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Caso Monsalve: Corte ordena a Presidencia entregar correos de Crispi y Durán
El fallo permite al Congreso acceder a los correos institucionales intercambiados en octubre de 2024, en medio de la investigación sobre la salida del exsubsecretario denunciado por violación. Presidencia había intentado bloquear la entrega alegando privacidad y la inexistencia de los mensajes.
La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó de manera unánime el reclamo de ilegalidad presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), actuando en representación de la Presidencia, y confirmó que deben entregarse los correos electrónicos institucionales entre el entonces jefe de asesores del Presidente, Miguel Crispi, y el jefe de gabinete, Carlos Durán.
La solicitud de acceso a esta información fue realizada por el diputado Tomás Lagomarsino (Partido Radical) mediante la Ley de Transparencia, con el objetivo de conocer si existieron gestiones desde La Moneda para reemplazar al exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien dejó su cargo tras una denuncia por violación y abuso sexual.
En primera instancia, la Presidencia negó la entrega de los correos, alegando que su revelación afectaría “los derechos a la esfera de la vida privada y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas”. Ante esto, Lagomarsino llevó la solicitud al Consejo para la Transparencia (CPLT), que le dio la razón el pasado 6 de mayo, ordenando la entrega de los mensajes intercambiados entre Crispi y Durán entre el 14 y el 18 de octubre de 2024.
El CDE, en representación de Presidencia, interpuso entonces un recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, argumentando que la información tenía carácter reservado y que, además, los correos “son inexistentes” según las consultas realizadas. Marcelo Chandía Peña, abogado procurador fiscal del CDE, indicó que tanto Crispi como Durán se opusieron a la entrega de la información y que Presidencia “estaba impedida de acceder a los correos institucionales de las referidas personas, amparados y protegidos por la Constitución”.
Sin embargo, la Corte de Apelaciones sostuvo que los correos institucionales enviados y recibidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones públicas constituyen información pública bajo la Constitución y la Ley de Transparencia, salvo aquellos datos personales o sensibles que deban ser reservados. En este sentido, el tribunal concluyó que no se acreditó que la entrega afectara derechos constitucionales de privacidad o inviolabilidad de las comunicaciones.
Asimismo, el tribunal señaló que la alegación de inexistencia de los correos constituía un argumento nuevo que no había sido presentado ante el Consejo para la Transparencia y que afectaba el principio de congruencia procesal. “En definitiva, se rechazará el reclamo de ilegalidad”, establece la resolución consignada este miércoles por Radio Biobío, precisando que la decisión del CPLT “se ajustó a derecho y se encuentra debidamente motivada”.
Con esta determinación, Presidencia deberá entregar los correos solicitados, permitiendo a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados contar con los antecedentes para verificar las gestiones internas relacionadas con el reemplazo de Monsalve en la Subsecretaría del Interior.
