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A días de las elecciones persiste la ambigüedad de Matthei ante el crimen organizado
Con las elecciones en la cuenta regresiva, Evelyn Matthei persiste en condicionar el levantamiento del secreto bancario a la autorización de un juez, requisito que ya contempla la ley vigente. Y su apoyo a la candidatura a diputado del abogado de narcotraficantes Aldo Duque empeora las cosas.
A cuatro días de las elecciones presidenciales, Evelyn Matthei —la abanderada de Chile Vamos— sigue atrapada en su propia contradicción. Mientras promete combatir con firmeza el crimen organizado, mantiene una postura ambigua respecto a una de las herramientas clave para seguir la ruta del dinero sucio: el levantamiento del secreto bancario cuando sea solicitado con argumentos sólidos por la Unidad de Análisis Financiero (UAF). De igual manera, mantiene su apoyo a la polémica candidatura del abogado de narcotraficantes, Aldo Duque.
En mayo del año pasado, y nuevamente hace apenas un mes, Evelyn Matthei reiteró su postura de que está “a favor del secreto bancario”, pero precisó que cualquier levantamiento debía contar con la autorización de un juez. “Todos estamos de acuerdo con el secreto bancario. La diferencia es que algunos quieren que lo haga el director del SII directamente y otros, nosotros, pedimos que ese jefe tenga que decirle a un juez por qué lo quiere levantar, de quién, qué sospecha, al menos”, señaló.
El problema es que esa condición ya está consagrada en la ley. En la práctica, lo que Matthei defiende es mantener el statu quo: un sistema que obliga a las instituciones del Estado a solicitar autorización judicial para acceder a información financiera, incluso en casos de lavado de activos o crimen organizado. Así, su supuesto respaldo al levantamiento del secreto bancario no implica avanzar en nuevas facultades ni en mecanismos más expeditos para seguir el dinero del narcotráfico.
El proyecto de ley que crea el Sistema de Inteligencia y Análisis Económico, actualmente en la Comisión de Seguridad Ciudadana, busca justamente romper ese cerco. La iniciativa propone que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) pueda acceder a información bancaria vinculada a operaciones sospechosas sin necesidad de recurrir a un juez. La idea es fortalecer las capacidades del Estado frente al crimen organizado, una urgencia que incluso el expresidente del Banco Central, José De Gregorio, ha subrayado recientemente: “Dejemos esta cosa entre ideológica y absurda de tener que pedir una orden a un juez”, dijo, señalando que con la tecnología actual es posible detectar irregularidades sin vulnerar la privacidad de los ciudadanos.
Pero mientras Matthei evita definiciones claras en este terreno, su apoyo a la candidatura a diputado del abogado Aldo Duque refuerza las dudas sobre la coherencia de su discurso. Duque, conocido por haber defendido a narcotraficantes en causas de alto perfil, fue respaldado por la candidata bajo el argumento de que “todos los imputados tienen derecho a defensa”. Una respuesta que ignora un punto esencial: cuando un narcotraficante paga honorarios con dinero proveniente de actividades ilícitas, esos recursos forman parte del circuito de lavado que precisamente el levantamiento del secreto bancario busca desmantelar.
Pese a las aclaraciones del comando de Chile Vamos —que aseguró que Duque ya no representa a narcotraficantes— los registros judiciales muestran otra cosa. Hasta mayo de este año, el abogado seguía participando en una causa de narcotráfico en Arica, vinculada a la organización “Los Pulpos”, responsable de traficar 200 kilos de marihuana “moño rojo” desde Perú a Santiago. Duque compareció en la audiencia del 22 de mayo como defensor de dos imputados que optaron por un procedimiento abreviado, reconociendo su responsabilidad a cambio de una pena menor.
Su historial no termina ahí. En 2019, también representó a tres traficantes detenidos con 43 kilos de clorhidrato de cocaína en Cuya, quienes posteriormente fueron condenados a siete años de cárcel. Su nombre aparece reiteradamente en los registros judiciales del norte del país, donde se han ventilado causas por tráfico y asociación ilícita.
A ese pasado se suma una sombra más antigua: su vínculo con Eugenio Berríos, el químico de la DINA que trabajó para fabricar el gas sarín y, más tarde, se involucró en el narcotráfico. Berríos fue asesinado en Uruguay en 1992, tras intentar desarrollar un tipo de cocaína indetectable. Duque, entonces, formaba parte de su círculo cercano.
Así, mientras Matthei se presenta como la candidata del orden y la seguridad, su discurso se diluye entre ambigüedades y lealtades incómodas. Su defensa del control judicial para levantar el secreto bancario suena prudente, pero en los hechos, perpetúa la ineficacia del sistema para seguir la ruta del dinero sucio. Y su respaldo a un abogado que ha hecho carrera defendiendo a narcotraficantes termina por poner en duda la consistencia de su promesa de “mano dura” contra el crimen organizado.
