobernante estadounidense, un error de percepción. Los estados europeos no han aceptado quedar al margen de las negociaciones, porque está de por medio su propia seguridad y, además, han fortalecido su compromiso con la OTAN, lo que se ha visto acrecentado con la incorporación a esta organización de defensa de estados como Suecia y Finlandia. Esto era bastante improbable antes de la invasión a Ucrania, país que, por cierto, como directamente afectado con la agresión no podía no ser considerado como actor negociador. 

El trato de Trump a Zelenski ha variado, pero la negociación se entrampa especialmente por el tema territorial. Esto tiene explicación, porque resulta una demanda difícil de aceptar que un país asuma cercenar su territorio, en la evolución y vigencia actual del derecho internacional, a raíz de un acto de fuerza como el impulsado por Rusia. Por mucho que el presidente Trump haya mostrado por sus dichos y actos no atesorar principios y reglas, es nítido que esto no se lo puede imponer a otros gobernantes.

La guerra, según cálculos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos ha dejado al menos 15.000 civiles fallecidos, incluidos niños y mujeres. Esta cifra puede ser incluso superior, por las dificultades existentes para documentar las muertes en medio de los combates. A ello hay que sumar los miles de pérdidas de vidas militares de las fuerzas combatientes de ambos bandos y la destrucción de infraestructura esenciales para el desarrollo de Ucrania. Además, se debe tener presente las innumerables personas desplazadas a causa de la situación bélica.

Ante los efectos de la guerra la Corte Penal Internacional, desde marzo de 2023, tiene requerido a Vladimir Putin por crímenes de guerra, que es uno de los delitos internacionales sobre los que dicho Tribunal tiene competencia para perseguir responsabilidades personales de quienes se estimen culpables.

Después de cuatro años quedan de manifiesto, una vez más, las consecuencias que acarrean las acciones de fuerza al margen del derecho. Por tanto, debe insistirse con la mayor decisión en la búsqueda de negociaciones leales, ajustadas a principios y reglas, para lograr una paz estable. Esto es una demanda que debe efectuarse a todos los actores por parte de la comunidad internacional, toda vez que la existencia de conflictos de la envergadura de que existe en Ucrania afecta al conjunto del planeta.