La ofensiva de la oposición contra Giorgio Martelli

Las directivas de la Alianza han tratado de mantenerse al margen del ataque directo contra Giorgio Martelli, ex recaudador y operador de la Nueva Mayoría, cercano al PPD y al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, por las boletas emitidas a SQM a través de su filial SQM Salar y que involucran al corazón de La Moneda en el financiamiento irregular de la política. Como han sostenido desde un principio, el estrujado concepto de presunción de inocencia aplicaría a todos los involucrados, incluido el oficialismo.

En esa línea, el presidente de la UDI, Hernán Larraín, consultado sobre si las boletas por $4 millones de pesos que emitió Peñailillo afectan el acuerdo político que se pretende lograr para superar la crisis, afirmó: “No es un acuerdo de personas, es un acuerdo de instituciones. Del Gobierno con el Congreso, con los actores políticos. No hay nadie que esté invalidado porque no hay nadie que esté condenado. Por favor, no convirtamos una información en un juicio definitivo. Creemos en la presunción de inocencia”.

Por eso, los encargados de la ofensiva contra Martelli y el Servicio de Impuestos Interno (SII) no han sido los miembros de la cúpula partidaria, sino los diputados del sector, quienes están a cargo de presionar al Gobierno para que transparente si existen otros ministros o funcionarios gubernamentales que hayan emitido boletas a la empresa del cuestionado geógrafo, Asesorías y Negocios SpA (AyN), y a la vez están instando al SII a que se querelle contra Martelli y que éste entregue la contabilidad de la empresa.

Los diputados de la UDI, Felipe Ward e Issa Kort, ya enviaron un oficio a través de Transparencia solicitando información a la Presidenta sobre otros ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores o jefes de servicio que puedan estar involucrados en la empresa de Martelli, con especial énfasis en los jefes de cartera que trabajaron en su comando: Javiera Blanco, Álvaro Elizalde, Alberto Arenas y Ximena Rincón.

Al respecto, Felipe Ward sostuvo: “Es tremendamente grave lo que está ocurriendo, creo que el Gobierno debe dar una explicación mucho más amplia, eventualmente no solamente está un ministro de Estado involucrado, sino que puede haber otras personas que trabajan en el Gobierno. Desde esa perspectiva, se hace urgente que la Presidenta conteste los oficios”.

[cita]El diputado gremialista José Antonio Kast emplazó al ministro de Hacienda, Alberto Arenas, a que conteste quién le pago su sueldo durante la campaña: “Hay ministros, como Alberto Arenas, que participaron activamente en la campaña y que no aparecen recibiendo sueldo de la empresa oficial, Somae, entonces a ellos les pregunto si trabajaron de voluntarios, porque no aparecen como tal en la rendición ante el Servicio Electoral, o si les pagaron y, si es así, cómo”.[/cita]

El diputado gremialista José Antonio Kast emplazó al ministro de Hacienda, Alberto Arenas, a que conteste quién le pago su sueldo durante la campaña: “Hay ministros, como Alberto Arenas, que participaron activamente en la campaña y que no aparecen recibiendo sueldo de la empresa oficial, Somae, entonces a ellos les pregunto si trabajaron de voluntarios, porque no aparecen como tal en la rendición ante el Servicio Electoral, o si les pagaron y, si es así, cómo”.

En cambio, en Renovación Nacional han dirigido sus dardos contra el director del SII, Michell Jorratt, recientemente ratificado en el cargo, quien también emitió boletas a dicha empresa entre enero del 2012 y marzo 2013. El diputado Gonzalo Fuenzalida emplazó al SII a que se querelle contra Martelli y denunció el conflicto de interéss que enfrenta la institución recaudadora: “El Gobierno ha sostenido un discurso en que la Justicia debe actuar y determinar las responsabilidades. El problema está en que la Justicia no puede determinar responsabilidad si el SII no se querella. Pero el SII lo dirige Michel Jorratt, ligado a la empresa de Martelli, al igual que el ministro del Interior, fueron casi compañeros de trabajo en una empresa que sabemos, claramente, es recaudadora de campaña y dineros para políticos. Es evidente que estamos ante un conflicto de interés, si Jorratt se querella estará yendo contra sus superiores jerárquicos”.

Fuenzalida, además, calificó de “culebrón venezolano” la trama que tiene al Gobierno dando explicaciones por sus vínculos con SQM: “En cada capítulo aparece algo nuevo, sobre los nuevos antecedentes nadie sabe nada, todos se enteran por la prensa, todos prestaron las asesorías, nadie conoce los informes. El llamado al Gobierno para evitar el culebrón venezolano es que haya transparencia, se debe trasparentar todas las personas que le boletearon o facturaron a Martelli, que lo digan y que se abra la contabilidad de la empresa. Lo peor que puede pasar es el silencio cómplice, quizás no constituye delito, pero sí tiene un costo político altísimo para el Gobierno”, puntualizó.

La semana pasada, el diputado José Manuel Edwards se sumó a la ofensiva y también solicitó que Martelli entregue la contabilidad de la empresa: “Queremos pedirle a la Fiscalía que, al igual como lo hizo con Soquimich, pida al señor Martelli voluntariamente que le entregue la información contable”.

Nicolás Monckeberg fue más enfático en solicitar igualdad en la investigación y enrostró al oficialismo su postura inicial: “Es evidente que es una información delicada, que debe ser investigada a fondo y que pone arriba de la mesa algo que todo el país está pidiendo: que en la investigación no haya preferencias, que se investigue todo, sin privilegio alguno y aquellos que en una primera etapa de este caso rasgaron vestiduras y juzgaron al resto, hoy día vemos que tienen que dar explicaciones”.

Por último, el diputado Fuenzalida aseguró que el desvío de fondos para pagar sueldos de políticos es una práctica común en la Nueva Mayoría y recordó la investigación que realizaron el año 2008 los fiscales Vinko Fodich y Pablo Norambuena. En aquella ocasión, en una inédita medida, los fiscales incautaron el servidor de mails de La Moneda e interrogaron a  altos funcionarios de la Presidencia por el supuesto desvío de fondos públicos destinados al cambio de mando y que, a través de la productora Ser Producciones, habrían sido utilizados para pagar sueldos a 22 miembros del comando de Bachelet entre enero, febrero y marzo del 2006. Finalmente, la causa no prosperó en tribunales y la indagatoria fue cerrada.