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Foto: AgenciaUNO
Tras bochorno por falta de quorum en sesión de la Cámara se aprueba Ley de Seguridad Municipal
La nueva normativa ordena el trabajo preventivo en los barrios, fija reglas para los inspectores comunales y obliga a municipios y policías a coordinarse de verdad, un giro que La Moneda aplaudió por el impacto que promete en la pega diaria de la seguridad local.
Después del bochorno de la mañana —cuando la sesión se cayó por falta de quórum y dejó a medio mundo en el hemiciclo reclamando— la Cámara de Diputados enderezó el rumbo. En una sesión especial, aprobó las enmiendas del Senado y despachó a ley el proyecto que fortalece la seguridad municipal y la prevención del delito, una demanda que alcaldes de todo el país venían empujando hace rato.
El texto, que recoge los boletines 15940 y 15984, moderniza por completo la institucionalidad local en seguridad, parte esencial del fast track 2.0 impulsado por el Ejecutivo. Y no es exageración: la iniciativa redefine el rol de las municipalidades, fija principios y obligaciones de coordinación con el Ministerio de Seguridad Pública y aterriza, por primera vez, estándares, funciones y límites para los equipos comunales dedicados a la prevención.
Municipios con reglas claras y coordinación obligatoria
En el Senado, durante el segundo trámite, se incluyó un nuevo título que termina de clarificar el alcance de esta institucionalidad: qué pueden hacer las municipalidades, cómo deben planificar, con quién coordinarse y bajo qué principios deben actuar. Ahí se explicita que los planes comunales deben apoyarse en la prevención social, comunitaria y situacional, basándose en indicadores técnicos de la Subsecretaría de Prevención del Delito.
Los gobiernos regionales también entran en escena, pudiendo financiar acciones contenidas en esos planes comunales. Y para ordenar la interna, se regula —al fin— qué hace un director de seguridad pública: coordinar acciones preventivas, orientar a vecinos y colaborar en la atención a víctimas.
Tecnología, sí; pero bajo lupa
Otro de los puntos fuertes de la ley es la incorporación de nuevos instrumentos tecnológicos: cámaras, drones, luminarias inteligentes y plataformas de análisis de datos, herramientas que muchos municipios ya usan, pero sin un marco legal claro. Ahora, todo quedaría regulado: sólo podrán utilizarse con fines preventivos, deberán registrarse ante el Ministerio Público y Carabineros, y tendrán estándares estrictos de tratamiento de información.
Si se usan plataformas privadas, la regla es clara: pasan a regirse por la ley de compras públicas. Y los datos que se generen deberán enviarse a la Subsecretaría de Prevención del Delito y a las policías, para apoyar la toma de decisiones locales.
Consejos comunales reforzados y planes adaptados a cada territorio
Las modificaciones también actualizan el funcionamiento de los consejos comunales e intercomunales de seguridad, ampliando sus atribuciones e incorporando nuevos actores, incluyendo a la Seremi de Seguridad Pública. La idea es que estos consejos tengan más herramientas para coordinar con Carabineros, PDI y organismos de emergencia.
El plan comunal de seguridad pública deberá ajustarse a la realidad de cada comuna: presupuesto, geografía, población y problemáticas específicas. La ley permite incorporar medidas de atención a víctimas, rehabilitación de consumo problemático y mejoramiento urbano. Y todas las obligaciones adquiridas deberán reportarse públicamente en las páginas web municipales.
Organizaciones comunitarias bajo nuevas reglas
La iniciativa también aprieta la regulación para las organizaciones comunitarias que colaboran en prevención. Ninguno de sus miembros podrá tener condenas por violencia intrafamiliar ni sanciones por la ley de Seguridad en los Estadios; y se les prohíbe, de forma explícita, la autotutela y el porte de armas. Todo ello para evitar confusiones con las labores de los inspectores municipales. La Subsecretaría llevará un registro público de estas organizaciones.
El gran cambio: nace el Inspector o Inspectora de Seguridad Municipal
Uno de los puntos más esperados era la creación de una figura legal para quienes patrullan las calles a nivel comunal. Ahora existe: Inspector de Seguridad Municipal, con requisitos, funciones, prohibiciones y controles definidos.
Tendrán labores preventivas autónomas y funciones coadyuvantes a policías, siempre bajo protocolos establecidos. La ley, además, obligará a dotarlos de elementos de protección —chalecos, cascos, bastones, esposas, gas pimienta o dispositivos eléctricos— todo por reglamento. Nada de armas de fuego. Y se abre la posibilidad de contratar personal de seguridad vía Código del Trabajo o a través de asociaciones municipales de seguridad.
Coordinación operativa obligatoria y más recursos
La ley crea el Comité Operativo de Seguridad, liderado por el alcalde y conformado por el director de Seguridad, Carabineros, PDI y el Ministerio Público. Será la instancia donde se bajen a tierra las estrategias preventivas y se alineen los patrullajes y prioridades comunales.
Para los municipios más chicos o con menos recursos, habrá apoyo directo: el Ministerio de Seguridad Pública entregará financiamiento vía la Subsecretaría de Prevención del Delito.
El debate en sala: expectativas, matices y el valor de regular
En la discusión, participaron parlamentarios de distintos sectores —Diego Schalper (RN), Joanna Pérez (Demócratas), Daniela Serrano (PC), Andrés Longton (RN), Natalia Romero (Ind.-UDI), Marisela Santibáñez (Ind- PC), Raúl Soto (PPD), Stephan Schubert (Partido Republicano), Francesca Muñoz (Partido Social Cristiano) y Raúl Leiva (PS)— quienes coincidieron en que el proyecto responde a una demanda transversal: los municipios ya son parte esencial de la prevención y necesitaban reglas claras.
Hubo matices: algunos señalaron que el proyecto no satisface todas las expectativas, pero se reconoció el avance en coordinación con Carabineros, en el uso regulado de tecnología y en la profesionalización del trabajo municipal.
Varios también subrayaron la urgencia de aumentar los recursos para que las más de 300 municipalidades del país puedan operar con equipos formados, patrullajes mixtos y procedimientos claros para detenciones en flagrancia y controles de identidad.
El Ejecutivo celebra: “Pasamos de la informalidad a una regulación real”
El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, valoró el despacho final y recalcó que la ley “resuelve problemas administrativos significativos” para alcaldes y alcaldesas, quienes muchas veces debían interpretar la ley sobre la marcha ante situaciones urgentes.
“Este proyecto regulariza y establece estándares para el funcionamiento de los municipios, tanto en prevención como en colaboración con las policías. El rol fundamental de los municipios está ahí y esto no constituye una policía municipal”, señaló.
Con la votación final, la Ley de Seguridad Municipal quedó lista para su promulgación. Un hito para la agenda de seguridad y, sobre todo, un alivio para los municipios que, entre patrullajes, cámaras, drones y comités locales, tendrán un marco legal que respalde y ordene su trabajo.
