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Autonomía, cuidado y desigualdad de género en el mundo rural Opinión

Autonomía, cuidado y desigualdad de género en el mundo rural

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Este 8 de marzo, hablar de derechos de las trabajadoras rurales exige ampliar la mirada. No basta con el derecho al empleo: se requiere derecho al tiempo, al descanso, a condiciones laborales dignas y a una corresponsabilidad social del cuidado.


“Las cosas de la casa, soy yo, porque mi marido trabaja”. Quien dice esto es una trabajadora de tiempo completo en una planta agroindustrial en la zona central de Chile. Sale antes que amanezca. Trabaja todo el día de pie y haciendo movimientos repetitivos, expuestas a calor o frío extremo, bajo horarios rígidos y pago a trato. Vuelve agotada en la noche y ahí empieza su segunda jornada: la casa.

Existe una promesa que se repite con fuerza al alero de las políticas de género: que el trabajo remunerado trae consigo autonomía y con ello mayor poder de decisión dentro y fuera del hogar. En el mundo rural chileno, esa premisa se ha sostenido por décadas, especialmente desde la expansión del agro neoliberal y la incorporación masiva de mujeres a labores de temporeras, agroindustriales y emprendimientos promovidos por programas estatales. Sin embargo, la evidencia que recoge nuestro reciente artículo aceptado en Journal of Agrarian Change muestra que la promesa se cumple solo cuando convergen varias condiciones que la política pública suele mirar de manera fragmentada, pero que requieren un enfoque articulado. 

La investigación, basada en entrevistas con mujeres rurales en Chile central, analiza cómo mujeres asalariadas y autoempleadas y sus hogares organizan el trabajo cotidiano que sostiene la vida: cocinar, limpiar, lavar, planificar, coordinar, cuidar a niñas y niños, a personas mayores, enfermas o con dependencia. Para la mayoría de los hogares, la investigación confirma un diagnóstico conocido: este trabajo sigue concentrado en las mujeres, incluso cuando ellas trabajan fuera del hogar con jornadas largas y físicamente exigentes. En estos casos, en vez de abrirse un espacio para redistribuir la carga, lo que aparece es un repertorio de “ajustes individuales” como levantarse más temprano, dormir menos y ocupar cada minuto “libre” en responder a estas responsabilidades. En consecuencia, la fatiga del trabajo remunerado se duplica con el trabajo no remunerado.

Pero emergen también otras dinámicas. Aproximadamente un tercio de las entrevistadas describe arreglos más equitativos en el hogar, donde los hombres participan regularmente en tareas domésticas o de cuidado. Esa redistribución no aparece por el solo hecho de que la mujer aporte con un ingreso al hogar, sino que emerge cuando además convergen tres factores: condiciones laborales que permiten cierto control sobre el tiempo propio, una etapa de la vida donde las necesidades de cuidado son menos intensas, y un reconocimiento social de que el trabajo de la mujer es legítimo y prioritario. Ninguno de esos elementos funciona por sí solo. Puede haber más flexibilidad horaria, pero si la carga de cuidado es intensa, la responsabilidad vuelve a concentrarse. Puede haber espacios colectivos que fortalecen la autoestima y la agencia, como es el caso de los espacios cooperativos, pero si el cansancio y la fatiga son permanentes en la vida cotidiana, el cambio no se sostiene. 

Negociar una distribución más equitativa del trabajo del hogar no es un acto espontáneo sino un trabajo en sí mismo: requiere conversar, insistir, sostener acuerdos. Todo eso demanda energía y tiempo, y es frágil. Cuando el cuerpo está agotado y el tiempo es escaso, negociar se convierte en una tarea difícil de sostener y el trabajo no remunerado vuelve a concentrarse en las mujeres. El mecanismo es corporal tanto como cultural: el agotamiento se convierte en una forma silenciosa de reproducción de la desigualdad.

El agotamiento no solo limita la negociación dentro del hogar. También restringe el horizonte de oportunidades fuera de él. Cuando la energía está permanentemente absorbida por jornadas rígidas y por el cuidado no remunerado, se reducen las posibilidades de buscar empleos mejor remunerados, capacitarse, participar en espacios colectivos o sostener emprendimientos de mayor escala. El tiempo para proyectar trayectorias distintas simplemente no existe. Así, el agotamiento se convierte en un mecanismo que reproduce la desigualdad: limita la redistribución del cuidado en el presente y, al mismo tiempo, reduce el acceso a oportunidades que podrían alterarla en el futuro. El círculo se reproduce y se refuerza.

El autoempleo, promovido como solución o alternativa al trabajo de asalariada temporal, aparece como una variable ambivalente. Varias mujeres entrevistadas relatan mayor control sobre ritmos y horarios, y eso puede abrir margen para poner límites y negociar. Pero el autoempleo también implica incertidumbre sobre los ingresos, jornadas sin límites y, sobre todo, no garantiza redistribución si la demanda de cuidado sigue siendo alta. Por eso, no se trata de idealizar una forma de empleo, sino de mirar la configuración completa: trabajo, cuidado, ciclo de vida y apoyos externos.

Cuando las políticas de género promueven la participación laboral femenina bajo la premisa de que la autonomía económica tendrá efectos positivos en todas las dimensiones de la vida de las mujeres, ya sea a través del empleo asalariado o del autoempleo, pasan por alto que esa autonomía no opera automáticamente. En la práctica, la conciliación entre trabajo y hogar termina resolviéndose a nivel individual: cada mujer resuelve como puede. La desigualdad se transforma entonces en un problema de esfuerzo personal, de “administración del tiempo”, de “ser organizada”. Y así se invisibiliza lo estructural: la precariedad laboral, la rigidez horaria, la falta de infraestructura de cuidados en zonas rurales, y la persistente ausencia de corresponsabilidad masculina. 

Este 8 de marzo, hablar de derechos de las trabajadoras rurales exige ampliar la mirada. No basta con el derecho al empleo: se requiere derecho al tiempo, al descanso, a condiciones laborales dignas y a una corresponsabilidad social del cuidado y a una oferta pública de infraestructuras del cuidado. Eso implica mejorar condiciones de trabajo en el agro, y fortalecer fiscalización laboral. E implica apoyar y fortalecer espacios colectivos (sindicatos, asociaciones, grupos de productoras) en donde la asociatividad sea un espacio que permita abordar estos problemas y posibilite el refuerzo de mejores acuerdos al interior del hogar.

Las mujeres rurales sostienen el agro y sostienen la vida. Pero mientras el cuidado siga descansando casi exclusivamente en sus hombros, el trabajo remunerado no será sinónimo de autonomía, sino de agotamiento. 

 

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.

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