PAÍS
Asociaciones judiciales critican reforma a nombramientos: “profundiza” tráfico de influencias
Aseguran que el proyecto impulsado por el Gobierno no mejora la transparencia ni resuelve los problemas estructurales del sistema de nombramientos judiciales, y declararon estado de alerta, exigiendo ser incorporadas en el debate legislativo.
Cuatro asociaciones del Poder Judicial manifestaron su rechazo al actual proyecto de reforma constitucional que busca modificar el sistema de nombramientos y el gobierno judicial, acusando serias deficiencias en su contenido y en la forma en que ha sido tramitado.
Se trata de una iniciativa del Gobierno del presidente Gabriel Boric, anunciada en octubre de 2024, tras el escándalo de corrupción desatado por la arista judicial del caso Hermosilla y las investigaciones que involucran a jueces.
A través de una declaración pública, la Asociación Nacional de Consejeras y Consejeros Técnicos (ANCOT), la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración Judicial (APRAJUD), la Asociación Nacional de Funcionarios de la Corporación Administrativa (ANFUCAPJ) y la Organización de Trabajadoras y Trabajadores Judiciales (OTJ) afirmaron que, si bien apoyan un cambio estructural en la forma de nombrar autoridades y separar funciones jurisdiccionales de las administrativas, el proyecto impulsado por el Ejecutivo y modificado en la Comisión de Constitución de la Cámara no responde a estos objetivos.
Entre las principales críticas, las asociaciones denunciaron que la iniciativa excluye la participación de los funcionarios no pertenecientes al escalafón primario, sustituyéndolos por exautoridades políticas, lo que —a su juicio— agudiza la falta de transparencia y aumenta el riesgo de tráfico de influencias en los procesos de designación.
Asimismo, indicaron que no han sido consideradas en el diseño ni en el debate legislativo del proyecto, a pesar de ser actores clave con conocimiento técnico y experiencia directa en el funcionamiento del sistema judicial. “Fuimos los primeros en demandar mayor probidad y transparencia”, señalaron.
Las agrupaciones también advirtieron que el proyecto adolece de imprecisiones técnicas y falta de previsión normativa, lo que compromete su viabilidad. Cuestionaron la ausencia de claridad sobre la composición y funciones del órgano propuesto para el gobierno judicial, lo que —según afirman— genera incertidumbre jurídica y laboral.
En ese contexto, las asociaciones declararon estado de “alerta” y anunciaron que informarán a la ciudadanía sobre los efectos negativos que, a su juicio, tendría la reforma si se aprueba en los términos actuales. También hicieron un llamado a la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados a incorporar su visión en el debate legislativo.
