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Orrego sobre solicitud ante Tricel: “Este requerimiento carece de fundamentos de hecho y de derecho”
El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, defendió su gestión tras la admisión a trámite en el Tricel de un recurso presentado por consejeros regionales opositores. Su defensa anticipa que las acusaciones se basan en hechos falsos o mal interpretados.
El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, reaccionó tras ser notificado por el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que admitió a trámite la solicitud de destitución presentada en su contra por consejeros regionales de oposición.
El requerimiento fue ingresado el 25 de julio y acusa al jefe regional de incurrir en un notable abandono de deberes y de contravenir el principio de probidad administrativa. La acción se apoya en un informe de Contraloría que cuestionó el uso de recursos públicos del Gobierno Regional Metropolitano en actividades que habrían tenido relación con la campaña de reelección de Orrego.
“Estamos convencidos de que este requerimiento carece de fundamentos de hecho y de derecho, y así lo vamos a demostrar ante el tribunal”, afirmó Orrego, quien acusó que la ofensiva proviene de consejeros “de Kast y la UDI” y que en su presentación inicial hubo “errores garrafales” que retrasaron la tramitación.
El gobernador recalcó que a partir de ahora serán sus abogados quienes lideren la estrategia legal, mientras él continuará con sus labores en terreno. “Yo seguiré trabajando junto a la gente, que es para lo cual me eligieron los ciudadanos de nuestra región”, subrayó.
Por su parte, su abogado Ciro Colombara sostuvo que, aunque el recurso fue admitido, todavía presenta falencias formales. “En cuanto al fondo, se le imputan hechos falsos y así lo vamos a acreditar, o hechos que, siendo verdaderos, son analizados jurídicamente de manera errónea”, dijo. Añadió que confían en que “en definitiva este requerimiento deberá ser rechazado por el tribunal”.
La admisión a trámite se da en paralelo a la investigación penal que enfrenta Orrego por el caso ProCultura, en la que la Fiscalía de Antofagasta pidió su desafuero para formalizarlo por fraude al fisco y cohecho. Ambos procesos mantienen bajo presión a la autoridad regional, que insiste en su inocencia y en que su gestión se ha ajustado a derecho.