PAÍS
TC deja en “acuerdo” fallo de Dominga mientras surgen críticas a abogada del tribunal ambiental
Una vez que el Tribunal Constitucional dejara en “acuerdo” la contienda de competencia que enfrenta al Primer Tribunal Ambiental y al Comité de Ministros, la abogada del tribunal de Antofagasta enfrentó duras críticas éticas debido a años atrás trabajó en el SEA, donde tramitó el caso Dominga.
Esta mañana, a las 10:00 horas, se llevó a cabo una sesión extraordinaria de la Segunda Sala del Tribunal Constitucional (TC), en la que se escucharon los alegatos en la causa correspondiente a la contienda de competencias que enfrenta al Primer Tribunal Ambiental y al Comité de Ministros por el proyecto minero-portuario Dominga, propiedad de Andes Iron, firma propiedad del empresario Carlos Alberto “Choclo” Délano.
De acuerdo con el certificado oficial del TC, la audiencia contó con la participación de las ministras Nancy Yáñez (Presidenta), María Pía Silva, Marcela Peredo, y el ministro Raúl Mera. En la vista de la causa, alegaron el abogado Gonzalo García Pino, en representación del Comité de Ministros, y la abogada Yordana Mehsen Rojas, por parte del Primer Tribunal Ambiental.
Hoy el TC debería decidir si el Primer Tribunal Ambiental invadió las atribuciones del Comité de Ministros al ordenar una cuarta votación de Dominga. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) -representando al Comité- solicitó al TC aclarar las competencias que competen a los organismos.
Según lo informado por el Tribunal, al término de los alegatos, se adoptó acuerdo, lo que implica que los ministros deliberaron sobre el fondo del asunto. Sin embargo, el fallo aún no ha sido publicado.
Cabe mencionar que, hasta el 20 de mayo, los cinco ministros del TC estaban dispuestos a fallar. No obstante, el pasado 27 de mayo, el Tribunal Constitucional informó que el ministro Mario Gómez decidió inhabilitarse.
El TC informó:
- Dejo constancia que, en Sesión de martes 27 de mayo de 2025, el Ministro señor Mario Gómez Montoya formuló ante las señoras y señores Ministros de la Segunda Sala implicancia que pudiera afectarle en la contienda de competencia planteada por el Servicio de Evaluación Ambiental, entre el Comité de Ministros y el Primer Tribunal Ambiental (Antofagasta). Indica que su hija menor, Carolina Isabel Gómez Riquelme, Abogada, es Jefa de la Unidad Jurídico-Administrativa de la División Judicial del Ministerio de Energía, que depende de la Subsecretaría de dicha repartición. Agrega que, en dicho contexto, el Subsecretario ha participado, como Ministro Subrogante, en el Comité de Ministros, en proyecto “Dominga”.
La causa se relaciona con la competencia legal en torno al caso del controvertido proyecto minero-portuario Dominga, y ha generado una controversia adicional por la participación de la abogada Yordana Mehsen. Documentos y antecedentes públicos señalan que fue abogada y jefa de litigios del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y que en el año 2018 conoció directamente de la causa Dominga en el expediente R-1-2017.
Su participación actual como representante del Primer Tribunal Ambiental ante el Tribunal Constitucional ha levantado cuestionamientos, debido a que el artículo 70 del Código de Ética del Colegio de Abogados establece explícitamente que:
- “El abogado que se retire de un organismo público no podrá intervenir en asunto alguno del cual conoció en el ejercicio de sus funciones”.
Dado que la abogada conoció del caso Dominga mientras se desempeñaba en el SEA, su intervención actual podría constituir, a juicio de expertos legales, una infracción flagrante a dicha norma ética.
Hasta el momento, no se ha informado si el Colegio de Abogados ha tomado conocimiento de la situación ni si se han iniciado acciones disciplinarias al respecto.
El caso continúa siendo seguido de cerca, tanto por su impacto en materia ambiental como por las implicancias institucionales y éticas que podría acarrear.
Se suman nuevos recursos que piden inhabilitar a ministro Jean Pierre Matus en la Corte Suprema
El 27 de mayo, juristas representantes del Movimiento en Defensa del Medio Ambiente de La Higuera, el Comité de Agua Potable de Los Choros, la Asociación de Pequeños Propietarios Agrícolas de Los Choros y la organización de conservación marina Oceana interpusieron una recusación en contra del ministro de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus, aduciendo el artículo 196 N°15 del Código Orgánico de Tribunales, que establece como causal de inhabilidad las relaciones de amistad entre un juez con alguna de las partes.
En el escrito presentado se pone de manifiesto que el ministro de la Corte Suprema, Jean Pierre Matus “mantiene una amistad estrecha, reconocida y pública con el abogado Marcelo Castillo Sánchez”, quien ha representado a organizaciones a favor de Dominga y “tanto en lo jurídico como en lo comunicacional, actúa de manera abierta en la defensa y promoción del proyecto”. Además, se exponen antecedentes que demuestran el rol activo de Castillo en los procesos judiciales, manteniendo “un fuerte activismo en favor del proyecto”.
Esta relación de amistad pública y expresamente reconocida por ambos, ha llevado al propio ministro Matus a inhabilitarse previamente respecto de causas en que participa el abogado Castillo por lo que la recusación presentada concluye que es necesaria la inhabilitación del juez para “resguardar la confianza pública en la administración de justicia” y, en este caso, la imparcialidad de este “se encuentra comprometida debido a su cercanía con un actor clave del litigio, tornando indispensable su recusación”.
La acción se presentó luego de que el 20 de mayo se conociera que la Sala ya estaba “en acuerdo” respecto de si admitir o no los recursos de casación presentados por el gobierno, la comunidad y organizaciones de la sociedad civil. Dichos recursos buscan que la Corte Suprema anule la sentencia del Primer Tribunal Ambiental de Antofagasta (1TA), el cual declaró ilegal el rechazo unánime entregado al proyecto Dominga por el Comité de Ministros en 2023, ordenándole una nueva votación.
Esta recusación se suma a la ya interpuesta por el Servicio de Evaluación Ambiental, organismo que representa al Comité de Ministros que rechazó el proyecto. En ella se solicitó que el Ministro Matus no sea quien redacte la resolución sobre la admisibilidad, y además se pidió que el acuerdo alcanzado por la Tercera Sala se anule y se vuelva a realizar, pero esta vez sin su concurrencia.
