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Ministerio Público pidió desafuero de diputado Miguel Calisto (Ind-DEM) por fraude al fisco
El desafuero a un parlamentario es un requisito legal para efectuar una audiencia de formalización y solicitar medidas cautelares.En esta causa también existe una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado contra el diputado y contra quienes resulten responsables del delito.
La Fiscalía Regional de Aysén solicitó hoy el desafuero del diputado Miguel Ángel Calisto Águila, en el marco de una investigación por el delito de fraude al fisco, causa en la que también existen otras personas involucradas.
Las diligencias investigativas de esta causa han sido realizadas con apoyo de la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones de Chile y la Unidad Especializada Anticorrupción, Lavado de Activos y Probidad Interna (UNAC) de la Fiscalía Nacional.
El desafuero a un parlamentario es un requisito legal para efectuar una audiencia de formalización y solicitar medidas cautelares.
La petición fue presentada este mediodía por el Fiscal Regional (s), Luis Contreras Alfaro, a fin de que sea resuelta por el pleno de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique.
Tras el análisis de los antecedentes presentados por el Ministerio Público, los Tribunales de Justicia determinarán si existe o no mérito suficiente para el desafuero.
En esta causa también existe una querella interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado contra el diputado y contra quienes resulten responsables del delito investigado.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella criminal contra el diputado por la Región de Aysén, Miguel Ángel Calisto (Ind.- Partido Demócrata), y contra Carla Graf, Roland Cárcamo, Felipe Klein, además de quienes resulten responsables, por el delito de fraude al fisco.
Según el organismo, la acción no excluye la posibilidad de que se acrediten otros ilícitos durante la investigación en curso por parte del Ministerio Público.
La querella, ingresada al Juzgado de Garantía de Coyhaique, detalla una serie de maniobras dirigidas a desviar recursos provenientes de asignaciones parlamentarias hacia fines no contemplados por la ley de presupuestos. Entre los hechos denunciados, el CDE señala que Carla Graf habría firmado contratos para servicios como asesorías, coordinación y elaboración de estudios, recibiendo a cambio pagos que superaron los 100 millones de pesos. Sin embargo, estos servicios no se habrían prestado, según los antecedentes recabados.
El CDE asegura que los contratos firmados por Graf no contaban con justificación alguna ni respaldo que acreditara su cumplimiento. Además, destaca que personas vinculadas al equipo de trabajo del diputado en la Región de Aysén desconocían a Graf como parte del grupo.
Por su parte, el diputado Calisto habría actuado en conocimiento de estas irregularidades, promoviendo la celebración de contratos fraudulentos, en un incumplimiento de los deberes de su cargo. Según el CDE, los fondos desviados habrían sido utilizados para fines personales y políticos, incluyendo el financiamiento de campañas electorales.
