PAÍS
Agencia Uno
Comisión de Agricultura presiona por destrabar Ley de Incendios en medio de emergencia en el sur
La comisión solicitará una sesión especial del Senado para abordar la emergencia y revisar las medidas disponibles ante el retraso de la tramitación.
La demora en la tramitación de la Ley de Incendios volvió a quedar en el centro del debate en el Congreso, tras la situación de emergencia que afecta a las regiones de Ñuble y Biobío. Desde la Comisión de Agricultura del Senado manifestaron su molestia por el estancamiento del proyecto, que permanece desde hace meses en la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta sin avanzar hacia su discusión en Sala.
La presidenta de la instancia, Alejandra Sepúlveda, sostuvo que la actual crisis por los incendios forestales obliga al Parlamento a analizar en profundidad las distintas aristas del problema y a colaborar activamente desde el Poder Legislativo. “Nos complica que todavía esta Ley de Incendios que es fundamentalmente preventiva, todavía esté en la Comisión de Hacienda (…) se necesitan los recursos para poder reconstruir”
A las críticas se sumó la senadora Loreto Carvajal (PPD), representante de la región de Ñuble, quien emplazó directamente a la presidenta de la Comisión de Hacienda, Ximena Rincón. “Yo siento que hay una negativa inexcusable o no quiero pensar que hay intereses de otro tipo. Mi pregunta es directamente para la Senadora Rincón: ¿Por qué razón hasta el día de hoy no se ha sacado esa ley?”, dijo Carvajal.
La iniciativa, ingresada en octubre de 2023 por los ministerios de Agricultura y Vivienda, acumula más de dos años de tramitación en el Congreso y cerca de diez meses detenida en dicha comisión.
El proyecto busca establecer un marco normativo permanente para la prevención de incendios forestales y rurales. Actualmente, Chile no cuenta con una ley que defina obligaciones claras y focalizadas para enfrentar incendios en zonas de interfaz urbano-rural, como los ocurrido en Viña del Mar en 2024.
La propuesta apunta a reforzar la prevención, promoviendo una mayor coordinación entre municipios, comunidades, propietarios de terrenos y empresas forestales. Entre sus medidas contempla cortafuegos, planes de manejo obligatorios, participación de comunidades organizadas, coordinación con SENAPRED y sanciones más severas frente a quemas ilegales o negligentes.
El exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, quien encabezó la cartera cuando el proyecto fue ingresado, afirmó que la iniciativa habría contribuido a enfrentar mejor la actual temporada de incendios.
Valenzuela también apuntó a la lentitud legislativa, señalando que durante 2025 el proyecto no avanzó pese a contar con urgencias por parte del Ejecutivo. A su juicio, la ley es clave porque establece obligaciones inmediatas de mitigación en zonas de amortiguación.
En paralelo, desde la Cámara de Diputadas y Diputados comienzan a surgir iniciativas vinculadas a la reconstrucción post catástrofe, como un proyecto para crear una Empresa Nacional de Vivienda que permita agilizar soluciones habitacionales en contextos de emergencia. Sin embargo, parlamentarios coinciden en que sin una ley de prevención, el país seguirá reaccionando tarde frente a incendios cada vez más destructivos.
