Periodistas bajo fuego en Gaza: pruebas, derecho y deber de protección

“Si estas palabras mías les llegan, sepan que Israel ha logrado matarme y silenciar mi voz”. Anas al-Sharif tenía 28 años y era reportero en Gaza para la cadena de televisión qatarí Al Jazeera. Dos días después de que el gabinete de seguridad de Israel aprobara ampliar la ofensiva para tomar Ciudad de Gaza, un ataque en las inmediaciones del hospital Al-Shifa impactó una carpa de prensa y dejó al menos cinco trabajadores de Al Jazeera muertos –y, según recuentos locales, un sexto colaborador freelance–.

Israel sostiene que al-Sharif era líder de una célula de Hamás; Al Jazeera lo niega y exige una investigación independiente. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó el hecho como una “grave infracción” del derecho internacional humanitario.

El mensaje que dejó Anas al-Sharif, escrito en abril, ante la posibilidad de morir mientras reporteaba el conflicto en Gaza, no era parte de un delirio de persecución alarmista ni un episodio aislado, sino el punto más oscuro de lo que ya puede considerarse un patrón.

El conflicto en Gaza ha sido el más letal para la prensa desde que hay registros del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés): según sus datos, al menos 186 trabajadores de los medios de comunicación han muerto desde el 7 de octubre de 2023 en Gaza, Cisjordania, Israel y Líbano. Otras fuentes –ONU y Reporteros Sin Fronteras (RSF)– ubican el total por encima de los 200, mientras las autoridades de Gaza cifran en más de 230 los periodistas muertos en el conflicto.

En abril pasado, un informe publicado por el Watson Institute (Brown University) calificó la situación de Gaza como “la tumba de las noticias”, al constatar que han muerto más profesionales de las comunicaciones que en “la Guerra Civil de Estados Unidos, las Guerras Mundiales I y II, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam (incluidos los conflictos en Camboya y Laos), las guerras en Yugoslavia en las décadas de 1990 y 2000, y la guerra en Afganistán posterior al 11 de septiembre de 2001, tomadas en conjunto”. Si bien las cifras exactas difieren, incluso las más conservadoras resultan alarmantes y fuera de toda proporción.

El marco jurídico tampoco admite ambigüedades. El Artículo 79 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra establece que los periodistas en conflictos armados son civiles y deben ser protegidos como tales. Solo pierden esa protección si participan directamente en hostilidades, algo que debe acreditarse caso a caso con evidencia revisable. Es precisamente esta justificación la que Israel ha intentado oponer, afirmando un supuesto vínculo entre Al-Sharif y Hamás, pero fallando en entregar pruebas suficientes a ojos de la comunidad internacional.

A ello se suma un cerco informativo que agrava el riesgo y profundiza la desconfianza. Desde el inicio del conflicto, el acceso de la prensa extranjera a Gaza ha estado prohibido por las autoridades israelíes, salvo en visitas escoltadas por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Además de limitar el escrutinio independiente, ello ha expuesto aún más a los reporteros locales, de quienes cada vez más depende la comunidad internacional para informarse sobre lo que realmente sucede en la Franja de Gaza.

En zonas de conflicto, contar con información verificada es vital tanto para el bienestar de la población civil como para que el mundo conozca los contornos de la guerra. Ciertamente, la defensa de la libertad de prensa no admite que periodistas paguen con su vida por cumplir esta tarea. Enfrentar esta amenaza global a las garantías informativas exige un esfuerzo internacional rápido y decidido en apoyo a las necesarias labores de prensa.

La reacción internacional ha ido en esa dirección. Londres expresó “grave preocupación” y pidió pesquisas independientes. Berlín suspendió las exportaciones de material militar tras la aprobación de la ocupación de Gaza por parte del gabinete de seguridad israelí, marcando un quiebre en la histórica relación entre ambos Estados. Miles de personas protestaron en las calles de Tel Aviv contra la escalada anunciada hace algunos días por el Gobierno de Benjamin Netanyahu; y, salvo que se observen avances reales hacia la paz y un alto el fuego, el Gobierno británico anunció que reconocerá al Estado de Palestina en septiembre. Todas estas son señales del creciente aislamiento político de Israel.

Los hechos del pasado domingo refuerzan la necesidad urgente de someter este conflicto, y a sus protagonistas, al más riguroso escrutinio de la prensa. Si Israel dispone de evidencia robusta para sostener que un reportero era combatiente, debe presentarla de manera pública y verificable; si no, corresponde afirmar sin matices la protección que el derecho otorga a la prensa y activar mecanismos de responsabilidad.