Juan José Lyon: “Cada peso público gastado debe tener un destino público conocido”

El director ejecutivo de América Transparente, Juan José Lyon, se refirió a las prioridades del Presidente electo, José Antonio Kast, en materia de seguridad y combate del crimen organizado, agenda que –a su juicio– no puede limitarse solo al control migratorio y fortalecimiento de las policías, sino que también debe abordar la capacidad financiera de las organizaciones criminales y su infiltración en la economía legal. 

En esa línea, Lyon afirma que para desarticular el crimen organizado es imperativo que se prioricen proyectos de ley que actualmente duermen en el Congreso, como la creación de un Registro de Beneficiarios Finales y la nueva Ley de Transparencia. 

“Pretendemos atacar el crimen organizado, pero con una ley de transparencia que tiene más de 15 años y con pocas atribuciones. Cada peso público gastado debe tener un destino público conocido. Entonces, justamente los casos de corrupción grandes que hemos visto, como son el caso Fundaciones o los fraudes ligados a municipios, han estado en su gran mayoría relacionados con corporaciones municipales, por lo que tenemos que llevar la transparencia a esas organizaciones”, dijo el periodista de datos. 

Asimismo, agregó que “si bien en Chile tenemos todavía pocos casos de infiltración del narco en municipios, al mismo tiempo tenemos instituciones que están manejando plata pública a espaldas de los vecinos, y es terreno fértil para que el narco se empiece a introducir”. 

Juan José Lyon, director ejecutivo de América Transparente

-¿Por qué es igual o más relevante poner el foco en combatir el poder financiero del crimen organizado?
-Nosotros valoramos el foco en el programa de José Antonio Kast respecto a la prioridad en el combate al crimen organizado. Pero creemos que es muy importante el cómo.

Habla de seguir la ruta al dinero, de llevar mayor transparencia, pero no se habla de las herramientas con que van a hacer eso. Entonces, la estrategia creo que es la correcta, pero hay que ser honestos en que el Estado no tiene el mapa para, por ejemplo, seguir la ruta del dinero. Entonces las herramientas actuales no están acordes a los delitos, que son delitos digitales y globales.

Por lo mismo, creemos que es una oportunidad el anuncio del nuevo Gobierno de tener ese foco en el combate al crimen organizado, aprovechemos eso para impulsar las reformas necesarias y que llevan durmiendo en el Congreso más de un periodo presidencial.

La Ley de Transparencia desde el periodo de Piñera y el proyecto de Beneficiarios Finales del Gobierno de Gabriel Boric, ambas duermen en el Congreso y creemos que son vitales. Ojalá aprovechar esta ventana de oportunidad que se abre con el nuevo Gobierno para aprobar estas herramientas que van a ser muy útiles.

-¿Por qué ha sido tan lento el avance en la tramitación del proyecto de Beneficiarios Finales? 
-Por ejemplo, el programa José Antonio Kast menciona seguir la ruta al dinero para combatir el crimen organizado, pero no se puede seguir la ruta al dinero si el Estado camina con los ojos vendados en materia societaria. Hoy día en Chile, dadas las herramientas que tenemos y la facilidad de crear empresas –que está muy bien para el tema de emprendimiento– es perfectamente legal y fácil hacer que una empresa sea dueña de otra empresa y de otra empresa y así sucesivamente. Una cadena infinita donde el dueño final puede ser un testaferro o un narco, y el Estado no tiene esa información de manera fácil. 

El registro de dueños finales lo que viene a hacer es dotar al Estado de esa información, pero ha habido reparos a esta ley, porque existe como un miedo de algunas personas de que esa información sea mal utilizada, por ejemplo, para acoso a dueños de empresas o una privacidad mal entendida, y por eso también ha sido lenta la discusión del proyecto.

Se propone que la información del dueño final de las empresas que transan con el Estado esté disponible para todos, pero, por ejemplo, que el dueño final de las empresas que no transan con el Estado no esté disponible para la consulta pública, sino solo para organismos como la UAF. Entonces, eso ha atrasado la tramitación del Gobierno. 

También hay un miedo a la fiscalización política, también la clase política ha sido reacia a subir esos estándares de transparencia, porque creen que hay un arma que se puede usar en su contra. Es decir, la ven como una herramienta que puede ser contra ellos y no una vacuna contra la desconfianza.

Y hay gremios empresariales que creen que el registro de dueños finales puede vulnerar su privacidad, su seguridad, que puede exponer a ciertos empresarios a extorsiones, pero el mundo cambió. Nosotros creemos que el riesgo que la economía sea infiltrada por el narco es mucho mayor y para combatir eso necesitamos, justamente, mayor transparencia. De hecho, tener un registro de dueños finales es un estándar de la OCDE y la Unión Europea. Chile como miembro de la OCDE está al debe en la creación de ese registro, en sintonía con un estándar de mercado libre y seguro.

-¿Cómo estamos a nivel regional en términos comparados? 
-Ha habido reformas en países que han avanzado, pero la verdad que en América Latina tener ley de transparencia de beneficiarios finales no es la norma. Chile tiene una ley de 15 años de antigüedad, que comparado con el estándar de América Latina es una buena ley, pero es perfectible.

Lo que hace la nueva legislación en trámite es sumar a corporaciones, fundaciones, organismos que reciben plata del Estado a esta nueva Ley de Transparencia, amplía la rendición de cuentas, amplía las atribuciones que tiene el Consejo para la Transparencia.

A nosotros nos ha pasado que donde no llega la Ley de Transparencia, que son muchas corporaciones municipales, fundaciones, empresas municipales, las llevamos a juicio. Logramos a veces que a través de la justicia se abra la Ley de Transparencia. Paralelamente, logramos que las sanciones o que el Consejo de la Transparencia reconozca que son entidades que deben tener transparencia, pero el Consejo no puede hacer nada. Entonces, tenemos este primer paso donde vamos al Consejo, logramos que reconozca que una corporación debe sumarse a la Ley de Transparencia, pero si esa corporación no quiere hacer nada, ahí quedamos.

Al final pretendemos atacar el crimen organizado, pero con una Ley de Transparencia que tiene más de 15 años y hay pocas atribuciones. Cada peso público gastado debe tener un destino público conocido. Entonces, justamente los casos de corrupción grandes que hemos visto, como son el caso Fundaciones o los fraudes ligados a municipios, han estado en su gran mayoría relacionados con corporaciones municipales, por lo que tenemos que llevar la transparencia a esas organizaciones.

Cuando una Fundación recibe plata del Estado, debe haber transparencia sobre la rendición de sus recursos. Hoy en día eso no ocurre, tenemos corporaciones que tienen una legislación que les permite escapar.

Por ejemplo, una corporación que fue creada como una corporación privada, pero es una corporación que se llama Corporación Municipal, entonces evade legalmente la Ley de Transparencia, recibe fondos que van de 5 mil millones al año y esos fondos no son transparentes. Ahí existe un problema y tenemos que avanzar para nivelar al menos la cancha donde todas las instituciones que están ejecutando dineros públicos, bueno, sepamos cómo se gasta ese dinero.

Y si bien en Chile tenemos todavía pocos casos de infiltración del narco en municipios, tenemos instituciones que están manejando plata pública a espaldas de los vecinos, y es terreno fértil para que el narco se empiece a introducir en esas instituciones. 

-¿Qué opinión tienes respecto al debate sobre el levantamiento del secreto bancario, que también fue tema en esta campaña electoral?
 -A ver, a veces se ha criticado de que es lento el levantamiento del secreto bancario, pero justamente lo que hemos visto es que, cuando hay un escándalo de corrupción vía tribunales, ese secreto bancario efectivamente se levanta. 

Sí tengo entendido que la legislación que protege el secreto bancario en Chile es bastante estricta. Yo lo veo, por ejemplo, ya que resido en Reino Unido, y ahí automáticamente si tú recibes beneficios del Estado, el Estado tiene acceso a tus cuentas bancarias. Eso en Chile no es así y tengo entendido que la ley es bastante estricta.

Pero creo que es muy difícil que avancemos en levantar el secreto bancario si no avanzamos en proyectos que son bastante más sencillos, que atacan quizás el problema de fondo. Es decir, acceder a la ruta del dinero y saber quiénes son los dueños de las empresas.

O una Ley de Transparencia que simplemente pretende saber que cada peso público tenga un destino público, y que nivela a las corporaciones, fundaciones, empresas municipales. Eso ha tenido resistencia, no ha podido avanzar pese a la urgencia. Entonces, creo que va a ser más difícil levantar el secreto bancario y creo que va a tener mayor resistencia respecto a grupos de poder, si no logramos primero avanzar en estas leyes que son más o menos bastante más básicas.

Entonces, justamente si elegimos un Gobierno que pretende ser pro-mercado, pro-seguridad, creo que la transparencia es muy buena para los negocios. Avanzar en estas reformas que justamente nos protegen contra el lavado activo, que nos protegen contra el crimen organizado, creo que es lo mínimo.

-¿Cómo proyectas el camino legislativo?
-El proyecto de Ley de Transparencia está mucho más claro y simplemente falta avanzar legislativamente, desconozco por qué ha tenido resistencia. Por otro lado, todavía falta una discusión más larga para el Registro de Beneficiarios Finales, respecto a quién va a manejar esa información, de cómo vamos a hacer el cruce de datos, de cuáles van a ser las sanciones. Porque en el proyecto, como está, por ejemplo, a una empresa que no informa sobre un cambio accionario se le impone una multa, está poco claro a veces cómo vamos a hacer que no sea una sanción ex post, sino que cómo vamos a notar, por ejemplo, que el Servicio de Impuestos Internos puede hacer una búsqueda activa de que esa información.

Entonces, eso puede implicar una discusión más larga, pero sí creo que estos dos proyectos son clave al menos para avanzar. Me encantaría poder empujar el tema, como parte de la sociedad civil, respecto a que tenemos proyectos que están al debe y que van muy en sintonía con el programa de gobierno, con los énfasis que pretende tener el Gobierno y ojalá poder empujar que esas reformas sean aprobadas.