Festival de conflictos de interés: grupos económicos desembarcan sus buques en el gabinete de Kast

La cuenta regresiva para el debut del gobierno de José Antonio Kast no solo está marcada por los nombres que aún faltan, sino por una señal política que ya inquieta incluso a sectores de la propia derecha. A diferencia del diseño original, que contemplaba una mayor presencia de los partidos que lo llevaron a La Moneda, el gabinete en formación ha sorprendido por el peso directo que tendrían grandes conglomerados económicos en el corazón del nuevo gobierno.

En privado, algunos hablan derechamente de un “desembarco de la élite empresarial”, mientras que voces incómodas dentro del sector anticipan lo que llaman, sin rodeos, un “festival del conflicto de intereses”. Un escenario que, aseguran desde los círculos más cercanos al presidente electo, no genera mayor preocupación. Ayer, de hecho, el propio Johannes Kaiser dejó de manifiesto la situación. El excandidato presidencial del Partido Nacional Libertario envió un audio a sus cercanos, justificando la marginación de su partido, basado en que el presidente electo “eligió un equipo que es esencialmente un equipo tecnócrata, un equipo donde está más representado el mundo empresarial que político”.

El poder de los Luksic en Cancillería

El caso más emblemático es el del Grupo Luksic. Todo apunta a que Francisco Pérez Mackenna, histórico hombre fuerte de Andrónico Luksic y, por tanto, del conglomerado empresarial Quiñenco, asumirá como ministro de Relaciones Exteriores. Pérez Mackenna no es un ejecutivo cualquiera: durante años fue el principal operador del holding perteneciente a la familia Luksic (la 36ª mayor fortuna del planeta, según el último ranking de Forbes) y su lealtad, comentan fuentes del mundo empresarial, “siempre estará con Andrónico”. Su eventual llegada a Cancillería abriría un flanco evidente, considerando que el grupo tiene intereses -algunos conflictivos- económicos y legales en múltiples jurisdicciones.

Uno de los más sensibles es el proyecto minero Twin Metals, en Estados Unidos. La filial de Antofagasta Minerals enfrenta desde hace años una dura batalla legal en Minnesota, luego de que el gobierno estadounidense, en la administración de Joe Biden, revocara sus licencias y prohibiera la actividad minera por 20 años en la zona protegida de Boundary Waters. Este conflicto tuvo un apéndice de gran revuelo que hoy cobra más vigencia. A principios de 2017, Andrónico Luksic arrendó una de sus propiedades en Washington D.C. a Ivanka Trump y Jared Kushner, hija y yerno de Donald Trump, lo que generó revuelo por un posible conflicto de interés. Este arrendamiento coincidió precisamente con la disputa minera que el grupo Luksic mantenía con el gobierno estadounidense. Sin embargo, la familia Luksic negó cualquier vínculo entre ambos temas y afirmó que el arriendo se había realizado a precio de mercado.

A eso se suma el historial de litigios en Pakistán, en el proyecto Reko Diq, donde Antofagasta Minerals y Barrick Gold terminaron saliendo del país tras una extensa disputa con el Estado paquistaní.

El listado de controversias internacionales del grupo incluye además multas por colusión en Europa, Estados Unidos y China —especialmente en el caso de la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV)— y la aparición de la familia Luksic en los Pandora Papers, con más de 20 sociedades en paraísos fiscales como Liechtenstein, Jersey y Luxemburgo. Todo esto sin contar los negocios en Paraguay que tuvo con el expresidente Horacio Cartes, calificado por Estados Unidos como “significativamente corrupto”.

Fuera de todo aquello, otra pregunta de magnitud ronda en torno a la nominación de Pérez Mackenna: siendo el cobre uno de los negocios centrales del grupo económico, ¿cuál será la postura del eventual canciller si precisamente el metal rojo está en el corazón de la ofensiva imperialista de Trump? Sin duda, lo anterior configura un cuadro que, para críticos del futuro gobierno, convierte a la Cancillería en un terreno minado.

Hacienda y los vínculos con los grupos Yarur, Errázuriz y la familia Vial

Si hay un nombre que ya está prácticamente escrito en piedra en el futuro gabinete de José Antonio Kast, es el de Jorge Quiroz. PhD en Economía por Duke, asesor clave del republicano durante la campaña y autor intelectual del programa económico, Quiroz asoma como el próximo ministro de Hacienda con una misión clara: empujar crecimiento, inversión y desregulación a toda velocidad. Pero su aterrizaje en Teatinos 120 no será en silencio.

Para buena parte de la derecha política —y, con mayor razón, para la oposición— Quiroz no es solo un economista técnico. Es, dicen sin rodeos, el símbolo más nítido del desembarco del gran empresariado en el corazón del nuevo gobierno. Su trayectoria como consultor privado lo persigue: asesorías a grupos económicos envueltos en causas de colusión y litigios de alto impacto lo han dejado en el centro de una tormenta que algunos ya anticipan como un “festival de conflictos de interés”.

El caso más emblemático es el de la colusión de los pollos. Aunque Quiroz no enfrentó responsabilidades penales, su nombre quedó ligado a la formulación de modelos económicos y proyecciones que las empresas avícolas utilizaron para administrar mecanismos de coordinación de precios. En ese episodio, su vínculo fue cercano con Agrosuper, firma controlada por Gonzalo Vial Vial (QEPD) y su familia, uno de los clanes empresariales más influyentes del país.

El patrón se repite en la colusión de las farmacias. Bajo un esquema similar, Quiroz asesoró a Salcobrand, empresa ligada al grupo Yarur, controlador del BCI. Nuevamente, su rol fue presentado como estrictamente técnico, pero su participación quedó inscrita en uno de los escándalos más sensibles para los consumidores en las últimas décadas.

A eso se suma su relación con el grupo Errázuriz, encabezado por Francisco Javier Errázuriz Ovalle (hijo de Francisco Javier “Fra Fra” Errázuriz Talavera). Con intereses mineros en zonas estratégicas vinculadas al litio, el holding encargó a Quiroz un estudio económico crítico del acuerdo entre Codelco y SQM debido a la negativa de llevar a cabo una licitación internacional para explotar el litio. Ese informe no quedó en un cajón: fue utilizado posteriormente como insumo central por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que —sin éxito— recomendó desechar el acuerdo.

Esta postura, para varias de las fuentes consultadas, lo expone de cuerpo entero como una persona que se adapta a la postura más conveniente del momento. ¿Por qué? Porque los argumentos a favor de la licitación son totalmente contradictorios a los argumentos que presentó para apoyar la posición de los industriales pesqueros en el conflicto por las cuotas de pesca. En efecto, en 2010, Jorge Quiroz fue contratado por Sonapesca para analizar el sector pesquero chileno y su relación con la libre competencia. En su informe de 31 páginas, Quiroz expresa su negativa a las licitaciones como mecanismo para asegurar el ingreso de nuevos actores. De manera crítica, esta postura implica una protección a las empresas que ya poseen cuotas de pesca que invirtieron bajo el sistema de derechos históricos, en desmedro de la pesca artesanal. A su juicio, y muy contrario a su postura por el litio, el mecanismo de las licitaciones introduce riesgos políticos y regulatorios.

Pese a lo anterior, el propio presidente electo ha minimizado los cuestionamientos y ha destacado su solvencia técnica y experiencia. Pero incluso en la derecha hay quienes miran con inquietud el escenario que se abre: un ministro de Hacienda con lazos previos con los grupos Vial, Yarur, Errázuriz y los grandes industriales pesqueros, justo cuando el gobierno deberá tomar decisiones clave en regulación, competencia, impuestos y recursos estratégicos.

Justicia, pinochetismo y el grupo Claro

El nombre de Fernando Rabat abrió otra polémica sobre el futuro gobierno. El abogado —sin militancia partidaria, pero con un currículum cargado políticamente hacia la derecha dura— sería la carta del presidente electo para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y el ruido no es menor.

Rabat es un civilista reconocido, pero su trayectoria está lejos de ser neutra. Integró el equipo jurídico que defendió a Pinochet en el caso Riggs y pertenece al núcleo histórico del pinochetismo jurídico. Se formó junto al recientemente fallecido Pablo Rodríguez Grez, fundador de Patria y Libertad, de quien fue socio, y actualmente integra el estudio Rodríguez, Vergara y Compañía, el mismo que asumió la defensa del dictador. En esa oficina también figura como socio Pedro Pablo Vergara, presidente del Colegio de Abogados y árbitro de alto perfil.

A ese historial se suma un vínculo estrecho con la familia Claro: Rabat está casado con una sobrina de Ricardo Claro, uno de los empresarios más influyentes y controvertidos, protagonista del “kyotazo” en 1992, cuando era dueño de Megavisión, del Chile postdictadura. La relación viene dada por Arturo Claro Fernández (QEPD), primo de Ricardo Claro (y muy cercano a él), suegro de Fernando Rabat. Aunque la relación de Rabat con el grupo Claro no es patrimonial, sí lo es por la vía familiar y de confianzas. Uno de los antecedentes que llama la atención de su currículo y que muestra este grado de cercanía es el reconocimiento que ganó como el mejor abogado civilista de su generación. El premio se llama “Claro y Cía”, estudio de abogados que asesora y representa al Grupo Claro (aunque Ricardo Claro formó parte de este estudio, actualmente está encabezado por Cristóbal Eyzaguirre, muy cercano a la viuda de Ricardo Claro, María Luisa Vial de Claro).

Los Matte quedan debajo de la mesa

De todos estos, el caso que más revuelo ha generado fue la intención, hoy desechada, de poner a Guillermo Turner en la cartera de Defensa. Según informaciones recientes, el propio Kast habría llamado a Turner para decirle que ya no integraría el gabinete del presidente electo. La tensión se había ido acumulando durante las últimas semanas, especialmente por la oposición que mostraron los partidos afines a Kast a su designación. La gota que rebalsó el vaso, sin embargo, se produjo este miércoles cuando El Semanal de El Mostrador reveló una sanción impuesta por la Comisión del Mercado Financiero (CMF) a José Antonio Labbé Valverde, cuñado de Turner, quien en ese momento era gerente de Asuntos Corporativos de la empresa, por haber adquirido acciones de CMPC (Grupo Matte) “en los 30 días previos a la publicación de los estados financieros del emisor”.

El vínculo con los Matte no viene dado solo por su trabajo como gerente corporativo de CMPC. Turner es cercano a Bernardo Matte Larraín y, sobre todo, a Luis Felipe Gazitúa, expresidente del directorio de CMPC y actual presidente de Bicecorp. Gazitúa —con trayectoria, además, en Entel y Cruzados SADP— habría movido sus fichas para posicionar a “uno de los suyos”, es decir, de la CMPC, en una cartera clave.

¿Por qué era clave? Porque CMPC es la empresa forestal con mayor presencia en la macrozona sur, donde confluyen comunidades mapuche, crimen organizado y Estado de Excepción, con Fuerzas Armadas desplegadas en terreno. Que la cartera de Defensa quede en manos de alguien de confianza de la CMPC no pasó inadvertido para distintos observadores. Es más, para estas mismas fuentes, todo quedó muy claro cuando el propio Turner justificó con grupos cercanos que sí tenía méritos para el cargo al citar su experiencia en La Araucanía, cuando en 2016 integró la Comisión Asesora Presidencial para La Araucanía, durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, donde participó en recorridos por zonas con presencia militar. ¿Pero qué tiene que ver esa experiencia en La Araucanía con las materias de la defensa?, se preguntan exuniformados.