La política económica de Kast: golpe a las clases medias y vulnerables

El nuevo Gobierno ha tomado decisiones cuya racionalidad económica y política es difícil de entender. La más desconcertante ha sido el aumento en $570 del precio del litro de diésel y, en torno a $370 el precio de la bencina de 93 octanos. Ello implica un gasto mensual adicional para la familia propietaria de un pequeño automóvil de entre 60 mil y 80 mil pesos mensuales, lo que representa entre un 7% y un 9% del salario promedio en Chile.

Si a ello se suma el efecto inflacionario de la medida y la aceleración del aumento del valor de la UF, las clases medias y los sectores más vulnerables verán violentamente reducidos sus ingresos. Estas medidas tendrán además un fuerte impacto en la actividad económica, por el aumento de los costos de todas las actividades productivas.

La pregunta es obvia: ¿era esta la única alternativa para enfrentar la grave crisis energética generada por los gobiernos de ultraderecha que iniciaron la guerra de Irán? La respuesta es negativa. El Mepco, que sigue operando solo formalmente, es el instrumento para suavizar el impacto de aumentos violentos del precio del petróleo.

Es lo que se hizo en el 2022, en medio de la invasión rusa a Ucrania. Las estimaciones de la época eran que el precio de las bencinas podían subir hasta en $280. De hecho, ello ocurrió: hacia finales del 2022 la gasolina de 93 octanos había subido $280 y la de 97, $300, pero eso sucedió paulatinamente, a lo largo de nueve meses, gracias a lo cual se pudieron tomar medidas compensatorias, permitiendo a las familias y las empresas enfrentar mejor la crisis, lográndose, además, reducir la inflación a partir de agosto de ese año.

El ministro Quiroz dio dos razones para justificar esta alza. La primera, la guerra en Irán, que como vimos más arriba no debía necesariamente ser enfrentada con un alza tan violenta. La segunda, la “desastrosa” situación fiscal. Esta situación existe solo en la cabeza del ministro.

El déficit fiscal efectivo en el 2025 fue de 2,8% y el estructural de 3,6% del PIB. Estas cifras no implican que no haya que tomar medidas respecto a la contención del gasto, respecto de la eficiencia de la gestión pública, pero no se trata de una situación catastrófica. Sí eran graves en el 2021 tanto el déficit efectivo, que alcanzó un 7,8% del PIB, y el estructural, que superó el 11% del PIB.

Por otra parte, Chile tiene una deuda pública equivalente al 42% del PIB (15 puntos por debajo del promedio de la deuda de países con riesgos similares), cuyo ritmo de crecimiento se redujo a un tercio comparado con la evolución en el Gobierno de Sebastián Piñera. Ello permite recurrir razonablemente al endeudamiento para limitar los efectos negativos indicados en una situación global tan delicada.

Una segunda medida poco razonable es la reducción de un 3% parejo del presupuesto de los ministerios. Pese a los avances en coordinación de la institucionalidad de lucha contra el crimen organizado y el aumento de equipamiento de las policías, entre otras iniciativas en el Gobierno anterior, el candidato Kast habló a lo largo de su campaña de que se vivía una catástrofe en seguridad.

No obstante, el ahora Presidente Kast propone reducir el presupuesto de seguridad en 72 mil millones de pesos para el presente año. La reducción pareja de un 3% del gasto de los ministerios afecta la eficiencia de la gestión pública. En general, lo que se reduce en estos casos es la inversión pública, por tanto, lo más probable es que inversiones importantes para el país vayan a ser postergadas, afectando a la población y a la economía.

Cualquier reducción pareja del gasto es ineficiente, pues no valora ni la prioridad de los distintos gastos ni la eficiencia con que se está operando, en circunstancias que hay graves problemas en educación, en salud, en particular con las listas de espera, por lo cual reducir su presupuesto tendrá un grave efecto sobre el 80% de la población que se atiende en el sistema público de salud.

Paralelamente, el Gobierno mantiene la idea de bajar de 27 a 23% el impuesto a las empresas más grandes (que representan el 1% del total de empresas). Si a esta medida se suma el restablecimiento de la integración tributaria, la eliminación del impuesto a las ganancias de capital de títulos de baja frecuencia y la eliminación transitoria del IVA a la vivienda, los ingresos fiscales caerán entre 5 mil y 6 mil millones de dólares, lo que aumentara significativamente el déficit fiscal.