Muñeca Bielorrusa: Yáber, Najle y Pizarro esquivan la cárcel tras cooperar con la fiscalía

Solo medidas cautelares que no implican llegar a una cárcel pidió el fiscal Marco Muñoz, de la Fiscalía Regional de Los Lagos, luego de formalizar a tres de los imputados en la trama de lavado de activos de “la muñeca bielorrusa”, los conservadores de Puente Alto y Chillán, Sergio Yáber y Yamil Najle, así como el cambista Harold Pizarro.

Todos ellos, como ha informado El Mostrador, formaron parte de las complejas maniobras que realizó Gonzalo Migueles (pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco) para estratificar el dinero que según el Ministerio Público le fue pagado por los abogados Mario Vargas Cociña y Eduardo Lagos, a cambio de favorecer con su influencia en el tribunal al Consorcio Movitec Belaz (CMV), en el multimillonario que este mantenía con Codelco, y donde Vargas y Lagos eran los abogados de la empresa, de capitales chilenos y bielorrusos. Ambos profesionales, así como Migueles, se mantienen en prisión preventiva.

Sin embargo, Muñoz reveló en la audiencia, efectuada ante el Séptimo Juzgado de Garantía De Santiago, que los tres nuevos formalizados eran cooperadores eficaces del Ministerio Público, gracias a lo cual los persecutores pudieron dar con una serie de detalles relativos a la forma en que operaba el mecanismo de corrupción que le imputan a Vivanco y compañía.

Cabe indicar que durante la jornada Reportea dio a conocer que el 26 de noviembre pasado Najle echó por tierra la argumentación de Vivanco, quien ha insistido públicamente en que ella no sabía de las maniobraste Migueles. Sin embargo, según dicho medio, el suspendido conservador de la capital de Ñuble dijo en la declaración que prestó a la fiscalía ese día que “(Ella) estaba en conocimiento, pero por supuesto que sí. Cuando yo los conocí, ellos se llevaban o se llevan muy bien, es imposible que uno no supiera lo que hacía el otro. Eso lo tengo súper claro”.

Asimismo, según el mismo artículo, Najle entregó al fiscal “un correo electrónico que demostraría que uno de esos contratos fue redactado por la propia Vivanco”, en referencia a los contratos por prestación de servicios que Migueles tenía con una empresa suya, Combustibles Bek, en la cual figuraba como un supuesto asesor en recursos humanos. La hipótesis del Ministerio Público es que se trata de contratos ideológicamente falsos, suscritos con el propósito de justificar los depósitos de dinero que llegaban a Najle y que este devolvía a su vez a Migueles.

Pese a que Najle precisó que él no había visto a Vivanco escribiendo el documento, aseveró que “cuando Gonzalo Migueles hablaba de este contrato, hablaba por los dos. De hecho Ángela se lo redactó y lo envió, los dos tenían perfecto conocimiento de lo que se estaba haciendo”.

De acuerdo con Muñoz, los tres imputados han declarado ya varias veces en el marco de los convenios de cooperación eficaz que suscribieron, por lo cual solo pidió, como medidas cautelares, arresto domiciliario parcial tanto para Najle como para Pizarro, y arresto total para Yáber. Sin embargo, los abogados querellantes presentes pidieron que todos quedaran con arresto domiciliario total, lo que fue concedido por el tribunal.

Al respecto, el fiscal Muñoz indicó, al término de la audiencia, que “la fiscalía tiene un un deber de objetividad conforme a la ley y la constitución. Cuando existen, tal cual se planteó en la audiencia, personas que prestan declaraciones, proporcionan información útil, verídica y comprobable, y que permite esclarecer de manera importante los hechos, ese hecho no puede ser desconocido en el marco de la objetividad y es así lo que hemos planteado ahora. Ciertamente, los de las que los querellantes son libres de pedir las medidas cautelares que estimen pertinentes, nosotros nos tenemos que atener y apegar al principio de objetividad”.

Al respecto, indicó que hoy la Ley “permite justamente incentivar a personas que están de alguna manera envueltas en algún hecho de carácter delictual, a proporcionar información y obtener ventajas procesales”, agregando que “la ley lo que quiere hoy día, conforme a la última modificación de la ley de reincidencia y las modificaciones introducidas a la cooperación eficaz, es justamente que  proporcionen información para poder desde dentro de las instituciones y organizaciones que operan de esta manera ilícita, poder ser descubiertas y poder establecer cuáles son los medios de operar, la dinámica y los flujos de dinero, y eso es lo que se ha logrado”.

En cuanto al contrato aludido por Najle, dijo que “se trata de una diligencia de investigación que fue justamente originada a partir de información que proporcionó uno de los imputados, las cuales prefiero no referirme, toda vez que hay diligencias en curso”.

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