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Andes Iron acusa ofensiva política contra Dominga tras conocerse que enfrenta indagatoria penal
Tras revelarse una investigación del Ministerio Público por la denuncia de diputados PS, la minera respondió acusando publicaciones tendenciosas y maniobras políticas para frenar Dominga, defendiendo la legalidad de su actuación y el vínculo con el estudio Lagos, Vargas & Silber.
La apertura de una investigación penal contra Andes Iron sumó un nuevo capítulo a la extensa controversia que rodea al proyecto minero-portuario Dominga. La indagatoria, iniciada por el Ministerio Público tras una denuncia presentada por los diputados del Partido Socialista Daniela Cicardini y Daniel Manouchehri, apunta a la relación de la empresa minera con el cuestionado estudio de abogados Lagos, Vargas & Silber, involucrados en el caso Muñeca Bielorrusa.
Al día siguiente de conocida la información de que el Ministerio Público había iniciado una investigación, la compañía respondió públicamente. En un comunicado fechado el 30 de diciembre de 2025, Andes Iron rechazó los cuestionamientos y denunció lo que calificó como “publicaciones tendenciosas, inexactas y completamente descontextualizadas”, que —a su juicio— inducen interpretaciones erróneas y carecen de sustento. La minera recordó que en todas las investigaciones previas fue sobreseída, enfatizando que su historial judicial no da cuenta de conductas ilícitas.
La empresa fue más allá y enmarcó la denuncia en el plano político. Sostuvo que los hechos imputados “no son constitutivos de delito alguno” y que responden a una maniobra comunicacional y política de los detractores del proyecto Dominga para obstaculizar su próxima puesta en marcha. De ese modo, Andes Iron vinculó directamente la investigación penal con la disputa de fondo que rodea a una de las iniciativas mineras más polémicas del país.
Uno de los ejes de la denuncia dice relación con la contratación del estudio Lagos, Vargas & Silber. Sobre ese punto, la empresa aclaró que el vínculo profesional se inició hace casi tres años, por un período acotado y con un encargo limitado a análisis jurídicos y de contexto legal, descartando labores de representación o lobby judicial. Añadió que el contrato exigía el cumplimiento del modelo de prevención de delitos y de la Ley 20.393, y marcó distancia al señalar que, con los antecedentes hoy conocidos, no habrían contratado a dicho estudio.
En el cierre de su declaración, Andes Iron manifestó su disposición a colaborar con el Ministerio Público y a entregar toda la información requerida, subrayando su interés en que la investigación se resuelva con prontitud. La empresa insistió en que las acciones judiciales reiteradas han sido utilizadas para dilatar Dominga, proyecto que acumula años de disputas legales, cuestionamientos ambientales y enfrentamientos políticos, y cuya definición vuelve a quedar, una vez más, en manos de la justicia.
Revisa el comunicado de la empresa en el siguiente link:
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