Sin agua para umbral del 5%, reforma política rescataría a partidos al borde de la extinción

El remezón ya partió y no necesitó nuevas leyes para sentirse. Con la normativa vigente en la mano, más de la mitad de los 25 partidos legalmente constituidos en Chile podría desaparecer en los próximos meses, mientras en el Congreso se libra una batalla política que ya tiene un desenlace bastante claro: el umbral constitucional del 5% está herido de muerte y el Gobierno decidió apostar todas sus fichas a su propio plan B, una reforma legal menos drástica, pero lejos de ser inocua.

El diagnóstico es compartido –exceso de fragmentación, dificultades para llegar a acuerdos, disciplina parlamentaria en retroceso–, pero el camino para corregirlo divide aguas. Y el umbral terminó convirtiéndose en la línea roja que ni el oficialismo ni buena parte de la oposición están dispuestos a cruzar.

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El dato es brutal y explica buena parte del nerviosismo político. Trece partidos quedaron bajo el mínimo exigido por la ley actual –5% de los votos válidamente emitidos o cuatro parlamentarios en al menos dos regiones– tras la última elección parlamentaria. Eso activó procesos de disolución que avanzan en paralelo al debate legislativo.

La lista de colectividades en riesgo es extensa y simbólica. El caso más elocuente es el Partido Radical, que tras 167 años de historia y tres presidentes de la República entró derechamente en el proceso de cancelación de su personalidad jurídica. Junto a él aparecen Evópoli, Demócratas y Amarillos en la derecha y en la centroderecha; y en la izquierda, el Partido Humanista, Igualdad, PTR, Popular, Alianza Verde Popular, Partido Ecologista Verde, Acción Humanista y la Federación Regionalista Verde Social (FRVS).

Algunos ya asumieron el desenlace. Otros, como Evópoli y la FRVS, apuestan su última carta al Tricel, alegando que deben contarse también los senadores electos en 2021, una interpretación que el Servel hoy descarta.

El umbral que se volvió tóxico

En ese escenario, la reforma constitucional que consagra el umbral del 5% pasó de ser una herramienta de orden a transformarse en la medida más tóxica del paquete, según algunas de las fuentes consultadas. Incluso con la idea de bajarlo al 4%, el efecto político es el mismo: partidos completos fuera del Congreso, parlamentarios electos impedidos de asumir y desapariciones de facto.

Por eso, pese a que fue impulsada transversalmente por un grupo de senadores, la iniciativa quedó sin piso en La Moneda. El Ejecutivo no le puso urgencia, evitó empujarla activamente y dejó en pausa su tramitación, consciente de que no están los votos y que el costo político sería alto, justo en la recta final antes del cambio de mando.

La diputada del Frente Amplio y presidenta de la Comisión de Constitución, Javiera Morales, sintetizó el rechazo oficialista: el umbral afecta la legitimidad democrática. “¿Cómo le explicas a la ciudadanía que alguien que fue electo, incluso como primera mayoría, no pueda asumir?”, planteó, marcando distancia clara con esa fórmula.

Una visión parecida tienen en el Partido Comunista. “Nosotros hemos argumentado en contra de esa moción parlamentaria de reforma constitucional, nos parece regresiva”, dijo, consultada por El Mostrador, la senadora Claudia Pascual sobre el proyecto que incluye el umbral del 5%.

Y explicó: “Cualquier umbral que se coloque para habilitar a un partido a representarse en el Parlamento y que deje a un candidato o candidata con votos y porcentaje suficientes para elegirse en un distrito fuera del Parlamento, implica que se repartan ese escaño en otro partido, incluso en partidos que estén en las veredas contrarias. Eso es lo que realmente significa ‘meterle la mano a la urna’”.

El plan B de Elizalde

Con el umbral prácticamente descartado, La Moneda decidió concentrarse en su propia reforma legal, ya despachada por el Senado y hoy en trámite acelerado en la Cámara. El ministro Álvaro Elizalde le estampó urgencia de discusión inmediata y la presentó como la vía realista para ordenar el sistema sin pasar la motosierra.

La lógica es otra: ordenar hacia adelante, no borrar hacia atrás. Pese a que algunos ya están en modo extinción, el proyecto no disuelve partidos existentes, no impide que parlamentarios electos asuman y no fija un piso mínimo nacional de votos. En cambio, endurece el ingreso al sistema:

Qué cambia:

• Endurece la creación de partidos: se exige presencia en ocho regiones (ya no tres) y un mayor número de militantes, equivalente al 0,5% del padrón electoral.
• Aprieta el financiamiento: los partidos sin representación parlamentaria ven más restringido el acceso a recursos públicos.
• Refuerza el control interno del Congreso: se fortalecen los comités parlamentarios y jefes de bancada, buscando frenar el discolaje y ordenar las votaciones.
• Pone presión real a los partidos chicos: varios quedan obligados a reficharse o reinscribirse, con riesgo de desaparecer si no cumplen los nuevos requisitos.
• Se tramita rápido: el Gobierno le puso discusión inmediata, apostando a despacharlo antes del cambio de mando.

Qué NO cambia:

• No hay umbral electoral del 5%: el proyecto no establece una “guillotina” electoral que saque automáticamente a los partidos que no alcancen cierto porcentaje de votos.
• No se pierde el escaño por renuncia al partido: esa sanción sigue estando solo en la reforma constitucional, hoy estancada.
• No se corrige del todo la fragmentación: según los parlamentarios más críticos, no garantiza menos partidos en el Congreso, solo eleva la vara administrativa.
• No hay acuerdo político transversal: el Ejecutivo avanza con su plan B, pero sin consenso pleno y con resistencias en el propio oficialismo y la oposición.

En resumen, una reforma sin guillotina, pero con cerrojo.

Eso sí, la postura manifestada por el FA y el PC no es transversal en el oficialismo. En diálogo con El Mostrador, el senador Gastón Saavedra (PS) recalcó que el proyecto sobre umbral de votación y pérdida del escaño por renuncia al partido busca complementar la iniciativa despachada.

Si bien admitió que el umbral está hoy cuesta arriba, no lo dio por descartado: “Siempre existe la posibilidad de la sorpresa”, dijo, apuntando a que su destino dependerá de los futuros acuerdos entre comités. Además, llamó al Presidente electo José Antonio Kast a involucrarse, recordando que “siempre fue crítico de un sistema extremadamente fragmentado y necesita acuerdos, sobre todo sin mayoría en el Senado”.

Cabe mencionar que el timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, se ha mostrado abierto a discutir los cambios y ha reconocido coincidencias amplias con el contenido de las reformas. Su propio think tank, Ideas Republicanas, llamó en noviembre a “meterle mano al sistema político”, abriendo la puerta a continuar con la discusión en el próximo Gobierno.

Pero el senador Saavedra subrayó que los cambios deben aplicarse ya y no a futuro, insistiendo en que el Congreso debe dar señales claras de fortalecimiento democrático y modernización de los partidos.

En la vereda de los críticos, en conversación con El Mostrador, el senador Karim Bianchi dio prácticamente por descartado el proyecto del umbral del 5%, señalando que “se cae, no hay consenso ni urgencia”, y explicó que por eso presentó una reserva de constitucionalidad, advirtiendo vulneraciones a la soberanía popular, la libertad de asociación y la autonomía del Congreso. A su juicio, lo que realmente hacen ambos proyectos es “empeorar la situación” y “perpetuar el poder de algunos partidos políticos e impedir que ingresen nuevas fuerzas”.

Bianchi fue especialmente crítico del fortalecimiento de los presidentes de partido, a quienes calificó como actores con “muy poca representatividad”, alertando que la reforma terminaría creando “parlamentarios sin nombre, donde los dueños son los presidentes de los partidos”. En esa línea, sostuvo que el problema no es solo la fragmentación, sino “los bajos estándares para elegir candidatos y la crisis de liderazgo”, advirtiendo que ordenar al Congreso a punta de disciplina partidaria “empeora el sistema en vez de mejorarlo”.

Finalmente, cuestionó la tramitación acelerada de las reformas, acusando un “gran arreglo” en favor de los partidos: “No conozco en cuatro años un proyecto tan rápido como este, porque beneficia directamente a los partidos políticos”, remarcó, insistiendo en que el sistema actual ya estaba corrigiendo la proliferación de colectividades sin necesidad de nuevas barreras.

Choque con la Cámara

El problema es que el apuro del Ejecutivo chocó con una Cámara a la defensiva. Diputados independientes y de partidos chicos intentaron frenar o dilatar el debate. El presidente de la Comisión de Gobierno Interior, Rubén Oyarzo (PR), criticó la urgencia impuesta “sin previa conversación” y fue explícito: “No somos un buzón del ministro Elizalde”. La reforma, dijo, se tramitará “con indicaciones y como corresponde legislativamente”.

El episodio dejó al desnudo la tensión entre La Moneda y una Cámara donde muchos ven en esta reforma una amenaza directa a su supervivencia política, justo cuando varios partidos ya caminan por la cornisa sin que se apruebe ninguna ley nueva.

El diputado Oyarzo también sostuvo a El Mostrador que el umbral del 5% está fuera de carrera, al reconocer que “no tiene votos, ni siquiera tiene urgencia” y que en la Cámara “yo lo veo poco viable”. En ese escenario, afirmó que el Gobierno está jugando todas sus cartas a su propia reforma legal, aunque recalcó que no puede tramitarse a la rápida.

A su juicio, sería “irresponsable pasar el proyecto a matacaballo”, subrayando que antes de votar se debe “escuchar al Ejecutivo y a expertos”, porque “no somos un cheque en blanco”. El parlamentario enfatizó que todavía quedan temas por abordar. “Yo soy partidario de que los partidos políticos que sacaron al menos un parlamentario en este periodo que tengan una transición. Eso es parte de lo que se va a conversar”, mencionó.

Un sistema que se cierra

Para los partidos chicos, el efecto del plan B es ambiguo. Los que sobrevivan a la legislación vigente no desaparecen automáticamente si se aprueba la reforma del Gobierno. Pero el mensaje es nítido: el sistema se cierra. Crecer o “renacer” será más difícil, competir más caro y entrar desde fuera, casi imposible.

De ahí las acusaciones de “ley de amarre” y “oligopolio político” que levantan desde la FRVS, el Partido Ecologista Verde o Acción Humanista, mientras otros, como Demócratas o Amarillos, ven cómo su espacio se achica incluso antes de que termine la tramitación.

En conversación con El Mostrador, el diputado y presidente de Amarillos, Andrés Jouannet, confirmó que su partido arriesga desaparecer por la normativa vigente, aclarando que “no depende de ninguna aprobación de estos proyectos”, sino de no haber alcanzado el 5% o los parlamentarios exigidos por ley. En ese marco, fue crítico tanto del umbral constitucional como de la reforma legal del Gobierno, cuestionando que se impulsen “a última hora, a matacaballo” y sin un debate previo amplio: “Esto se tenía que haber conversado transversalmente hace mucho tiempo, con universidades y politólogos de verdad”.

Jouannet advirtió que endurecer los requisitos para formar partidos es “poco democrático” y que poner más barreras solo favorece a las colectividades grandes. “A mí no me parece poner tantas complicaciones para formar un partido político”, sostuvo, alertando que un sistema con pocos partidos puede terminar cerrando los canales de participación. A su juicio, el problema de fondo es la representatividad: “Cuando los partidos se debilitan, la sociedad no encuentra canales para participar”, lo que –advirtió– puede derivar en frustración social y estallidos. Por eso, defendió un sistema con diversidad acotada: “Un sistema de 8 o 10 partidos funciona bien en Chile; el problema es querer que haya pocos y que monopolicen el poder”.

Cuenta regresiva

Todo ocurre contra reloj. Si nada cambia, en un plazo similar al de elecciones anteriores –unos tres meses– el Servel podría oficializar nuevas disoluciones, abriendo un período de apelaciones, fusiones forzadas, reconstituciones desde cero o militantes convertidos en independientes.

En paralelo, el Ejecutivo busca despachar su reforma antes del cambio de mando, convencido de que el golpe mayor –el umbral del 5%– ya no tiene viabilidad política. El orden llegará, pero no por la vía más dura. Al menos, no esta vez.