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Tribunal Constitucional desestima intento del Gobierno de frenar fallo favorable a Dominga
En un revés para el Ejecutivo, la segunda sala del TC rechazó la contienda de competencia presentada por el SEA contra el Primer Tribunal Ambiental, que había ordenado anular el rechazo ministerial al proyecto de Andes Iron. Se considera que el conflicto debe resolverse en la justicia ordinaria.
En un extenso fallo de 68 páginas, la segunda sala del Tribunal Constitucional (TC) rechazó la contienda de competencia presentada por el Gobierno a través del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en el marco del conflicto con el Primer Tribunal Ambiental (1TA) en torno al cuestionado proyecto minero-portuario Dominga, impulsado por la empresa Andes Iron —propiedad del empresario Carlos Alberto “Choclo” Délano—.
El TC descartó que exista una verdadera colisión de jurisdicciones entre el SEA —como órgano técnico del Comité de Ministros— y el tribunal ambiental de Antofagasta. La decisión fue adoptada por mayoría, con el voto en contra de la ministra Nancy Yáñez —nombrada por el Presidente Gabriel Boric—, quien se inclinó por acoger la contienda a favor del Comité de Ministros.
El Tribunal Constitucional rechazó el reclamo del Comité de Ministros que preside la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, e integrado por los ministros de Economía, Nicolás Grau; Salud, Ximena Aguilera; Agricultura, Esteban Valenzuela; Energía, Diego Pardow; y Minería, Aurora Williams.
“El problema no es de competencia y no puede dilucidarse por esta sede, sino que es netamente procesal y su resolución está entregada a los tribunales superiores”, sostuvo el fallo del TC, restando relevancia constitucional al conflicto planteado por el Ejecutivo.
La controversia se originó a raíz del fallo del 1TA del 9 de diciembre de 2024, que ordenó al Comité de Ministros anular su decisión de rechazar la Resolución de Calificación Ambiental del proyecto Dominga, valorado en más de US$ 2.500 millones. Según el tribunal ambiental, la resolución ministerial fue “ilegal” y vulneró los principios de imparcialidad y confianza legítima.
Posteriormente, el 17 de febrero de 2025, el 1TA instruyó al SEA a cumplir su fallo, lo que la entidad consideró confuso y contradictorio. En respuesta, el SEA acudió al Tribunal Constitucional alegando una supuesta contienda de competencia entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.
No obstante, el TC observó que el SEA ya había presentado recursos ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta respecto de la misma resolución que motivó la supuesta contienda. “Es contradictorio sostener que el Tribunal Ambiental carece de competencia para decidir todos esos extremos (…) y a la vez pedir al tribunal superior ordinario que revise esos mismos aspectos”, subrayó el fallo.
El tribunal constitucional concluyó que no se configura una verdadera invasión de funciones o conflicto positivo o negativo de jurisdicción, y que el fondo del asunto corresponde a una discusión procesal que debe resolverse en la sede judicial ordinaria.
Pese al revés constitucional, la disputa judicial por Dominga está lejos de terminar. Tanto el SEA como organizaciones ambientales contrarias al proyecto han interpuesto recursos de casación ante la Corte Suprema, los cuales aún están pendientes de resolución.
Mientras tanto, según consigna Diario Financiero, Andes Iron continúa avanzando en la tramitación de más de 700 permisos sectoriales necesarios para concretar el proyecto, amparada en la resolución ambiental favorable con la que aún cuenta.
