Reconocer y regular el fútbol desde el interés público

Tras años de tramitación legislativa, el proyecto de reforma a la controvertida Ley de Sociedades Anónimas Deportivas vive un momento decisivo en el Congreso. Impulsada principalmente por el senador Matías Walker, con el apoyo del Ejecutivo, la iniciativa ya se encuentra en votación particular y, de ser ratificada por la Cámara de Diputadas y Diputados, podría transformarse en ley este mismo año.

El proyecto propone transformaciones de fondo: mayor fiscalización a las sociedades anónimas y a la ANFP por parte de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), prohibición de la multipropiedad, así como de la participación de representantes de jugadores en la administración de los clubes, inclusión obligatoria de representantes de hinchas en los directorios y separación institucional entre la federación de futbol y la organización de la liga profesional, entre otros puntos clave.

Como era previsible, la FIFA y Conmebol acusaron injerencia indebida del Estado chileno en la estructura del fútbol profesional, y han amenazado con la suspensión de la afiliación de Chile a estas instituciones, exclusión de torneos, además de pérdida de sede para futuras competencias.

Sin embargo, es necesario enfatizar que el proyecto no vulnera los estatutos FIFA, pues no interviene en la elección de autoridades federativas, ni en la organización de competencias, como tampoco en la conformación de selecciones. El único acto de injerencia real es el de la propia FIFA, al ejercer presiones sobre el Poder Legislativo de un país soberano, cruzando así una línea que pone en entredicho los límites de su influencia.

Más allá del ruido internacional, el proyecto de ley comentado es un avance sustantivo en términos de transparencia y buena gobernanza. Su articulado impide que una misma persona o entidad sea dueña directa o indirectamente de más de un club, obligando además a declarar públicamente las estructuras de propiedad. Se crea un registro obligatorio de representantes de jugadores y se prohíbe su participación en la propiedad de clubes, cerrando un circuito opaco de conflicto de intereses.

Por primera vez, se establece que las sociedades anónimas deportivas –aunque sean cerradas– queden sujetas al escrutinio de la CMF, reconociendo que el fútbol es una actividad de interés público, tal como arguyen los propios clubes y la ANFP cuando se trata de pedir financiamiento público para su infraestructura.

Otro eje del proyecto es la separación entre la Federación de Fútbol de Chile (FFCh) y la ANFP. El nuevo modelo propone que la FFCh sea una Federación Deportiva Nacional, enfocada en selecciones, fútbol formativo y amateur, y que la ANFP administre exclusivamente las ligas profesionales como sociedad anónima cerrada fiscalizada. Este esquema ya funciona con éxito en países como España, donde la Ley 39/2022 consagró la separación entre la RFEF y La Liga, sin ninguna objeción por parte de FIFA. Cabe dimensionar que el 70% de las federaciones del mundo opera bajo este principio de autonomía funcional.

Hasta el momento, no han surgido argumentos basados en el interés público para oponerse a estas reformas. Sus detractores, partiendo por las autoridades del fútbol, parecen justificar su postura solo en intereses corporativos. No se ha planteado ninguna objeción técnica, jurídica ni deportiva que justifique bloquear el avance del proyecto. Por el contrario, todo indica que las resistencias provienen de quienes se han beneficiado durante años de la falta de control, de la concentración de poder y de una institucionalidad débil.

Nadie discute que la participación privada en el fútbol profesional es legítima, incluso si está motivada por el lucro. Pero lo que esta reforma reconoce –y corrige– es que la entrega del fútbol a manos privadas con escasa regulación ha fracasado en su promesa de mejorar la actividad. El vínculo social entre los clubes y sus comunidades se ha debilitado.

Por eso, más allá de la fiscalización y la transparencia, este proyecto debe ser también una oportunidad para mejorar la participación en el fútbol, incluyendo la incorporación de asociaciones de hinchas en los directorios, avanzando hacia una gobernanza que reconozca el eminente interés público que esta actividad tiene.